Por fin la Justicia bonaerense empezó a hacer lo que el sentido común venía reclamando hace años. En Daireaux, el juez Pablo Cristian Germain, del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, dictó un fallo histórico: declaró nula (total o parcialmente) la tasa vial, ordenó devolver dinero a los productores y dejó en evidencia que una parte importante de lo recaudado (entre el 22% y el 27% según los años) se desviaba a rentas generales en vez de ir a los caminos rurales.
En Henderson, el mismo juez le dio un ultimátum al intendente ultrakirchnerista Luis Pugnaloni para que deje de dilatar la entrega de balances y documentación detallada de los últimos 48 meses sobre el uso de la tasa vial.
En el mismo sentido, en Baradero y Azul, la Cámara y los juzgados están obligando a los municipios a mostrar qué hicieron con los cientos de millones que cobraron en concepto de tasas viales.
Esto no es un tecnicismo jurídico. Es el fin de un curro clásico: cobrar una tasa supuestamente retributiva (es decir, a cambio de un servicio concreto) y gastársela en cualquier cosa menos en ese servicio. Los productores rurales, que son los que más pagan y los que más necesitan caminos transitables para sacar su producción, se cansaron. Ya no aceptan que su plata termine financiando festivales, empleados políticos de más, publicidad oficial o cualquier otro gasto suntuario mientras los caminos se convierten en barrial después de cada lluvia.
Y acá viene la clave: este cambio de paradigma no es casual. Se da exactamente en el marco que impuso Javier Milei desde el primer día de su gobierno. Cuando el Presidente puso el foco en el déficit cero, en la reducción del gasto público y en la exigencia de que cada peso del Estado tenga que justificarse, no lo hizo solo para la Nación. El mensaje llegó a provincias y municipios: el tiempo del “gasta lo que quieras y después pedís más coparticipación” se terminó. Milei no les sacó recursos de un día para el otro; simplemente les exigió que dejen de despilfarrar los que ya tienen. Y los ciudadanos, especialmente los del campo, tomaron nota.
Porque una tasa vial no es un impuesto encubierto. Es un contrato: pago para que me mantengas el camino. Si el camino está intransitable, si no hay máquinas trabajando, si el dinero se va a otra parte, el contrato se rompe. Y la Justicia, por primera vez con contundencia, lo está reconociendo. No es “anti-intendentes”. Es pro-pagadores de impuestos. Es defender el derecho de propiedad y la razonabilidad tributaria que la Corte Suprema viene recordando hace años.
