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Estados Unidos

Trump apunta a bajar los precios de los medicamentos cerrando vacíos legales que otros Presidentes permitieron

A través de una orden presidencial, Trump cierra un vacío legal y apunta a ofrecer a los beneficiarios de Medicare los mismos precios en medicamentos que son ofrecidos en Europa. Con esto Trump salda una deuda que tenía el Gobierno hace más de 50 años.

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El pasado domingo 13 de septiembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que tiene como objetivo bajar los precios de los medicamentos asociados al programa estatal “Medicare”, que cubre a más de 70 millones de estadounidenses.

En agosto, Trump estuvo a punto de firmar este decreto pero decidió abrir una mesa de diálogo con las principales empresas farmacéuticas del país (apodadas en inglés “Big Pharma”) para negociar una baja de los precios sin tener que aplicar cambios en el acuerdo que tienen con Medicare.
Sin embargo, luego de casi un mes de discusiones con el Secretario de Salud, Alex Azar, las farmacéuticas se negaron a reunirse con Trump y el Presidente decidió ampliar aún más el alcance del decreto y firmarlo definitivamente.
El decreto original obligaba a Big Pharma a vender medicamentos de Clase D al mismo precio que lo venderían en Europa; ahora el decreto firmado también alcanza a los de Clase B.
Este esquema de “Precio de la Nación Más Favorecida” cierra un “loophole” (vació legal) en el acuerdo entre las grandes empresas y Medicare que fomentaba que los laboratorios produzcan en el exterior y lo importen a Estados Unidos, así podían adjudicarle un precio mayor al medicamento y el Gobierno tenía que salir a subsidiar esa diferencia para evitar precios exuberantes. 
El mandamiento presidencial dictamina que los precios de los medicamentos estarán vinculados al precio de la “nación mas favorecida”, o sea el menor precio al cual la empresa vende ese medicamento entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que posean un PBI similar al estadounidense.

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Lejos de tratarse de una medida relacionada con el control de precios, este decreto evitará que las empresas privadas se aprovechen de un mal acuerdo entre el sector público y privado firmado por ex-Presidentes, fomentará la producción local y aliviará el bolsillo de millones de estadounidenses, que sentían con grave pesar el precio de los medicamentos cuando el Estado no podía salir a subsidiar estos precios inflados.

Desde la Casa Blanca en un momento también se consideró entregar cupones por un valor de 100 dólares a los pacientes pertenecientes al programa Medicare, lo cual podría haber significado un ahorro en el bolsillo de los consumidores de hasta 25 millones de dólares en medicamentos, pero sin embargo la medida fue vista como demasiado expansiva y poco viable. 

”Los precios están bajando RAPIDAMENTE!. También termina con todos los reembolsos a intermediarios reduciendo así aún más su precio”, publicó Donald Trump a través de Twitter. 

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Trump había firmado el pasado 24 de julio una serie de decretos destinados al mercado de los medicamentos, que tenían por objetivo terminar con la cartelización entre laboratorios, farmacéuticas y farmacias. 

Por acuerdos que datan de décadas atrás para bajar los precios de los medicamentos, los laboratorios le venden con enormes descuentos a las farmacias, que son el distribuidor minorista, pero que no estaban obligados por ley a pasar este descuento a los clientes. Este fue otro “loophole” que evitaba que bajen los precios, que todos los presidentes desde la década del ’70 prometieron cerrar pero que nadie cumplió.

Esta medida generó un fuerte descontento entre las industrias farmacológicas.  Los CEOs de Pfizer, Sanofi, GlaxoSmithKline y Eli Lilly respondieron en una conferencia de prensa diciendo que “esta orden significa una enorme distracción a la industria bioframéutica mientras pelea contra el COVID-19

Por su parte, Pfizer, que logró enormes acuerdos multimillonarios para una vacuna contra el coronavirus de la cual tendrán inmunidad legal por sus efectos secundarios, anunciaron que después de esta medida van a “reconsiderar expandirse en Estados Unidos o echar personal“, lo cual es visto más como una amenaza que un hecho, ya que Pfizer viene ganando fortunas por sus inversiones en Estados Unidos.

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Estados Unidos

Enloqueció Biden: Envió al FBI a allanar a Trump en Mar-A-Lago, rompió sus cajas fuertes y se llevó sus computadoras

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Como Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o Evo Morales en Bolivia, el gobierno federal utiliza como un arma política a las agencias de seguridad para apretar opositores.

El FBI allanó Mar-a-Lago, el masivo complejo de hoteles del expresidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, que también funciona como base de operaciones del equipo político del líder republicano.

En una larga declaración, Trump anunció que su residencia estaba “sitiada, siendo allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”. Según el ex mandatario, la redada fue “sin previo aviso”, le forzaron la caja fuerte y se llevaron todas sus pertenencias, incluidas computadoras.

