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Estados Unidos

Trump anunció sus candidatos conservadores para la Corte Suprema en caso de ser reelecto

En una lista cargada de nombres de grandes políticos del Partido Republicano como Ted Cruz, Tom Cotton y Josh Hawley, el presidente Trump amplió los candidatos que presentó en 2016 para jueces de la Corte Suprema en caso de reelegir.

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El pasado miércoles 9 de septiembre, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer una lista en la cual presenta 20 candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en el próximo período, de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
En esta lista, que se agrega a múltiples candidatos que Trump viene mencionando desde 2016, hay nombres muy importantes del Partido Republicano como Ted Cruz, Tom Cotton y Josh Hawley, senadores por Texas, Arkansas y Missouri respectivamente, entre otros.
En los Estados Unidos, la Corte Suprema representa un símbolo de la dirección cultural e ideológica del país. Actualmente, se encuentra dividida al medio: 4 de sus jueces son progresistas, que creen que la Constitución debe ser interpretada (2 nombrados por Bill Clinton y 2 por Barack Obama), 4 son conservadores, que creen en el respeto al texto constitucional tal como fue escrito (2 de Trump, 1 de George Bush padre y 1 de George Bush hijo), y el noveno juez, el Presidente de la Corte John Roberts (nombrado por Bush hijo), es un moderado que se ha alineado en el pasado con ambos lados según la circunstancia.
En este contexto, los candidatos de Trump a la Corte Suprema son un esencial componente de su política, ya que existe una alta probabilidad de que durante los próximos cuatro años, se generen entre 1 y 4 nuevas vacantes. De esta forma, el legado jurídico de Trump podría ser una Corte con al menos 6 jueces conservadores del total de 9.

Atrás (de izq. a der.): Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan, y Brett Kavanaugh. Adelante (de izq. a der.): Stephen Breyer, Clarence Thomas, John Roberts, Ruth Bader Ginsburg, y Samuel Alito.

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A continuación, detallaremos las principales figuras de la lista de Donald Trump para la Corte Suprema:

William Pryor

El juez nativo de Alabama es el actual encargado de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos por el decimoprimer circuito. Educado en la Universidad del Noreste de Louisiana, también ocupó el puesto de procurador general de Alabama.
Pryor figuró en la primera lista de candidatos, presentada en mayo de 2016, para llenar la vacante dejada por el juez conservador Antonin Scalia. Los rumores de la época indican que Pryor fue uno de los principales candidatos para dicha vacante, para la cual Trump finalmente designó a Neil Gorsuch, confirmado en abril de 2017.
Tras el retiro del juez liberal Anthony Kennedy en junio de 2018, Pryor fue nuevamente considerado para la vacante, que eventualmente fue para Brett Kavanaugh, confirmado en octubre de 2018.

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Amy Coney Barrett

A sus 48 años, Barrett es jueza de la Corte de Apelaciones por el séptimo circuito, nominada para dicho cargo por el mismo Trump en octubre de 2017. 
Fue educada en la Universidad de Notre Dame en Indiana, y mantiene una fuerte posición en contra de la inmigración ilegal y el aborto mientras que se manifiesta a favor de los derechos otorgados por la segunda enmienda.
Tras ser añadida a la lista de candidatos de Trump en noviembre de 2017, Barrett fue considerada la principal candidata para suceder a Anthony Kennedy, aunque finalmente la nominación fue para Kavanaugh.
Desde entonces, rumores indican que, en el caso de que la próxima vacancia sea de la jueza de izquierda de 87 años,  Ruth Bader Ginsburg (la integrante de mayor edad de la Corte), Barrett sería la principal candidata, ya que existiría la intención en el Poder Judicial de mantener a una mujer en dicho puesto.

Thomas Hardiman

Nacido en 1965 en Massachusetts, se desempeña como juez en la Corte de Apelaciones por el tercer circuito, nominado por el ex presidente George W. Bush. Hardiman se ha mostrado a favor de los derechos de la segunda enmienda, la pena de muerte y la libertad de religión.
Hardiman figuró en la primera lista de Trump, y sonó como fuerte candidato en ambas vacantes llenadas por Trump. Algunas fuentes incluso afirman que Hardmian fue “finalista” para la nominación que resultó para Gorsuch.

