Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO- comenzaron en 2009, cuando Cristina Kirchner concibió la ley 26.571, justificada ampulosamente como una "Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral". Quince años después, la realidad demostró que no se democratizó, transparentó ni se logró equidad en nada. El sistema se aplicó por primera vez en 2011 y luego en 2015, 2019 y 2023.
Aparentemente proponía que en vez de acuerdos de cúpula, fueran los ciudadanos quienes definiesen los candidatos de cada partido. Afiliados o no, todos podrían votar sin importar su afiliación, de manera simultánea un mismo día pero eso sí: sería obligatorio para los votantes y para los partidos.
En realidad, las PASO son una elección previa a la definitoria, que fuerza a votar a más de 35 millones de personas, desplegando fuerzas de seguridad, vehículos, sistema postal, edificios escolares y autoridades de mesa. Se imprimen y reparten millones de boletas y miles de urnas que a los pocos días son basura. Una logística apabullante debe cubrir todo el territorio del 8.º país más grande del mundo.
Miles de millones de pesos pagados por la misma gente que carece de suficiente seguridad, salud y otros servicios esenciales pero que vota PASO cada 4 años, y solo para que a los 60 días, haya que volver a repetir todo el proceso para votar candidatos.
La gente está obligada a votar y pagar dos veces por algo que solo requiere una elección.
El costo de esa duplicación es enorme: en 2023, el gasto electoral total fue de los más elevados desde 2009. Es el trabajo de la gente, convertido en su dinero, confiscado vía impuestos, solo para que la clase política se ahorre el dinero que tendrían que poner de su bolsillo los que realmente aprovechan de las PASO.
El tiempo demostró que la promesa de “democratizar” la selección de candidatos era una hipocresía pura, porque la inmensa mayoría de los partidos presentaron listas únicas en todas las PASO.
Y hay algo más grave: las PASO son una encuesta obligatoria pagada por nosotros, con externalidades negativas en lo económico, lo financiero y lo político, que altera a la elección que realmente vale, y que nos hace perder dinero dos veces: al pagarla y al sufrir las consecuencias de la inestabilidad que provocan.
El caso más evidente y extremo fue en 2019, porque los casi 16 puntos que aventajaron a Alberto Fernández sobre Macri desencadenaron corrida cambiaria, devaluación abrupta y salto inflacionario que empobrecieron a los millones de argentinos. Este sistema electoral, en vez de consolidar la democracia, la debilitó y provocó una crisis económica. No fue accidental, sino estructural.
Por otra parte, ninguno de los partidos que defienden la existencia de las PASO explican lo básico: ¿por qué la gente debe pagar internas de los partidos políticos? Un partido es, en términos políticos, jurídicos y económicos, una asociación voluntaria de ciudadanos, cuyas disputas internas, organización y candidatos son asuntos privados de sus afiliados.
Si ellos quieren votar quienes los representan, deben pagar el costo igual que cada uno de nosotros paga por sus preferencias en su propia vida personal y social. La libertad no da otra opción: la gente, aunque la llamemos “Estado” no tiene por qué pagar la interna del peronismo, radicalismo, PRO, LLA ni de nadie.
Es la antítesis de la democratización: es pleno sometimiento de todos a las decisiones de unos poquísimos, al mínimo grupito de los dirigentes partidarios que deciden estas medidas y las visten con leyes, decretos y sentencias que se concibieron para garantizar nuestra libertad, no los privilegios de casta de los políticos.
