Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO- comenzaron en 2009, cuando Cristina Kirchner concibió la ley 26.571, justificada ampulosamente como una "Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral". Quince años después, la realidad demostró que no se democratizó, transparentó ni se logró equidad en nada. El sistema se aplicó por primera vez en 2011 y luego en 2015, 2019 y 2023.
Aparentemente proponía que en vez de acuerdos de cúpula, fueran los ciudadanos quienes definiesen los candidatos de cada partido. Afiliados o no, todos podrían votar sin importar su afiliación, de manera simultánea un mismo día pero eso sí: sería obligatorio para los votantes y para los partidos.
En realidad, las PASO son una elección previa a la definitoria, que fuerza a votar a más de 35 millones de personas, desplegando fuerzas de seguridad, vehículos, sistema postal, edificios escolares y autoridades de mesa. Se imprimen y reparten millones de boletas y miles de urnas que a los pocos días son basura. Una logística apabullante debe cubrir todo el territorio del 8.º país más grande del mundo.
Miles de millones de pesos pagados por la misma gente que carece de suficiente seguridad, salud y otros servicios esenciales pero que vota PASO cada 4 años, y solo para que a los 60 días, haya que volver a repetir todo el proceso para votar candidatos.
La gente está obligada a votar y pagar dos veces por algo que solo requiere una elección.
El costo de esa duplicación es enorme: en 2023, el gasto electoral total fue de los más elevados desde 2009. Es el trabajo de la gente, convertido en su dinero, confiscado vía impuestos, solo para que la clase política se ahorre el dinero que tendrían que poner de su bolsillo los que realmente aprovechan de las PASO.
El tiempo demostró que la promesa de “democratizar” la selección de candidatos era una hipocresía pura, porque la inmensa mayoría de los partidos presentaron listas únicas en todas las PASO.