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Bridget Bade

La abogada y jurista originaria de Arizona, se desempeña en la Corte de Apelaciones por el noveno circuito, tras ser nominada por el presidente Trump. Educada en la Estatal de Arizona, fue ratificada en la votación del Senado por 78-21, con el voto a favor de ambas senadoras por Arizona, tanto de la demócrata Krysten Sinema y la republicana Martha McSally.

Daniel Cameron

El Procurador General por el Estado de Kentucky, electo en 2019, es el primer afroamericano en ocupar la posición, y el primer republicano en ocupar dicho puesto desde 1944. Nacido en noviembre de 1985, actualmente Cameron tiene pendiente una decisión sobre el caso de la muerte de la afroamericana Breonna Taylor a manos de la policía en un allanamiento de drogas.
De ser nombrado para la Corte, Cameron no solo sería por mucho el integrante más joven (es 19 años más joven que Neil Gorsuch), sino que sería el tercer afroamericano en la historia en alcanzar dicha posición, tras Thurgood Marhsall (1967-1991) y Clarence Thomas (desde 1991). Por este motivo, su nombre suena con fuerza en caso de que Thomas, de 72 años, decida retirarse durante el período 2021-2025.

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Paul Clement

Nacido en 1966, el ex-Procurador General de los Estados Unidos durante la gestión de George W. Bush ya había sido mencionado para ocupar un cargo en la Corte Suprema, integrando las “listas cortas” de los candidatos republicanos John McCain y Mitt Romney en 2008 y 2012 respectivamente.

Tom Cotton

Uno de los nombres más resonantes de la lista ha sido el del senador por Arkansas, Tom Cotton. Nacido en 1977 y educado en Harvard, fue integrante del Ejército de los Estados Unidos, donde llegó al rango de Capitán y participó de la campaña en Afganistán.
Recientemente, el senador Cotton refutó enérgicamente a las organizaciones de extrema izquierda Antifa y Black Lives Matter en sus afirmaciones de que existe una “violencia sistémica” en contra de las personas de raza negra.
A su vez, Cotton es un acérrimo defensor de los derechos otorgados por la segunda enmienda y es miembro de la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Se opone a la llegada de inmigrantes ilegales y a las amnistías para los mismos, y en cuanto a salud pública rechaza el Obamacare y se opone férreamente al aborto. Todas posiciones políticas que se podrían transmitir a sus decisiones como juez supremo.
Tras el anuncio de Trump que incluía a Cotton a su lista de candidatos, el senador sugirió en Twitter que aceptaría una eventual nominación a la Corte, y adelantó que votaría para eliminar el fallo Roe v. Wade que legaliza el aborto en los EE.UU.

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Ted Cruz

Otro de los casos que tuvo un fuerte impacto en el anuncio reciente de Trump fue el del senador por Texas, Ted Cruz
Nacido en Calgary, Canadá, el ex precandidato a Presidente por el Partido Republicano en 2016 y principal oponente de Trump en las internas de ese año, fue educado en las universidades de Princeton y Harvard, en donde obtuvo su grado en Derecho. En 1996, fue cadete del entonces Presidente de la Corte, el conservador William Rehnquist, quien fuera nominado por Reagan en 1986.
Nacido en 1970 bajo el nombre Rafael Edward Cruz, el senador es un crítico ferviente del comunismo, especialmente al ejercido por la dictadura cubana, debido a que su padre es originario de la isla. En ese sentido, Cruz rechaza abiertamente el fracaso de las políticas de Barack Obama, Hillary Clinton y John Kerry para con Cuba.
Cruz es un defensor de los derechos de la segunda enmienda, la pena de muerte, la política migratoria de Donald Trump y el libre comercio. En cuanto a la materia social, Cruz se opone a la legalización del consumo de la marihuana, el aborto y la inmigración ilegal.
En los últimos años, ha desarrollado una gran amistad con Trump a pesar de haber sido fervientes oponented y, tras haber ganado su banca en Texas por unos pocos miles de votos contra el demócrata impresentable Beto O’Rourke, una carrera jurídica más que política podría ser su futuro.

