El autoritario líder de Brasil criticó al presidente Milei, con quien tiene una difícil relación personal y política. Cual niño pequeño, afirmó que "él debe pedirle disculpas a Brasil y a mí”.

Esta mañana, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió fuertemente contra su homólogo argentino, Javier Milei, exigiéndole que "se disculpe" ante su país y personalmente por haber "dicho muchas tonterías". Sus infantiles declaraciones aumentan la tensión diplomática entre los dos principales socios del Mercosur

El gobierno argentino respondió rápidamente: "El presidente no tiene nada de qué arrepentirse", afirmó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada.

"No he hablado con el presidente de Argentina porque creo que él debería disculparse con Brasil y conmigo. Ha dicho muchas tonterías. Solo quiero que pida disculpas.", declaró esta mañana.

En una entrevista con el portal UOL, a Lula se le notó la envidia que siente por Milei y su exitosa gira internacional, en donde fue condecorado múltiples veces, y destacó que "el pueblo brasileño y argentino es más grande que los presidentes. Quieren vivir bien, en paz. Si el presidente de Argentina quiere gobernar su país está bien, pero que no intente gobernar el mundo". Esto respondió cuando se le preguntó por qué no había interactuado con el líder libertario durante la cumbre del G7 en Italia.

Luego, Lula amenazó diciendo que su gobierno está tratando "con mucha diplomacia" el caso de los activistas bolsonaristas que participaron en el incidente del 8 de enero de 2023 en Brasil y se refugiaron en Argentina tras la asunción de Milei como presidente. Explicó que algunos de ellos tienen sentencias firmes y que están evaluando si solicitar formalmente la extradición o exigir que "si no quieren venir, cumplan condena en Argentina".

El "incidente" al que hace referencia Lula es en realidad una protesta llevada cabo de manera pacífica por parte de militantes bolsonaristas, los cuales terminaron siendo perseguidos políticamente por el gobierno brasileño, y muchos de ellos siendo arrestados a causa de una simple protesta. Sin embargo, algunos lograron escapar de las garras de su régimen, buscando asilo político en Argentina.

Ante esto, Lula, en complicidad con la justicia brasileña, quiere utilizar las ordenes de arresto por supuestos intentos de "golpe de estado" para que Argentina extradite a los individuos que lograron escapar.

Siendo una figura de extrema izquierda latinoamericana, Lula no ha tenido ningún contacto previo con Milei, quien mantiene estrechos lazos con la oposición de derecha brasileña liderada por Bolsonaro (2019-2022). Ambos coincidieron por primera vez la semana pasada en la cumbre del G7 en Italia, pero evitaron interactuar, no intercambiaron palabras ni fueron vistos juntos en fotografías.

Ambos se encontrarán nuevamente el próximo 8 de julio en Asunción durante la cumbre semestral del Mercosur, donde Lula ya ha confirmado su asistencia, al igual que el vocero Adorni respecto del presidente argentino.

La tensión entre ambos se remonta a la época de la campaña. En 2023, el rival de Milei, Sergio Massa, recibió millones de dólares en financiamiento, apoyo personal y la contribución de numerosos asesores brasileños que trabajaron en su campaña para intentar ganarle las elecciones al actual presidente argentino.

En consecuencia, el líder libertario ha tenido palabras muy duras contra el presidente brasileño, a quien ha descrito como un "zurdo salvaje que apoya dictadores, tipos que violan los derechos humanos, autócratas con sus manos manchadas de sangre".

De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La Corte Suprema de Brasil abrió el viernes una licitación para contratar una empresa para que haga un monitoreo de las redes sociales en busca de contenidos que critiquen al Gobierno y al máximo tribunal.

El juez Alexandre de Moraes, quien desde el Supremo Tribunal Federal (STF) está imponiendo un régimen autoritario en Brasil donde no existe el debido proceso y se persigue a opositores, ordenó abrir el viernes una licitación para contratar una empresa que haga monitoreo las redes sociales en busca de usuarios que insulten al gobierno de Lula y a la propia Corte Suprema.

El contrato, que destina 345.000 reales brasileños (unos 63.500 dólares), tendrá una duración de un año y tendrá el objetivo de proveer información para que el Gobierno pueda combatir lo que llama desinformación y los ataques que recibe en internet.

La empresa que gane la licitación tendrá la tarea de realizar un seguimiento 24×7 de plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Flickr, TikTok y LinkedIn. El trabajo incluirá el análisis de la imagen del Supremo, la identificación de temas relevantes abordados por los usuarios y la clasificación del material. Además, la empresa deberá identificar a las personas que comparten los contenidos, especialmente a los autores de menciones negativas.

