Durante años, en la Argentina se celebraron decisiones que, en cualquier otro contexto, hubieran sido vistas como lo que realmente eran: actos de apropiación política. La expropiación de YPF fue presentada como un gesto de soberanía, una recuperación histórica, una épica nacional. Pero detrás del relato había algo mucho más simple y mucho más grave: la convicción de que un grupo de personas con poder puede disponer de lo que no es suyo. YPF no fue un error. Fue una definición.
No se trató de una mala evaluación técnica ni de un cálculo económico equivocado. Fue una decisión tomada por individuos concretos que ejercían poder político, basada en una idea profundamente arraigada: que la propiedad privada puede ser subordinada a fines definidos desde el poder. Si el poder puede decidir sobre lo que es tuyo, entonces nunca fue realmente tuyo. Era algo que te dejaban tener… hasta que decidieron quedárselo.
Esa es la diferencia central que muchas veces se oculta. En el mercado, los intercambios son voluntarios: nadie puede apropiarse de lo ajeno sin consentimiento. En cambio, cuando interviene el poder estatal, lo que aparece es otra lógica: individuos que pueden imponer decisiones sobre otros, obligar, transferir recursos sin acuerdo. No es un problema de eficiencia. Es un problema de legitimidad. La expropiación de YPF no fue simplemente una mala decisión económica; fue el uso de la coerción por parte de quienes tenían poder para avanzar sobre la propiedad de otros.
Durante años, esa decisión fue celebrada. Quienes la impulsaron obtuvieron reconocimiento, capital político y validación pública. Se habló de independencia energética, de recuperación de recursos, de dignidad nacional. El beneficio fue inmediato para quienes tomaron la decisión. El costo, en cambio, no desapareció. Solo fue desplazado en el tiempo y transferido a otros. Quienes deciden capturan beneficios inmediatos. Quienes no participaron en esas decisiones terminan cargando con las consecuencias.
Ese es el mecanismo. Siempre el mismo. Pero el problema no es solo cuándo aparece la factura, sino que desde el inicio hubo personas obligadas a pagar. Porque cada intervención implica una transferencia: lo que unos ganan, otros lo pierden sin haberlo elegido. A diferencia del mercado, donde el intercambio crea valor para ambas partes, la acción estatal implica que unos se benefician a costa de otros mediante la fuerza.
Hoy, incluso frente a un fallo favorable al Estado argentino en el plano judicial, el tema de fondo permanece intacto. No hubo perjuicio económico directo en este caso concreto. Pero eso no cambia la naturaleza de lo ocurrido. La legitimidad de una acción no depende de su resultado, sino de su principio. Y el principio que estuvo en juego fue la violación del derecho de propiedad.
