El gobierno mexicano ha impulsado una polémica reforma referente a la Clave Única de Registro de Población (CURP). La reforma propone convertir la CURP en un sistema de identidad digital obligatorio que incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial.
El gobierno morenista impulsa esta reforma, bajo el argumento de combatir la grave crisis de desaparición de personas en el país. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos advierten que la verdadera consecuencia sería una expansión masiva del aparato de vigilancia estatal, sin garantías claras de protección de derechos humanos.
Un pretexto peligroso
La iniciativa, impulsada bajo el discurso de atender la crisis de desapariciones, no es nueva. Ya hubo intentos anteriores de establecer una cédula de identidad digital que fueron frenados por preocupaciones sobre privacidad.
Hoy, el gobierno retoma el plan con mayor ambición y menor transparencia, aprovechando el dolor de las familias para imponer una reforma que podría tener serias implicaciones para la libertad individual.