Según fuentes republicanas, el ataque del FBI de Biden a la propiedad del ex presidente tiene que ver con la investigación del Comité del 6 de Enero, una comisión legislativa, sin poder judicial, que se arrogó las facultades de investigar a Trump por su participación en la organización de la marcha en Washington DC que concluyó con el ingreso al Capitolio durante la Sesión Conjunta del Congreso.

Según la orden judicial, que todavía no fue publicada pero se la habrían mostrado al abogado del ex presidente luego de ingresar por la fuerza a su propiedad, el Comité cree que Trump puede destruir evidencia y por lo tanto le pidieron a un juez que habilitara el allanamiento.

Es importante aclarar que esto no tiene asidero legal, y que cualquier juez que no esté alineado con la persecución política del Partido Demócrata hubiera descartado el pedido inmediatamente. Trump no está siendo investigado por ninguna causa en la Justicia, por lo que una redada para que no destruya evidencia no tiene sentido legal: la evidencia solo es considerada como tal en el contexto de un juicio en un tribunal.

Según informa NBC, Trump no se encontraba en Mar-A-Lago en el momento del ataque, si no que está pasando el verano estadounidense en su su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, desde donde mantiene reuniones de alto perfil con sus candidatos para las elecciones de noviembre.

El Departamento de Justicia, conducido por el operador judicial demócrata Merrick Garland, informó que la orden judicial fue procurada por la Casa Blanca, en el contexto de una investigación paralela que encabeza el Fiscal General, que se mantuvo oculta hasta hoy sobre las acciones del ex presidente en su última semana en el poder.

Así, Joe Biden, como Nicolás Maduro de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, Raúl Castro de Cuba, o Evo Morales en Bolivia, utilizó a la agencia federal de seguridad para atacar a su principal opositor político y está preparando todo para enjuiciarlo y evitar que se presente en 2024.

En un comunicado que subió a su red social Truth, Trump contó lo sucedido:

“Estos son tiempos oscuros para nuestra nación, ya que mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, se encuentra actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca antes le había pasado algo así a un presidente de los Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada. Es la mala conducta de los fiscales, el armamento del sistema de justicia y un ataque de los demócratas radicales de izquierda que desesperadamente no quieren que me postule para presidente en 2024, especialmente según las encuestas recientes, y que también harán cualquier cosa para detener a los republicanos y conservadores. en las próximas Elecciones de Medio Término. Tal asalto solo podría tener lugar en países del Tercer Mundo quebrantados. Tristemente, Estados Unidos se ha convertido ahora en uno de esos países, corrupto a un nivel nunca antes visto. ¡Incluso entraron en mi caja fuerte! ¿Cuál es la diferencia entre esto y Watergate, donde los operativos republicanos irrumpieron en el Comité Nacional Demócrata? Aquí, a la inversa, los demócratas irrumpieron en la casa del 45º presidente de los Estados Unidos.

La persecución política del presidente Donald J. Trump ha estado ocurriendo durante años, con la ahora completamente desacreditada Rusia, Rusia, la estafa de Rusia, el engaño de juicio político #1, el engaño de juicio político #2 y mucho más, simplemente nunca termina. ¡Es un objetivo político al más alto nivel!

A Hillary Clinton se le permitió borrar y lavar con ácido 33.000 correos electrónicos DESPUÉS de que fueran citados por el Congreso. No ha pasado absolutamente nada que la haga responsable. Incluso se llevó muebles antiguos y otros artículos de la Casa Blanca.

Me enfrenté a la corrupción burocrática de Estados Unidos, restauré el poder a la gente y realmente entregué por nuestro país, como nunca antes lo habíamos visto. El establecimiento lo odiaba. Ahora, mientras ven a mis candidatos respaldados obtener grandes victorias y ven mi dominio en todas las encuestas, están tratando de detenerme a mí y al Partido Republicano una vez más. La anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas.

¡Seguiré luchando por el Gran Pueblo Americano!”

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Estados Unidos

Persecución Política Demócrata: Condenan a Alex Jones por difamación sin dejarle presentar evidencia ni testigos

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El conductor de InfoWars había afirmado que el tiroteo escolar de Sany Hook fue falsificado por Obama con actores. Los padres lo denunciaron por difamación en un juicio con una condena sin precedentes.

El popular conductor y dueño de InfoWars, Alex Jones, fue condenado por difamación a los padres de una de las víctimas de la masacre de la Escuela Primaria Sandy Hook en 2012.

Un jurado de Texas sentenció al comentarista a pagar más de US$ 45 millones en daño punitivos y US$ 4 millones en daños compensatorios, aunque solo terminará pagando US$ 13 millones, ya que Texas tiene un tope legal de US$ 9 millones para punitorios.

