Senado aprobó reforma para que funcionarios del SAT, Pemex y CFE puedan portar armas

Una controvertida reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos ha generado preocupación entre expertos en seguridad y la ciudadanía.

El Senado de la Repúblicaaprobó por unanimidad una iniciativa impulsada por el expresidente López Obrador. La reforma permitiría que funcionarios de empresas paraestatales, organismos autónomos y empresas de seguridad privada puedan obtener licencia para portar armas de fuego.

Con 105 votos a favor, el proyecto fue aprobado en el Pleno y ahora será turnado a la presidente Claudia Sheinbaum para su promulgación.

De entrar en vigor, personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex, el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Casa de Moneda, el Centro Nacional de Inteligencia y el  Banco de México podrían portar armas.

Eso sí, siempre y cuando que  justifiquen la necesidad y cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El texto de la reforma argumenta que “la seguridad de áreas estratégicas y la seguridad pública son prioridad nacional”. Se afirma que esta medida dotaría a ciertos funcionarios de herramientas adicionales para proteger instalaciones e información sensible.

Acceso a armas genera preocupación

Sin embargo, para muchos esta iniciativa representa una peligrosa expansión del acceso a las armas en un país marcado por la violencia. La idea de que burócratas del SAT  o Banxico  anden armados ha despertado inquietud sobre posibles abusos, falta de capacitación o un aumento en el riesgo de enfrentamientos.

Además de este polémico punto, la reforma contempla modificaciones a más de cien artículos y endurece penas por delitos relacionados con armas. Entre ellas se contemplan:

Penas de entre 4 y 8 años de prisión, más multas de hasta 1,500 veces el valor diario de la UMA, para quienes infrinjan disposiciones generales sobre armas.

De 7 a 30 años de prisión para quienes  introduzcan ilegalmente armas, cargadores o aditamentos prohibidos al país.

Hasta 15 años de cárcel para quienes dispongan indebidamente de armas asignadas a cuerpos de seguridad o procuración de justicia.

Penas de 6 a 12 años para el uso indebido de explosivos o químicos exclusivos de las Fuerzas Armadas.

Regulación adicional para charrería, seguridad privada y tecnologías prohibidas

La reforma también regula prácticas tradicionales como la charrería, permitiendo el uso de revólveres como parte del atuendo, siempre que estén descargados.

Asimismo, se prohíben dispositivos que conviertan armas semiautomáticas en automáticas, incluyendo aquellos hechos con impresoras 3D, y se vetan miras nocturnas, térmicas y otros accesorios que podrían facilitar actividades delictivas.

A pesar del endurecimiento de sanciones, el foco mediático y ciudadano está puesto en la nueva posibilidad de que funcionarios civiles de áreas no relacionadas directamente con la seguridad porten armas.

La reforma sigue avanzando, pero con ello también crece la controversia sobre hasta dónde debe llegar el brazo armado del Estado.