Como anticipó el Presidente Javier G. Milei, la Argentina apelará esta decisión y solicitará que los efectos se suspendan hasta que se resuelva la apelación, sin perjuicio de que la jueza Preska seguramente pida a cambio una garantía de pago.
Claro está que, a esta altura y tras un largo camino recorrido, fue la propia historia la que dejó a Kicillof en el lugar del verdadero tarado de esta película.
Es que su actuar doloso –lo cual implica que siempre tuvo la intención de defraudar al Estado– dejó a la Argentina en la peor situación posible debido al incumplimiento de las cláusulas estatutarias que la propia YPF se había impuesto. Kicillof, sencillamente, decidió de manera deliberada hacer caso omiso de las normas derivando en un perjuicio al Estado que, con intereses, supera los 25.000 millones de dólares.
Sostener que el proceder de Kicillof es doloso no resulta caprichoso. Es lo que se desprende de sus propias decisiones y manifestaciones al momento de la expropiación de YPF. Actitud que, a toda luz, es cuanto menos punible desde la perspectiva del abuso de autoridad, la violación de deberes de funcionario público, la malversación de caudales públicos y, por qué no, del fraude en perjuicio del Estado.
Sin dudas, la responsabilidad de Kicillof debe ser investigada y juzgada. De ningún modo puede admitirse que un perjuicio como este –que estamos pagando todos los argentinos– quede impune.
Cuestión que también interpela a la sociedad puesto que, cada dos años, debemos elegir a nuestros representantes en virtud del sistema democrático que impera en nuestro país. Y como miembros de este cuerpo social, no podemos permitirnos que ineptos, delincuentes, o simplemente pelotudos, ocupen lugares de poder. Su poder de daño es incomparable, y la historia no nos permite mentir al respecto.
