La percepción de corrupción policíaca va en aumento en México

La corrupción en las corporaciones policiacas de México continúa siendo una de las principales amenazas para el Estado de Derecho. A pesar de las promesas de Morena, de erradicar este cáncer institucional, los índices actuales muestran que el problema ha empeorado.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 70.9% de los mexicanos percibe a las policías estatales como corruptas. Esta cifra se eleva al 82.6% cuando se trata de policías de tránsito.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)reveló que por cada 100 mil habitantes se realizaron cerca de 25 mil actos de corrupción vinculados con servidores públicos. 

Las entidades con mayores reportes de corrupción policial incluyen el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Veracruz y Michoacán. En estas regiones, los ciudadanos reportan desde extorsiones en retenes y detenciones arbitrarias, hasta colusión directa con el crimen organizado.

Un costo multimillonario.

El costo económico de la corrupción en México ha sido estimado en más de 220 mil millones de pesos anuales. De estos, una parte significativa corresponde a sobornos y extorsiones relacionados con policías locales y estatales.

En su más reciente informe, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 126 de 180 países evaluados en percepción de corrupción. Esto representa un retroceso respecto a 2018, cuando se encontraba en la posición 138.

Aunque hay ligeras variaciones, la constante es clara: la corrupción no ha disminuido de forma significativa, y en el caso de las policías, las denuncias van en aumento.

Estos costos afectan directamente a las microempresas, transportistas, comerciantes y ciudadanos de a pie. Los civiles son las víctimas cotidianas de un sistema que exige pagos para evitar sanciones injustificadas o liberarse de procesos inventados.

Morena prometió acabar con la corrupción… pero creció.

Durante su campaña presidencial en 2018, y en múltiples ocasiones durante el sexenio de López Obrador, Morena aseguró que “la corrupción se acabaría desde arriba”. La narrativa fue adoptada por Claudia Sheinbaum, quien también insistió en que combatiría la impunidad.

Sin embargo, el panorama actual contradice esa promesa. Desde la llegada de Morena al poder, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre un debilitamiento institucional. Esto ha permitido el crecimiento de redes de complicidad entre cuerpos policiales, políticos y grupos criminales.

¿Quién vigila a los que deben protegernos?

Mientras el gobierno federal presume programas sociales y promesas de transformación, el ciudadano común sigue enfrentando una realidad distinta en la calle.

Ser detenido por una patrulla puede implicar un riesgo: abuso de autoridad, extorsión o, en el peor de los casos, desaparición forzada.

Casos recientes como el de policías municipales involucrados en desapariciones en Guanajuato y Veracruz han generado alarma, pero también una respuesta tibia desde el Ejecutivo.

Organizaciones civiles exigen una depuración real de las corporaciones, controles internos más estrictos, y sobre todo, voluntad política para atacar la corrupción desde todos los niveles, no solo en el discurso.

Por ahora, los mexicanos siguen enfrentando una pregunta que no debería existir en un país democrático: ¿de quién nos cuida la policía?