México terminará 2025 como el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, solo detrás de Gaza, de acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF).
El diagnóstico es directo: la violencia contra periodistas no es un “daño colateral”. Es un fenómeno que se reproduce por dos motores que se retroalimentan: crimen organizado en expansión y Estado incapaz de investigar y sancionar.
Balbina Flores, representante de RSF en México, advirtió que volver a ver al país en los primeros lugares confirma que las garantías “no están funcionando”. La protección, las investigaciones y la política pública, dijo, no están rompiendo el ciclo.
El núcleo del problema, insiste RSF, es la impunidad. Más de 90% de los asesinatos de periodistas permanecen sin resolver y todas las desapariciones siguen sin esclarecerse. En términos prácticos, el mensaje para los agresores es devastador: se puede atacar y salir ileso.
En esa lógica, cada expediente congelado y cada carpeta sin avances no solo falla a la víctima. También eleva el riesgo para el resto del gremio, porque normaliza la agresión como costo “administrable” del poder criminal.
A la falta de resultados se suma otro factor que RSF considera combustible: la narrativa oficial contra la prensa. La estigmatización —cuando desde tribunas públicas se denigra o se criminaliza al periodista— abre la puerta a agresiones que pueden escalar, advierte la organización.
Flores alertó que, además de ser asesinados, comunicadores son amenazados y denostados, lo que desvaloriza su labor y contribuye a un clima donde la violencia se vuelve aceptable o incluso celebrada por sectores radicalizados.
El Mecanismo federal de protección, creado hace más de una década, resguarda a más de 600 periodistas, pero opera con recursos y personal limitados. RSF reconoce que funciona, pero señala deficiencias internas que lo rebasan frente a la magnitud de la crisis.
En el trasfondo queda una exigencia que ya no admite discursos: investigar, judicializar y sentenciar. RSF plantea una revisión profunda del Mecanismo y exige a fiscalías priorizar los casos, con capacidad real para llegar a autores materiales e intelectuales.
México no está ante un problema de percepción. Está ante un déficit de Estado de derecho: cuando informar se castiga y matar periodistas no tiene consecuencias, la democracia se queda sin testigos.
