Durante años, en la Argentina se celebraron decisiones que, en cualquier otro contexto, hubieran sido vistas como lo que realmente eran: actos de apropiación política. La expropiación de YPF fue presentada como un gesto de soberanía, una recuperación histórica, una épica nacional. Pero detrás del relato había algo mucho más simple y mucho más grave: la convicción de que un grupo de personas con poder puede disponer de lo que no es suyo. YPF no fue un error. Fue una definición.
No se trató de una mala evaluación técnica ni de un cálculo económico equivocado. Fue una decisión tomada por individuos concretos que ejercían poder político, basada en una idea profundamente arraigada: que la propiedad privada puede ser subordinada a fines definidos desde el poder. Si el poder puede decidir sobre lo que es tuyo, entonces nunca fue realmente tuyo. Era algo que te dejaban tener… hasta que decidieron quedárselo.
Esa es la diferencia central que muchas veces se oculta. En el mercado, los intercambios son voluntarios: nadie puede apropiarse de lo ajeno sin consentimiento. En cambio, cuando interviene el poder estatal, lo que aparece es otra lógica: individuos que pueden imponer decisiones sobre otros, obligar, transferir recursos sin acuerdo. No es un problema de eficiencia. Es un problema de legitimidad. La expropiación de YPF no fue simplemente una mala decisión económica; fue el uso de la coerción por parte de quienes tenían poder para avanzar sobre la propiedad de otros.
