El ministro de Economía, junto con Santiago Bausili, presidente del BCRA, ofreció una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda, en donde explicaron la "fase 2″ para terminar de sanear el Banco Central.

Después de que la Ley Bases fuera aprobada en la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ofrecieron una rueda de prensa en el Microcine del Palacio de Hacienda para anunciar medidas económicas. "Hemos recibido un paciente en cuidados intensivos y ahora estamos en proceso de recuperación", afirmó el jefe del ministerio de economía.

"Se registró un déficit consolidado entre el Tesoro y el Banco Central equivalente al 15% del Producto Interno Bruto. Es decir, un déficit del Tesoro del 5% y del Banco Central del 10%", explicó Caputo al comienzo de la conferencia.

Explicaron además que se intensificará el proceso de transformación de pasivos remunerados del Banco Central en deuda del Tesoro con el objetivo de poder eliminar toda fuente de emisión monetaria y, en consecuencia, el cepo cambiario.

Confirmaron que se mantendrá el crawling peg del 2% mensual para la actualización del dólar oficial y el dólar blend 80/20 para los exportadores, que les permite liquidar un 20% de sus divisas al contado con liquidación.

Caputo detalló que después de una exitosa primera etapa de cerrar la emisión para cubrir el déficit fiscal, ahora se inicia una segunda fase para dejar de emitir con el fin de cubrir los intereses de los pasivos remunerados del BCRA.

"Estamos avanzando en la segunda fase de este plan, que consiste principalmente en reducir la emisión monetaria, no diré a cero, pero sí en cerrar la segunda fuente de emisión", explicó el ministro.

"Tenemos tres fuentes de emisión. Una es el déficit fiscal. La segunda son los intereses que el Banco Central paga por sus pasivos remunerados. Y la tercera es la compra de dólares por parte del Banco Central, la única emisión que no tiene efectos negativos", argumentó el titular de la cartera económica.

"Para la población, esto implica una profundización de nuestra política de déficit y emisión cero. Al mantener constante la cantidad de pesos en circulación, la relación con el dólar será sólida y contribuirá a la reducción de la inflación", subrayó Caputo.

Una vez completados estos procesos, el ministro aseguró que se abordará la flexibilización de los controles cambiarios: "La eliminación del cepo es una tercera etapa, que será una etapa de crecimiento. No hemos fijado una fecha, sino parámetros de orden macroeconómico. No queremos generar preocupaciones en la población, como una posible subida del dólar, que históricamente ha provocado más inflación, desempleo y otros problemas que los argentinos han experimentado durante mucho tiempo".

"Buscamos que la gente entienda la robustez del programa y que esto nos va a permitir profundizar el proceso de desinflación, lo cual nos dará el tiempo necesario para levantar las restricciones cambiarias cuando las condiciones estén maduras", agregó Caputo.

Esta mañana, Javier Milei adelantó brevemente que el nuevo esquema implica detener el crecimiento de la base monetaria, y algunos otros detalles adicionales fueron proporcionados por el vocero presidencial, Manuel Adorni,

“Hemos logrado alcanzar el déficit cero, por lo tanto, la consolidación fiscal está en marcha. Ya hemos superado la fase del déficit cero y ahora nos dirigimos hacia la etapa de emisión cero; se viene un cambio en el régimen monetario”, declaró Milei en una entrevista televisiva esta mañana.

“Nuestro objetivo es mantener constante la base monetaria amplia. Hemos cerrado el grifo fiscal y hemos reducido significativamente los pasivos remunerados. Dentro de las cuentas del Banco Central, hemos realizado un ajuste equivalente a 9 puntos del PIB. La idea es que la base monetaria amplia y la base monetaria simple converjan cada vez más, hasta que los pasivos remunerados desaparezcan por completo”, añadió el mandatario.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

El anuncio fue realizado conjuntamente por los ministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich en una conferencia de prensa. El objetivo es “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores”.

El Gobierno presentará en las próximas semanas un proyecto de nueva Ley Penal Juvenil al Congreso con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad a 13 años para “evitar la impunidad de los crímenes cometidos por menores”.

Así lo informaron el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa realizada en la sede del Ministerio de Seguridad.

Según detallaron los funcionarios, esta iniciativa está destinada a “combatir el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”. “Es conocido que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, añadieron. Este nuevo régimen incluirá a adolescentes de entre 13 y 18 años imputados por delitos tipificados en el Código Penal. Actualmente, en Argentina, la edad de imputabilidad es de 16 años.

La legislación argentina actual es una excepción en América Latina, donde la mayoría de los países tienen edades de imputabilidad más bajas. Solo Argentina y Cuba establecen la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años. En contraste, Chile y Perú la fijan en 14 años, Guatemala, Nicaragua y Uruguay en 13 años, Brasil y México en 12 años, y Granada y Trinidad y Tobago la han establecido en 7 años.