Josh Hawley

El actual senador por Missouri, nacido en 1979, fue agregado a la lista de candidatos en el anuncio del pasado 9 de septiembre. 
Graduado en Derecho de la Universidad de Yale, es considerado una estrella en ascenso del Partido Republicano tras ser electo para el Senado en 2019 y tras 2 años como procurador general de Missouri. Hawley es actualmente el integrante más joven de la Cámara Alta, con tan solo 40 años.
Hawley se opone al fallo Roe v. Wade y a toda legislación en favor del aborto, y es un firme defensor de la gestión de Donald Trump en cuanto a inmigración, regulación de las redes sociales, salud pública y la segunda enmienda. 
Analistas consideran que un factor determinante en la victoria de Hawley en la elección para el Senado en 2019 fue su defensa de Brett Kavanaugh, cuando el entonces candidato a juez de la Corte fue acusado falsamente de acoso sexual y violación.
Tras el anuncio de Trump que incluía a Hawley como candidato, el Senador agradeció al Presidente su confianza, pero afirmó que “no tiene interés” en la Corte. Llamado por algunos “el Obama republicano”, se cree que Hawley desea presentarse por la presidencia en las primarias republicanas de 2024.

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Stuart Kyle Duncan

El juez nacido en 1972 y educado en el Estado de Louisiana se desempeña como juez en la Corte de Apelaciones por el quinto circuito, tras ser nominado por el presidente Trump en octubre de 2017 y confirmado en abril de 2018. De tendencia conservadora, Duncan se muestra a favor de la pena de muerte y en contra de la legalización del aborto y los derechos diferenciados para la comunidad LGBT.
Un caso notorio en enero de 2020, United States v. Norman Varner”, puso a Duncan en el centro de las críticas de la izquierda estadounidense. El motivo: Duncan rechazó modificar el nombre y los pronombres de un condenado por pedofilia en una sentencia, luego de que el condenado se declarara mujer en prisión para solicitar el traslado a una prisión de mujeres.

Steven Engel

El abogado nacido en 1974 en Nueva York y educado en Harvard, Yale y Cambridge, es actualmente el Procurador General asistente de la Oficina de Consejos Legales del presidente Trump. Durante la presidencia de George W. Bush ocupó la misma posición.

Noel Francisco

El Procurador de 51 años nacido en Nueva York y educado en la Universidad de Chicago, ocupó el cargo de Solicitor General de los Estados Unidos, convirtiéndose en el primer asiático-americano en ocupar el puesto.
En dicho cargo, Francisco luchó contra el Obamacare y el DACA. Además, se mantuvo junto al Presidente en los casos de la prohibición de viajes de países vinculados al terrorismo, el reporte de Robert Mueller sobre la supuesta intervención rusa en las elecciones de 2016, y el caso contra Michael Flynn.

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El resto de la lista:

James Ho

El abogado y actual juez de la Corte de Apelaciones por el quinto distrito, nominado por Trump, nació en Taiwán en el año 1973 y se trasladó con sus padres a los Estados Unidos cuando era niño. Estudió derecho en la Universidad de Chicago y ocupó la posición de Solicitor General de Texas entre 2008 y 2010.

Gregory Katsas

El actual juez de la Corte de Apelaciones por el distrito de Washington D.C., nominado por Trump para dicho cargo, fue Procurador General asociado de los Estados Unidos durante la administración de George W. Bush. Habiendo estudiado Derecho en Harvard, en 2017 se recusó a sí mismo en el caso de la investigación de Mueller en la cual él mismo participó.

Barbara Lagoa

Nacida en Florida y educada en la Universidad de Columbia, Lagoa fue nominada para la Corte de Apelaciones del Estado de Florida en 2006 por el entonces gobernador Jeb Bush, y luego fue designada en 2019 por el actual gobernador Ron De Santis a la Corte Suprema de Florida, siendo la primera jueza de origen hispano en dicho puesto. Lagoa renunció a dicho cargo para aceptar la nominación del presidente Donald Trump a la Corte de Apelaciones por el decimoprimero distrito a nivel federal, siendo confirmada por el Senado en noviembre de 2019.

