La senadora de Morena intentó exhibir a Kenia López, pero documentos revelan que su familia también vive del Senado
"En un descuido, hasta la mascota de la familia terminará con algún cargo", ironizaron usuarios en redes sociales tras conocer los documentos.
Medios locales como "El Diario MX" han señalado que Andrea Chávez ha usado su oficina para colocar a personas cercanas. Entre ellos, Alonso Pelayo, esposo de la senadora Bertha Caraveo, y Jorge Muñoz, primo de la legisladora. Ambos han conseguido puestos administrativos dentro del Senado.
En un intento por señalar nepotismo en el Senado, Andrea Chávez terminó envuelta en la misma polémica. La legisladora de Morena publicó en redes sociales un documento que supuestamente prueba que el hermano de la senadora panista Kenia López Rabadán obtuvo un alto cargo en la Cámara Alta. Sin embargo, usuarios en redes y medios locales respondieron exhibiendo contratos y registros que vinculan a dos familiares de Chávez con la nómina legislativa.
Andrea Chávez compartió una imagen de un contrato que señala a José Bricio López Rabadán, hermano de la panista. Según el documento, ocupó el puesto de "Director de Evaluación Parlamentaria" con un salario superior a 100 mil pesos mensuales.
Poco después, se viralizaron imágenes de otros contratos. Estos documentos revelan que su propio padre, José Luis Chávez Viguera, también fue beneficiado con recursos públicos. Lo mismo ocurrió con Gregorio Chávez, otro familiar cercano, quien obtuvo un contrato en el Senado.
Reportes señalan que José Luis Chávez Viguera, alias "El Loco", ha sido parte de la nómina senatorial con un contrato de asesoría legislativa en comisiones. Mientras tanto, Gregorio Chávez, primo de la legisladora, ha ocupado un cargo en Liconsa, empresa estatal de distribución de leche.
Estos casos refuerzan la percepción de que el Senado se ha convertido en una agencia de colocaciones para familiares y allegados de legisladores de Morena. Mientras Chávez intentaba señalar a la oposición, olvidó que su propio entorno está beneficiándose del erario público.
El escándalo confirma una constante en el gobierno de la 4T: señalar corrupción cuando conviene, pero ocultarla cuando involucra a sus propios integrantes.