La causa investigaba los dichos de Alex Jones pronunciados al aire pocos días después del atentado, cuando dijo que para él la masacre había sido un engaño orquestado por el gobierno de Obama para justificar leyes de control de armas.

En un segmento de su programa, Alex Jones analizó la extraña actitud de Robbie Parker, uno de los padres de una niña de 6 años asesinada en el brutal ataque, que se reía mientras hablaba de la muerte de su hija.

A su vez, Jones se refirió de Neil Helsin, padre del asesinado Jesse Lewis, también de 6 años, quien también estaba presente en la conferencia de prensa, y los tildó a todos de ser “actores de crisis contratados para hacerse pasar por padres de niños asesinados”.

Es justamente Helsin quien lo denunció por difamación en esta oportunidad, asegurando que sus dichos “le generaron un infierno” en su vida privada, con amigos y familiares acusándolo de trabajar para el gobierno, aunque no presentó evidencia de esto en la corte.

A pesar de que Alex Jones admitió haberse equivocado, y en repetidas ocasiones pidió perdón al aire por sus dichos y retractó sus palabras, los padres de Jesse Lewis decidieron demandarlo por 150 millones de dólares.

Generalmente el dinero en un caso de difamación se paga en reparación por daños ocasionados, por ejemplo si la víctima fue despedido de su trabajo por el relato creado alrededor de su figura en la difamación, pero nada de esto ocurrió con la familia Helsin.

Han habido otro tipo de casos de este estilo en el pasado, y la gran mayoría de veces se resolvió en mediación, donde una de las partes promete retractar sus palabras y pagar el costo del juicio. Pero los padres estaban empecinados en “destruir a Alex Jones”.

Y así lo dijo su abogado Wesley Ball, un desagradable operador político que trabaja como comentarista en CNN, MSNBC, Bloomberg, CBS, ABC y otros canales del establishment. “Le pido que con su veredicto, no solo hagan que Alex Jones tenga que pagar por los daños ocasiones, les pido que destruyan la plataforma por la cual Alex Jones habla. Les pido que se aseguren de que no pueda reconstruir su plataforma. Eso es lo que importa”, dijo el abogado Ball al jurado.

El jurado hizo caso, y dio US$ 45 millones en daños punitivos, un valor que nunca antes se había dictaminado para una difamación de este estilo. El propio Alex Jones había testificado que cualquier sentencia que superara los US$2 millones “hundiría” a la empresa matriz de Infowars, Free Speech Systems

La compañía se declaró en bancarrota al comienzo del juicio de dos semanas, una estrategia legal que muchos creen que fue para que el resultado de esta demanda no impacte en los balances de su compañía.

Un economista contratado por Wesley Ball estimó que InfoWars tiene un valor de US$270 millones, y que Alex Jones retiró $62 millones para sí mismo el año pasado en concepto de ganancias, aunque Jones aseguró que esa plata fue reinvertida en la empresa.

A pesar del impactante resultado económico del juicio, lo que más preocupaciones levantó en la sociedad norteamericana es cómo se llevó a cabo el proceso judicial. La jueza designada para la causa fue Maya Guerra Gamble, una activista de extrema izquierda y abiertamente defensora del Partido Demócrata.

La jueza Guerra Gamble rechazó todos y cada uno de los testigos que quiso llamar Alex Jones para probar su inocencia e incluso no le permitió registrar evidencia al juicio. El propio conductor quiso tomar el estrado y la jueza lo denegó, solo para después permitirlo cuando el abogado de los padres lo llamó a testificar.

En otra situación similar, Alex Jones intentó presentar sus mensajes de texto del 2012 con los demás trabajadores de su medio, donde les decía que no creía que los padres fueran actores. La jueza lo denegó.

Sin embargo, luego por alguna razón estos mensajes terminaron en las manos del abogado Wesley Ball, según él por un error del abogado de la defensa que se lo envió por mail cuando se lo quería enviar a la jueza, pero según Alex Jones, su teléfono fue hackeado.

En esa oportunidad, la jueza admitió que sean ingresados como evidencia, no para la defensa si no para la acusación, ya que en uno de todos los mensajes que Jones quería presentar, le comentaba a su productor que conservara el segmento del programa donde hablaba de los padres para subir a la página web, avalando supuestamente sus dichos.

La jueza dirigió constantemente el caso en contra de Alex Jones y despertó la polémica. Rápidamente aparecieron imágenes suyas de Facebook donde llamaba a “votar por todos los demócratas“, y tapizaba su foto de perfil con la bandera LGBT, con el certificado de que se había vacunado (y el eslógan de la campaña de vacunación de Biden “podemos hacerlo”) e incluso una foto con pelo teñido de azul llamado a todos a que “se queden en casa” durante el 2020.