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Christopher Landau

El abogado y diplomático nacido en Madrid en 1963, es hijo del ex-Embajador George Landau, quien fuera embajador en Chile, Venezuela y Paraguay bajo la gestión de Ronald Reagan. Landau hijo estudió Derecho en la Universidad de Harvard, y actualmente ocupa el puesto de Embajador de los Estados Unidos frente a México.

Carlos Muñiz

El abogado nacido en Illinois en 1969 y educado en Yale fue asignado a la Corte Suprema del Estado de Florida por el actual gobernador Ron De Santis. Muñiz también fue Consejero General del Departamento de Educación de los Estados Unidos entre abril de 2018 y enero de 2019, cargo al que renunció para ejercer en la Corte de Florida.

Martha Pacold

La jueza nacida en el año 1979 en Richmond, Virginia y educada en la Universidad de Chicago se desempeña actualmente como jueza por el Distrito Norte de Illinois, tras ser nominada por Trump.

Peter Phipps

Nacido en Texas en 1973, estudió derecho en la Universidad de Stanford y ocupa actualmente el cargo de juez en la Corte de Apelaciones del tercer circuito, nominado por el presidente Trump.

Sarah Pitlyk

La jueza nacida en Indiana en el año 1977 fue designada por el presidente Donald Trump a la Corte de Distrito por el Distrito Este de Missouri. Luego de graduarse en Derecho en Yale, Pitlyk fue secretaria del actual juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh.

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Allison Jones Rushing

Nacida en 1982 y educada en Carolina del Norte, Rushing se desempeña como jueza de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en el cuarto distrito, tras ser designada por Trump. Luego de graduarse de la Universidad Duke, sirvió como secretaria de los jueces Neil Gorsuch y Clarence Thomas, ambos actualmente jueces de la Corte Suprema.

Kate Todd

Quizás una de las elecciones más impensadas de la lista, la poco conocida Todd es graduada de Harvard y fue secretaria del actual juez de la Corte, Clarence Thomas. Se desempeña actualmente en 2 cargos para el presidente Trump: Asistente adjunta y Consejera adjunta, donde su labor involucra conseguir y analizar candidatos para las distintas Cortes del país.

Lawrence VanDyke

El abogado nacido en Texas en 1972 y graduado en Harvard, actualmente ocupa el cargo de juez de la Corte de Apelaciones del noveno circuito, nominado por el presidente Trump para el cargo tras haberse desempeñado como Solicitor General en los Estados de Nevada y Montana. En 2014, VanDyke se presentó a elecciones para ocupar el segundo asiento de la Corte Suprema del Estado de Montana, pero fue derrotado 59% a 41% por el demócrata Michael Wheat, quien llevaba 4 años en el cargo.
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Estados Unidos

Biden prohíbe el uso de Tornado Cash, la aplicación que permite transferir criptos de manera anónima

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El Tesoro puso a la aplicación en la lista SDN junto a grupos terroristas, el gobierno de Irán y de Corea del Norte y a oligarcas rusos por la “guerra contra la evasión” de Biden.

El lunes pasado, el Tesoro de los Estados Unidos realizó una votación interna luego de que el presidente Joe Biden les pidiera revisar la legalidad de una aplicación conocida como Tornado Cash, que permite realizar transferencias de criptomonedas de manera totalmente anónima entre sus usuarios.

La votación resultó en favor de prohibir su uso en Estados Unidos, y la aplicación fue ingresada a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), donde comparte lugar con organizaciones terroristas, instituciones iraníes y norcoreanas, y empresas estatales rusas. Una decisión bastante exagerada.

Tornado Cash recibe las criptomonedas que uno quiere transferir y mezcla la cadenas de bloques de manera completamente anónima para evitar cualquier tipo de rastreabilidad, para luego depositarle a la persona que se le quería enviar dinero.

