El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Tierra del Fuego dictó un fallo que declara la nulidad de la inscripción societaria de Leolabs Argentina S.R.L. ante la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial. La empresa, controlada mayoritariamente por capitales británicos (a través de Leo Labs Limited del Reino Unido y otra entidad vinculada), operaba un radar de vigilancia espacial en las cercanías de Tolhuin, a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas.
Aunque el juez Gustavo González rechazó la disolución y liquidación total de la sociedad solicitada por la IGJ (al considerar que la cancelación administrativa del permiso no era aún “firme”), ordenó cancelar la inscripción registral una vez que la sentencia quede firme. Esto deja a la empresa como una mera “sociedad de hecho” sin personería jurídica regular para operar en el país, imposibilitándola de facto de continuar sus actividades legales.
El radar “Nidas 1 D” o Argentina Space Radar (AGSR), instalado en la estancia El Relincho, fue autorizado de manera precaria en noviembre de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández (con fuerte influencia de Cristina Kirchner) por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El corazón del problema: una decisión política irresponsable
El caso desnuda una de las mayores traiciones del kirchnerismo en política exterior y de defensa: aprobar la instalación de un radar con capitales británicos en el extremo sur del continente, en plena zona de reclamo soberano por Malvinas, sin una evaluación seria de los riesgos geopolíticos.