La Corte solicita que la empresa que realice esta tarea utilice una herramienta específica capaz de "identificar públicos, formadores de opinión, discursos adoptados, georreferenciación del origen de las publicaciones, así como evaluar la influencia de los públicos, los patrones de los mensajes y eventuales acciones organizadas en la web".

La empresa deberá proporcionar a los jueces de la Corte informes diarios, semanales y mensuales donde se identifique a los formadores de opinión que hablen en contra del Tribunal Supremo, analizando su posicionamiento y su capacidad de repercusión. El trabajo también incluirá una evaluación general del impacto de la movilización en torno a temas relacionados con la Corte y sus reflejos en la opinión pública.

La herramienta no solo proporcionará datos precisos sobre la imagen de la Corte en el universo digital, sino que también buscará inhibir la difusión de críticas y amenazas contra los jueces. Los datos recopilados podrán ser compartidos con la Policía Federal si fuera necesario.

El monitoreo se realizará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año. La empresa contratada deberá rastrear palabras clave y temas de interés definidos por el Tribunal en las diferentes plataformas de redes sociales y blogs no especificados.

En este contexto, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha expresado su rechazo a la medida autoritaria del STF. En un tweet el lunes, Eduardo criticó duramente la iniciativa: "La mentalidad del STF es: si yo quiero y nadie lo hace, lo haremos nosotros mismos aquí, no importa la constitución o si es o no nuestra competencia. Después de hacerlo, basta con gritar ‘viva la democracia’, ‘derrotamos al bolsonarismo’ y cualquiera que esté en contra es antidemocrático y fascista".

Las palabras de Eduardo Bolsonaro reflejan la preocupación de la sociedad brasileña sobre el alcance de las acciones del STF y su impacto en la libertad de expresión, que han llevado a Brasil a parecerse cada vez más a una dictadura.

Es el nivel más elevado registrado para cualquier administración con la sola excepción del período de emergencia sanitaria acontecido entre 2020 y 2021. Las arcas públicas brasileñas fueron completamente desequilibradas por el programa económico del socialismo, abandonando cualquier atisbo de moderación política.

La administración del presidente Lula da Silva convalidó abiertamente un importante giro hacia la izquierda extremista, muy a diferencia de lo que ocurrió durante sus primeras dos presidencias. El socialismo abandonó toda la moderación que aparentaba tener durante la campaña electoral del 2022, traicionando nuevamente al electorado brasileño.

Las finanzas públicas del Gobierno federal fueron completamente desequilibradas en cuestión de unos pocos meses. El déficit financiero ascendió a los R$ 41.325 millones de reales al término del mes de abril, y alcanzó un récord histórico de hasta R$ 182.995 millones en diciembre del año pasado.

Asimismo, el resultado acumulado de los últimos 12 meses marcó un déficit financiero en torno a los R$ 843.315 millones. Nunca antes se había visto algo así con la sola excepción del período de pandemia, en un contexto de emergencia sanitaria y cuarentenas organizadas por los Estados locales.

El déficit fiscal expresado en millones de reales corrientes acumuló un crecimiento del 92,1% entre enero de 2023 y abril de 2024, prácticamente se duplicó en los primeros 16 meses de gestión de la izquierda brasileña.

En otras palabras, la política fiscal del Gobierno de Lula provocó un daño a las finanzas públicas que es perfectamente comparable con el que aconteció durante la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años. 

El Gobierno de Lula asumió la dirección de Brasil con un superávit primario que representaba el 0,56% del PBI en enero de 2023. En el mismo mes, el resultado financiero marcaba un rojo equivalente al 4,32% del PBI respectivamente.

Pero al cabo de 15 meses de administración socialista, el resultado primario se convirtió en un déficit que superó el 2,5% del PBI en abril de 2024, mientras que el déficit financiero se profundizó aún más hasta llegar a los 7,6 puntos del producto bruto. Prácticamente la totalidad del esfuerzo fiscal del Gobierno anterior fue dilapidado rápidamente por la nueva administración.

Todo esto responde a una agresiva estrategia expansiva desde el punto de vista de las erogaciones, mientras que desde el punto de vista de la recaudación los nuevos impuestos establecidos desde 2023 no representaron ninguna ganancia significativa para las arcas del Estado federal.

La pésima situación fiscal en Brasil está presionando por un nuevo deterioro de las cuentas externas y el déficit de cuenta corriente (la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta un país). La principal vía de financiamiento del déficit fiscal es el endeudamiento, tanto interno (limitando el crédito al sector privado) como externo (agudizando el desequilibrio de cuenta corriente).