A partir de ahora, cualquier persona que envíe o reciba dinero a través de Tornado Cash podría enfrentar hasta 30 años de prisión, incluso si los fondos en cuestión no provienen de una fuente ilegal, ya que según esta determinación “es imposible saber si son fondos legales o no”.

La decisión es polémica. Por un lado, Tornado Cash es una de las mejores herramientas para proteger el anonimato en línea, y hace imposible que el Estado rastree las transacciones, permitiéndole a la gente esconderse de cualquier tipo de persecución. Por el otro, es ampliamente utilizada por criminales para poder mover dinero sin ser rastreado por la policía.

Este complejo balance entre el derecho a la privacidad y la capacidad del Estado a investigar el crimen es un tema que sin dudas requiere de una atención especial por parte de los legisladores, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero prohibir una herramienta financiera de cuajo no es la manera.

Además, la importancia de Tornado Cash crece cuando se tiene en cuenta que en el mundo de la blockchain todas las transacciones son públicas, y se pierde el secreto bancario que existe hoy por ejemplo en las transferencias que uno hace a través de un banco.

Si el Estado quiere mirar qué transacciones una persona hizo a través de su banco, necesita una orden judicial y un resumen de cuentas emitidos por la identidad financiera. En cambio, con las criptomonedas, cualquiera puede rastrear públicamente los ledgers.

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia del Departamento del Tesoro, llamó a Tornado Cash “una amenaza significativa para la seguridad nacional” de los Estados Unidos, y alegó que ha sido utilizado repetidamente por piratas informáticos norcoreanos para lavar dinero de múltiples robos millonarios.

Esta declaración es bastante absurda. Cualquier persona puede enviar y recibir cualquier suma de dinero con este crypto mixer, no solamente los grandes carteles. Según un análisis de Chainalysis, solo el 10,5% del dinero transferido en Tornado Cash el último año provino de fondos robados, y un 17,7% de fondos o personas sancionadas.

Esto quiere decir que el otro 71,8% de las transacciones fueron completamente legales. También implica que la Casa Blanca criminalizó a una empresa que anonimiza fondos y violó el derecho a la privacidad de 350 millones de ciudadanos solo por una cantidad menor de transacciones ilegales.

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Estados Unidos

El reparador de la laptop de Hunter Biden asegura que el FBI lo amenazó para que no publique sus contenidos

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El dueño del taller de reparación que consiguió la computadora con las fotos y videos comprometedores del hijo del presidente fue visitado por el FBI en varias ocasiones para que no publique la información.

John Paul Mac Isaac, el dueño de un taller de reparación de computadoras en Delaware, recibió al hijo del entonces ex vicepresidente Joe Biden, Hunter Biden, una tarde del 14 de abril del 2019. Según describió el encuentro, Hunter estaba “drogado” y balbuceaba que su laptop no andaba porque se le había “caído agua encima” y que la necesitaba “urgentemente” reparada.

Isaac reparó la computadora portátil en menos de una semana, pero Hunter nunca más la pasó a buscar. Un año entero pasó, y en abril del 2020, expiró la garantía que había firmado el hijo del ya candidato a presidente, y la laptop pasó a ser propiedad del taller.

En ese momento, Isaac empezó a revisar sus contenidos ya que tenía intenciones de limpiarle el disco para re-venderla como una computadora usada. Sin embargo, mientras exploraba los archivos encontró fotos de Hunter tomando drogas duras, videos contratando prostitutas y una serie de correos electrónicos que lo comprometían legalmente.

En octubre de ese año, Isaac decidió enviarle una copia de sus contenidos al FBI, y vendió otras copias al abogado de Trump, Rudy Giuliani, y a medios como New York Post, Daily Mail y Breitbart. A partir de ese momento, su vida se convertiría en un infierno.

John Paul Mac Isaac.
La tienda de reparación “Mac Shop”, con un cartel que le dejaron los vecinos: “El pueblo te agradece tu valentía. Sos un patriota”.

