Una controvertida reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ha generado preocupación entre expertos en seguridad y la ciudadanía.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una iniciativa impulsada por el expresidente López Obrador. La reforma permitiría que funcionarios de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada puedan obtener licencia para portar armas de fuego.
Con 105 votos a favor, el proyecto fue aprobado en el Pleno y ahora será turnado a la presidente Claudia Sheinbaum para su promulgación.
De entrar en vigor, personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia y el Banco de México podrían portar armas.
Eso sí, siempre y cuando que justifiquen la necesidad y cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El texto de la reforma argumenta que “la seguridad de áreas estratégicas y la seguridad pública son prioridad nacional”. Se afirma que esta medida dotaría a ciertos funcionarios de herramientas adicionales para proteger instalaciones e información sensible.
Acceso a armas genera preocupación
Sin embargo, para muchos esta iniciativa representa una peligrosa expansión del acceso a las armas en un país marcado por la violencia. La idea de que burócratas del SAT o Banxico anden armados ha despertado inquietud sobre posibles abusos, falta de capacitación o un aumento en el riesgo de enfrentamientos.
Además de este polémico punto, la reforma contempla modificaciones a más de cien artículos y endurece penas por delitos relacionados con armas. Entre ellas se contemplan:
