El gobierno mexicano ha impulsado una polémica reforma referente a la Clave Única de Registro de Población (CURP). La reforma propone convertir la CURP en un sistema de identidad digital obligatorio que incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial.
El gobierno morenista impulsa esta reforma, bajo el argumento de combatir la grave crisis de desaparición de personas en el país. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos advierten que la verdadera consecuencia sería una expansión masiva del aparato de vigilancia estatal, sin garantías claras de protección de derechos humanos.
Un pretexto peligroso
La iniciativa, impulsada bajo el discurso de atender la crisis de desapariciones, no es nueva. Ya hubo intentos anteriores de establecer una cédula de identidad digital que fueron frenados por preocupaciones sobre privacidad.
Hoy, el gobierno retoma el plan con mayor ambición y menor transparencia, aprovechando el dolor de las familias para imponer una reforma que podría tener serias implicaciones para la libertad individual.
Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, criticó el uso del sufrimiento como justificación para un sistema que no ataca las causas de las desapariciones.
"Es indigno utilizar el dolor de las familias para impulsar una política que no responde a sus verdaderas demandas", señaló.
¿Consentimiento o imposición?
La reforma plantea que los ciudadanos deben dar su consentimiento para entregar sus datos biométricos. Sin embargo, al convertir esta CURP en requisito indispensable para realizar trámites públicos o privados, se vuelve una obligación de facto.
Según la activista digital Marianne Díaz, "si necesitas la CURP biométrica para vivir, no hay libertad real para negarte".
El proyecto también prevé una base de datos centralizada que almacenaría información de toda la población, incluyendo menores de edad. Esto plantea serios riesgos en un país donde las instituciones tienen un historial de corrupción, abuso de poder y colusión con el crimen organizado.
Como señala García, los datos podrían terminar siendo utilizados para persecución política, extorsión o discriminación.
Vulnerabilidad y vigilancia
Casos en otros países muestran lo riesgoso de estos sistemas. En Venezuela, personas han sido rechazadas al comprar alimentos porque su apariencia no coincide con sus registros. En Chile, trabajadores manuales no pueden autenticar su identidad porque sus huellas están desgastadas.
Lejos de representar una solución moderna, la CURP biométrica amenaza con institucionalizar la vigilancia masiva bajo un régimen acusado de opacidad, mal manejo y autoritarismo. En lugar de proteger a los ciudadanos, se corre el riesgo de volverlos más vulnerables frente a un gobierno cada vez más intrusivo.