Según cuenta en un libro de su autoría que saldrá en noviembre, en diciembre del 2020, los dos agentes del FBI con los que se había contactado para enviarles una copia del disco rígido aparecieron una mañana en su taller, y lo amenazaron para que mantuviera silencio y no hablara con la prensa sobre el contenido de la computadora.

Hasta ese momento, Isaac se había mantenido en el anonimato, pero tras el apriete decidió dar la cara, y apareció por primera vez en Fox News, donde contó que él es ciego pero que le mostró grabaciones a sus allegados y éstos le pudieron confirmar que la persona que le dio la computadora era el propio Hunter Biden.

Resulta alarmante que dos agentes del FBI hayan decidido amenazar a Isaac mientras todavía estaba Donald Trump en el poder, y esto revela una fuerte interna dentro de la policía federal de los Estados Unidos, que mantiene una facción adepta al Partido Demócrata esté quien esté en la Oficina Oval.

Según cuenta en su libro, Isaac no se cayó ante las amenazas y les dijo “oigan, muchachos, recordaré cambiar sus nombres cuando escriba el libro“. Según reseña en el New York Post, Isaac cambió los nombres de los agentes: “El agente Wilson siguió caminando, pero el agente DeMeo se detuvo y se volvió hacia mí para decirme que si hablaba de esto públicamente me mataría”.

Es nuestra experiencia que nunca le pasa nada a la gente que no habla de estas cosas”, le dijo este “agente DeMeo”. Sin embargo, tras hablar con su abogado y familiares, decidió que su vida estaría más a salvo si se exponía públicamente. “Decidí hablar con la prensa y no sucumbir ante las amenazas“.

En otra parte del libro, asegura que luego de la asunción de Biden, en enero del 2021, otros dos agentes lo volvieron a visitar y le dijeron que tenía que entregar el disco rígido original al FBI, que la copia que había enviado no era suficiente. Isaac les dijo que no lo iba a hacer, y cuando les recordó que en el taller hay cámaras, los agentes se fueron.

Tras la situación, sin embargo, Isaac tuvo que cerrar su negocio y, según New York Post, “presentó una demanda multimillonaria por difamación en mayo contra el representante demócrata Adam Schiff y una serie de medios de comunicación, incluidos CNN, Daily Beast y Politico, diciendo que lo acusaron falsamente de vender desinformación rusa”.

Tras el allanamiento a la residencia de Trump en Palm Beach por parte del FBI, su historia ahora adquiere un nuevo significado, y revela la magnitud de la red de corrupción que alcanza a varios agentes de la policía federal, hoy en manos del operador judicial demócrata Merrick Garland.

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Estados Unidos

Trump tuvo la posibilidad de allanar a Hillary Clinton pero decidió priorizar la estabilidad política: Hoy lo persiguen a él

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El 20 de enero del 2017 Trump llegaba a la Casa Blanca y su entrante Fiscal General estaba listo para allanar a Hillary Clinton por la eliminación de correos electrónicos, pero el presidente republicano decidió no hacerlo.

El 9 de octubre del 2016, durante el debate presidencial en Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre, el entonces candidato le dijo en la cara a Hillary Clinton que en caso de ganar designaría un fiscal especial para investigar sus crímenes y que si fuera por él, estaría presa.

En su momento, los medios tradicionales alineados al Partido Demócrata explotaron de furia y tildaron al candidato republicano de fascista y de querer perseguir a su principal rival política. Sin embargo, luego de ganar las elecciones y asumir el poder el 20 de enero del 2017, Trump tuvo en su mano la lapicera con la que iba a firmar la investigación de los Clinton, pero decidió no hacerlo.

El ex presidente designó como Fiscal General a Jeff Sessions, por entonces el senador republicano quien más había denunciado a Hillary Clinton durante su paso por la Secretaría de Estado. Todo estaba listo para que el Departamento de Justicia de Trump ordenara un allanamiento y abriera una investigación en su contra. Pero Trump le puso la correa a Sessions, y le pidió que dedicara sus esfuerzos a otras cosas.

Razones para allanar a la ex Primera Dama no le faltaban. Durante su paso por la Secretaría de Estado, la Cancillería de Estados Unidos, Hillary Clinton estableció un correo electrónico en un servidor externo a la Casa Blanca y lo escondió del Servicio Secreto y de las auditorías federales.