La ministra Bullrich afirmó que este es un “día importante para el país y para tantas familias que perdieron a sus hijos a manos de un menor. Ese menor, después de cometer un delito, regresó a su casa como si nada hubiera pasado. Que no tengan condena es la peor condena para nosotros como país. Si no se reduce la criminalidad juvenil, es imposible lograr un desarrollo sostenible y la cohesión social de la Nación”.

Además, enfatizó: “Venimos a cumplir con una sociedad que no quiere impunidad. A partir de ahora, el delito y, en el peor de los casos, la muerte tendrán consecuencias”. Explicó que ahora quedarán abarcados “los adolescentes de 13 a 18 años. Habrá sanciones para la persona mayor que actúe como instigador, que envíe a un menor a delinquir”.

Los ministros también abordaron el tema de los proyectos que se han enviado al Congreso Nacional sobre la baja de la edad de imputabilidad. Según la ministra de Seguridad, “hubo cientos de proyectos en el Congreso de distintos bloques y nunca se los quiso tratar. Les pedimos a los diputados y senadores elegidos en sus pueblos que, por esos casos que tuvieron allí, aprueben esta ley. Fue un pedido de los argentinos, de la Corte Suprema y ahora del Presidente. La decisión del presidente Javier Milei y de los equipos conjuntos de los ministerios de Seguridad y Justicia es cumplir con una sociedad que pide respuestas”.

En el proyecto conjunto de los ministerios de Justicia y Seguridad, uno de los principales ejes es la creación de “establecimientos especiales o secciones separadas de los establecimientos penitenciarios, bajo la dirección de personal idóneo” para alojar a los detenidos. Se informará a los padres de los menores involucrados en delitos sobre “la imputación y demás actos procesales” y se enfocará en la protección de las víctimas. “El juez y el Ministerio Público Fiscal velarán en todo momento por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas”, establece el proyecto.

El Gobierno busca “la modernización y adecuación de la legislación a la realidad presente, producto de los acelerados cambios sociales, de los que los jóvenes no están exentos en cuanto a la actuación y comprensión de la criminalidad de los actos; el desfasaje normativo con respecto a otros países de la región y, principalmente, la protección de los niños y jóvenes, amparados en la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país”.

Cúneo subrayó que el régimen actual, vigente desde 1980, necesita actualizarse: “Tal como está, es ilegítimo e insatisfactorio. Es incuestionable que el chico de 13 años de hoy no es el mismo que el de esa época. Nadie puede decir que no puede tener conciencia de lo que hace a esa edad”.

Bullrich destacó que para las penas de 3 a 6 años habrá alternativas concretas para los menores condenados, evitando que simplemente estén encerrados sin salida en una cárcel. “Esto es importante porque el entorno de ese menor es lo que lo lleva a reincidir en delitos. Debemos sacarlo de esa situación para que no continúe en la carrera delictiva”, señaló.

Citó algunos casos en los que menores de 16 años estuvieron involucrados en delitos en diferentes partes del país, como el caso de Bruno Bussanich, el empleado de una estación de servicio en Rosario asesinado por un sicario de 15 años, y el homicidio de un joven de 14 años por alguien de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. “El caso de Bussanich fue uno de los primeros ligados al narcotráfico. Pero nos mantuvimos firmes y en poco tiempo los homicidios en Rosario disminuyeron en un 60 por ciento. Con esta ley, pretendemos alejar a la mayor cantidad de jóvenes del delito”.

“Una novedad muy importante es que si un menor de menos de 13 años comete un delito, el juez puede tomar medidas no penales para que ese chico encamine su vida y reciba un correctivo”, concluyó.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

Se comenzará con tres propiedades de Daniel Muñoz y Víctor Manzanares. En total, hay más de 20 viviendas decomisadas por el exjuez Bonadio sobre las que el Estado todavía no ha tomado posesión.

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), venderá propiedades que fueron decomisadas en el marco de la causa de los Cuadernos de las Coimas y que pertenecían a Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, y a otros involucrados en el caso de corrupción donde se investiga el supuesto pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante la gestión kirchnerista.

La AABE comenzará con una subasta de tres propiedades que pertenecían a Muñoz y a Víctor Manzanares, histórico contador de los Kirchner. Todos estos inmuebles habían sido decomisados por orden del exjuez federal Claudio Bonadio y una resolución de agosto de 2019 del gobierno de Mauricio Macri (decreto 598) ordenaba su inmediata subasta, pero de los 30 inmuebles, en los últimos 4 años y medio solo se vendió uno.

Los tres inmuebles que se subastarán están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. En total, la AABE espera recaudar con estas ventas casi 2 millones de dólares.

• Tres departamentos, oficinas y una cochera en Pedro Ignacio Rivera 5761, Villa Urquiza. En este inmueble funcionaban las oficinas de Daniel Muñoz. Según la investigación, desde ese espacio se enviaban los bolsos con dinero a las financieras encargadas de mandarlo al exterior. La propiedad también pertenece a Manzanares. Se subastará por USD 815.795. El lugar también se utilizaba para guardar una colección de autos de lujo.

