El caso desnuda una de las mayores traiciones del kirchnerismo en política exterior y de defensa: aprobar la instalación de un radar con capitales británicos en el extremo sur del continente.
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El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 de Tierra del Fuego dictó un fallo que declara la nulidad de la inscripción societaria de Leolabs Argentina S.R.L. ante la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial. La empresa, controlada mayoritariamente por capitales británicos (a través de Leo Labs Limited del Reino Unido y otra entidad vinculada), operaba un radar de vigilancia espacial en las cercanías de Tolhuin, a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas.
Aunque el juez Gustavo González rechazó la disolución y liquidación total de la sociedad solicitada por la IGJ (al considerar que la cancelación administrativa del permiso no era aún “firme”), ordenó cancelar la inscripción registral una vez que la sentencia quede firme. Esto deja a la empresa como una mera “sociedad de hecho” sin personería jurídica regular para operar en el país, imposibilitándola de facto de continuar sus actividades legales.
El radar “Nidas 1 D” o Argentina Space Radar (AGSR), instalado en la estancia El Relincho, fue autorizado de manera precaria en noviembre de 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández (con fuerte influencia de Cristina Kirchner) por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
El corazón del problema: una decisión política irresponsable
El caso desnuda una de las mayores traiciones del kirchnerismo en política exterior y de defensa: aprobar la instalación de un radar con capitales británicos en el extremo sur del continente, en plena zona de reclamo soberano por Malvinas, sin una evaluación seria de los riesgos geopolíticos.
El Ministerio de Defensa, en informes incorporados al expediente, señaló que el radar podía monitorear actividad satelital argentina (civil y militar), detectar lanzamientos no cooperativos, interceptar señales y proveer inteligencia estratégica a potencias extranjeras, incluyendo posibles vínculos con la red “Five Eyes” (donde participa el Reino Unido).
Su ubicación estratégica cerca de bases militares argentinas y su potencial como “blanco” en un eventual conflicto agravaban el escenario. Todo esto, en el marco de la Directiva de Política de Defensa Nacional (Decreto 457/2021), que precisamente obliga a fortalecer la vigilancia ante la presencia británica ilegal en Malvinas.
Aun así, bajo la gestión kirchnerista se habilitó con una autorización precaria, sin consultar adecuadamente a Defensa ni a Cancillería en las etapas iniciales, según denuncias de veteranos de Malvinas y legisladores. La empresa matriz opera una red global de radares para “Space Domain Awareness” (vigilancia del dominio espacial), un campo cada vez más militarizado, y ha colaborado abiertamente con proyectos de defensa de EE.UU. y aliados.
Llamarlo “radar para rastrear basura espacial” fue, en el mejor de los casos, una ingenuidad peligrosa; en el peor, una deliberada minimización de riesgos para avanzar con una inversión de capitales ingleses. En Tierra del Fuego, tierra de veteranos y de memoria viva de los 649 caídos en Malvinas, esto generó rechazo inmediato y fundado.
Jorge Taiana en TDF AIAS en abril de 2023. Foto: Argentina.gob.ar
Un fallo que llega tarde, pero corrige un error grave
El juez priorizó correctamente el interés público y la seguridad nacional por sobre el principio de conservación de la empresa. Citó la trascendencia social del tema en la provincia y los informes técnicos que alertaban sobre incompatibilidad con la política de defensa argentina.
La nulidad de la inscripción es un paso importante: sin personería jurídica plena, la operación se vuelve mucho más complicada.
Sin embargo, el fallo también deja en evidencia fallas previas del propio Estado: la IGJ provincial y los organismos nacionales aprobaron inicialmente la constitución societaria y la autorización sin los recaudos suficientes. El kirchnerismo habilitó lo que hoy, incluso bajo otro gobierno, se reconoce como un riesgo.
Veteranos de Malvinas y sectores soberanistas vienen denunciando esto desde 2023. Hoy la Justicia de Tierra del Fuego da una respuesta parcial, pero firme en lo registral. Falta aún la remoción física del equipamiento y la confirmación de que no queden puertas traseras para que la misma red (quizá bajo otra carátula estadounidense) intente volver.