Desde ese correo electrónico coordinó cientos de actos delictivos. Ordenó repartir armas a grupos rebeldes en Libia, ataques con drones, habló con empresarios chinos y rusos, e instruyó espionajes masivos a dirigentes extranjeros.

El servidor no estaba dentro de la red .gov de la Casa Blanca, y fue fácilmente hackeado por ciberataques rusos en reiteradas ocasiones entre 2012 y 2014. En diciembre del 2014, sabiendo que había cometido un crímen, Hillary Clinton eliminó 31.830 e-mails a escondidas y destruyó con ácido las computadoras para que sus discos rígidos sean irrecuperables. Estos mails luego serían publicados por WikiLeaks en 2016, ya que fueron hackeados antes de que los borrara.

Un año después, el Congreso abrió una investigación de Hillary Clinton por sus acciones en la desestabilización de Libia que resultó en el asesinato del embajador estadounidense en Bengazi, y en el Comité de Investigación se le pidió que entregue los correos electrónicos del servidor paralelo, un pedido que no pudo cumplir ya que los había borrado todos.

El FBI abrió una investigación paralela de la ex funcionaria de Obama, y el propio director de la policía federal James Comey compareció ante el Comité y testificó que Hillary cometió una serie de crímenes federales en su accionar, pero no recomendó procesarla ya que “no actuó con intención criminal”, una de los mayores blindajes gubernamentales de la historia.

La testificación de Comey no era vinculante, y la decisión de no denunciar a Hillary Clinton provino de la Fiscal General de Obama, Loretta Lynch, quien unas semanas antes de anunciar que no presentaría cargos contra la ex funcionaria se reunió en privado con el ex presidente y marido de Hillary, Bill Clinton.

Cuando Trump ganó las elecciones, todos esperaban que el republicano instruyera a Jeff Sessions que abriera la investigación que Obama no abrió. Esto hubiera implicado un allanamiento a las propiedades de Hillary Clinton para evitar que destruya evidencia, y cualquier juez se vería obligado a firmar la orden ya que existe el antecedente de la eliminación de los e-mails.

Según han contado funcionarios de la Casa Blanca de Trump, el entonces presidente decidió en los primeros días de su mandato no perseguir a Hillary Clinton, ya que eso traería inestabilidad política y acaparía todas las acciones de su gobierno, imposibilitando que promueva su agenda.

A partir de hoy Estados Unidos empieza a sanar. No vamos a designar un fiscal especial para que persiga a Hillary Clinton desde la Casa Blanca, aunque sí le pedimos a los fiscales federales y al Poder Judicial que haga lo que tiene que hacer con un caso criminal tan evidente“, dijo la portavoz de Trump, Kellyanne Conway, pocos días antes que asuma como presidente.

Esto probó ser un gran error. La Justicia no hizo nada por aplicar la ley contra Hillary Clinton, quien quedó completamente en libertad; y a los demócratas no les importó nada el llamado a estabilidad política.

Ni bien tuvieron oportunidad, colocaron un fiscal especial para que lo investigue a él basándose en la teoría conspirativa que inventó la campaña de los Clinton de que Trump trabajaba para el Kremlin. Después de 3 años de investigación, el fiscal Robert Muller exoneró a Trump, y el presidente republicano se creyó que ahí había terminado todo.

Pero los demócratas recién empezaban. Intentaron hacerle un impeachment por una conversación totalmente benigna con el ahora famoso presidente Volodímir Zelénski, luego montaron un sistema de fraude electoral basado en el voto por correo y hasta le hicieron un segundo impeachment.

Por último, ya afuera del Gobierno, los demócratas ahora cruzaron el Rubicón y ordenaron el allanamiento que Trump se negó a hacerle a Hillary Clinton. Biden instruyó a su Fiscal General, Merrick Garland, que ordenara una redada a la residencia de Trump en Miami sin ningún susteno legal y abrió un capítulo oscuro en la historia norteamericana, tal vez el fin de la República.

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