El equipo de abogados de Jones intentó presentar esto como evidencia de que el juicio no fue objetivo y pidió anular el juicio, pero el petitorio fue rechazado tan solo un día después de su presentación, cuando estos pedidos, conocidos como “mistrail” pueden tardar varias semanas.

A Alex Jones solo le queda la posibilidad de apelar la decisión, lo cual elevaría la decisión judicial a una corte superior. Los actuales jueces de la Corte Suprema de Texas son todos republicanos, por lo que podría insistir con las apelaciones hasta llegar a su despacho.

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Estados Unidos

Senado aprueba ley fiscal, climática y tributaria de Biden: Nuevos impuestos, más inflación y persecución impositiva

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El gobierno aumentará el gasto público en 800 millones de dólares en los próximos 10 años. La mitad del gasto irá en “reactivar la economía” y la otra mitad en estimular la “transición verde”.

En una votación muy ajustada, y tras algunos retoques de última hora, el Senado aprobó el mega proyecto fiscal, climático y sanitario con el que Joe Biden pretende “combatir la inflación”, que ahora debe ser votada por la Cámara de Representantes, donde ya tiene los votos y será aprobado fácilmente.

La “Ley para Terminar con la Inflación“, como se la apodó oficialmente aunque no contempla ningún control monetario, elevará el gasto público, habilita a Biden a tomar más deuda, sube impuestos, y hasta incluso habilita a la IRS a utilizar armas de fuego en la recolección de impuestos, en un intento por reducir la evasión.

Entre bostezos y caras de sueño, luego de 30 horas de sesión, la vicepresidente Kamala Harris utilizó su poder de desempate para aprobar la ley luego de una votación dividida en el Senado con 50 republicanos en contra y 50 demócratas a favor.

Esta es la primera ley importante que Biden aprueba en meses, dado que existe una regla en el Senado conocida como “filibuster“, que requiere el apoyo de 60 senadores para empezar a debatir cualquier proyecto. De esta manera, generalmente si los demócratas no consiguen el apoyo de 10 senadores republicanos, no pueden votar ninguna ley.

Sin embargo, Kamala Harris ideó un plan para poder eludir el filibuster. El Partido Demócrata presentó el proyecto de ley como una reconciliación presupuestaria de una ley del año pasado, lo cual no necesita del filibuster.

El gobierno solo puede hacer una reconciliación presupuestaria por año, por lo que esta es la última bala que tiene Biden para salir de la crisis antes de las elecciones legislativas de noviembre, donde por el momento todas las encuestas coinciden que los republicanos recuperarán el control de ambas cámaras del Congreso.

La norma habilita un aumento del gasto público en unos 430.000 millones de dólares en los próximos 10 años, un aumento del 2,15% del PBI anual. Según el texto, este enorme agujero fiscal se financiará en el corto plazo con deuda y emisión, pero se espera generar ingresos al Estado por unos 740.000 millones de dólares a traves de nuevos impuestos y un mejor combate a la evasión fiscal.

Analistas privados están de acuerdo que la estimación de recaudación de 740.000 millones de dólares es irreal, y las previsiones más conservadores coinciden en que no van a poder aumentar la recaudación en más de 200.000 millones, por lo que esto generará un mayor déficit, que deberá ser financiado con emisión (o deuda, que es emisión futura), lo que llevará a mayor inflación.

Cabe aclarar que el plan original, que había sido ya aprobado en la Cámara Baja, suponía un aumento de gasto de 3,5 billones (3.500.000 millones) de dólares, pero naufragó en la Cámara Alta luego de que el senador demócrata de West Virginia, el conservador Joe Manchin, rechazara dar su voto para el 50-50.

La mega-ley también abarca cuestiones climáticas. La norma también apunta a movilizar unos 369.000 millones de dólares adicionales en subsidios e incentivos fiscales para impulsar las energías renovables con el objetivo de reducir en un 40% para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todo esto se espera pagar con un nuevo “impuesto a la riqueza” del 15% para las compañías que declaren ganancias por más de 1.000 millones de dólares, un tributo que se deberá pagar antes de las deducciones, créditos fiscales y otras maniobras de ingeniería fiscal que reducen ante el fisco las ganancias imponibles.

Por último, la ley permite a la IRS, la agencia federal de recolección de impuestos, a armar a su personal al mismo nivel que el FBI o la ATF, por lo que ahora los agentes fiscales de Estados Unidos también estarán armados.

Con esta decisión se espera poder combatir la evasión fiscal “de manera más efectiva”, y se creará un grupo de trabajo para realizar “operaciones de campo” de inteligencia, espionaje, escuchas y grupos de asalto sobre personas sospechadas de evadir impuestos, algo para lo que previamente debían obtener una orden de un juez y pasarle el caso al FBI.

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