• Mansión en María del Carril 3744, en Villa Devoto. La casa pertenece a la firma Madaco S.A., fundada por Manzanares y posteriormente comprada por Muñoz. El inmueble tiene 640 metros cuadrados, cuatro plantas, gimnasio, sauna y cocheras. Se venderá por USD 974.416.

• Departamento con cochera en Villa Urquiza. Este inmueble pertenecía a Muñoz y Manzanares. Se venderá por USD 140.000.

En la causa Cuadernos, Muñoz fue investigado por montar una estructura dedicada a lavar dinero, según determinó la Justicia federal. En estas maniobras participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore se compraron decenas de bienes inmuebles, de los cuales una parte quedó en manos del Estado. Carolina Pochetti, esposa de Muñoz, también participó en la maniobra.

El gobierno a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llevará adelante una subasta de bienes decomisados de las causas de corrupción, trata de personas y narcotráfico más resonantes del país. (1/2) pic.twitter.com/Sfp4a5Ovba

— Jefatura de Gabinete (@JefaturaAR) June 28, 2024

El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Miami, Estados Unidos.

El dinero recaudado de esta subasta se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional y se utilizará para financiar el funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de los afectados por el consumo (artículo 39 de la ley 23.737), y programas de salud y capacitación laboral.

De los 30 inmuebles decomisados por Bonadio, el Estado logró tomar posesión de siete. Respecto a los restantes, la AABE todavía espera recibir antecedentes y documentación registral para disponer de estos inmuebles y poder venderlos.

De los siete que ya están bajo el poder de la AABE, uno se vendió en 2022. El departamento pertenecía a Sergio Todisco, uno de los testaferros de Muñoz. El Estado se desprendió de la propiedad ubicada en Julieta Lanteri 1331 por $70 millones, equivalentes a unos 600 mil dólares al tipo de cambio oficial de ese momento.

Además, hay dos cocheras en manos de la AABE que se concesionaron desde febrero y septiembre de 2022 respectivamente por un plazo de 60 meses. Una de las cocheras está ubicada en Malabia 1741 y la otra en Amenábar 1934. A estas se suman los tres inmuebles que se subastarán y otra propiedad ubicada en avenida Belgrano 2232 que fue entregada en custodia provisoria a la Fundación de Capacitaciones del Maule (FUNDACAP). La custodia provisoria está vencida.

El Gobierno espera pronto tomar posesión de un terreno en Mar de las Pampas, Villa Gesell, que pertenecía a Daniel Muñoz. Las autoridades de la AABE inspeccionaron el lugar en abril pasado y comprobaron que está desocupado. El Estado procederá a su disposición una vez que se obtengan los antecedentes necesarios para regularizarlo.

Además, se están realizando gestiones a través de la Cancillería y el Ministerio de Justicia para intentar obtener la posesión de un edificio ubicado en Ocean Fort, Miami, Florida, que pertenecía a Ernesto Clarens, el financista a través del cual se realizaron gran parte de las maniobras de lavado.

Hay un universo de 20 inmuebles ubicados en Santa Cruz y Tierra del Fuego que en su gran mayoría pertenecían a Muñoz y Manzanares, sobre los que aún falta recibir información por parte de la Justicia, tales como antecedentes y documentación registral.

Estos inmuebles estaban vinculados a personas acusadas de cobrar coimas durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien entre diciembre de 2019 y 2023 ocupó el cargo de Vicepresidenta. A la dirigente se la señala en el caso como la jefa de la banda. El juicio todavía no comenzó y la fiscal federal Fabiana León denunció al Tribunal Oral Federal 7 por los retrasos en el inicio del proceso.

Entre los inmuebles sobre los que aún no se ha tomado posesión, está la estancia “La Lucía” en Santa Cruz, ubicada en la ruta 40, con una superficie de 20.000 hectáreas. También la estancia “El Rincón”, con más de 6.000 hectáreas. Las autoridades buscan recuperar varios locales que están alquilados por una cadena de farmacias en El Calafate. El listado se completa con un complejo de seis viviendas y otras casas más.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) también subastará una serie de propiedades en el caso “Carbón Blanco”, en el que se condenó a una organización criminal encabezada por el fallecido abogado Carlos Salvatore, que traficaba cocaína a Europa oculta en bolsas de carbón vegetal.

Una de las propiedades que se subastará es una mansión en Belgrano R, de cuatro plantas, con playroom, piscina y garage para seis autos. El precio de venta es de aproximadamente 759 mil dólares. También se venderá un departamento con cochera tasado en 118 mil dólares.

Por otra parte, se subastarán casas del caso conocido como “Clan Aliaga”, una organización encabezada por Kjara Moisés Aliaga y sus hijos Edwin Manuel Aliaga Carlo, Paola Ximena Aliaga Carlo, Oscar Emanuel Aliaga Carlo y Olivia Leonor Aliaga Carlo, que tenía como objetivo explotar a trabajadores bolivianos en condiciones de precariedad y privación de su libertad en galpones textiles.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.