La primera gran intervención doctrinal de León XIV sobre la inteligencia artificial deja una sensación ambivalente. Por un lado, identifica con precisión un problema real: la tecnología no es neutral respecto de la cultura, las instituciones y la dignidad humana. La expansión de sistemas capaces de influir sobre decisiones, información y relaciones sociales abre interrogantes que trascienden la mera eficiencia económica.
Sin embargo, cuando el documento avanza desde el diagnóstico hacia las soluciones, aparecen tensiones que merecen atención.
La encíclica insiste en la necesidad de regulación, coordinación institucional y mecanismos de gobernanza internacional para supervisar el desarrollo de la inteligencia artificial. El planteo parece razonable a primera vista. Pero inmediatamente surge una pregunta que atraviesa toda la tradición libertaria: ¿quién controla a quienes controlan?
La historia política ofrece una lección incómoda. Los organismos regulatorios rara vez permanecen ajenos a los intereses que deberían vigilar. Con frecuencia terminan capturados por grandes corporaciones, grupos de presión o burocracias que desarrollan objetivos propios. El problema del poder no desaparece cuando se traslada desde una empresa tecnológica hacia un organismo estatal o supranacional; simplemente cambia de manos.
La preocupación central debería pasar por pensar qué podría hacer un aparato político con capacidad de supervisar, censurar o dirigir el desarrollo tecnológico a escala global. Como advirtió Murray Rothbard, el Estado posee incentivos estructurales para expandir sus atribuciones más allá de los límites inicialmente prometidos.
La encíclica también cuestiona la "idolatría del lucro". La observación apunta a un fenómeno real: ninguna sociedad puede reducir todas las dimensiones humanas al beneficio económico. Sin embargo, existe el riesgo de confundir dos cuestiones distintas.
El lucro no constituye necesariamente una forma de explotación. En una economía de mercado, la ganancia suele ser la señal de que una empresa logró satisfacer necesidades ajenas de manera más eficiente que sus competidores. El beneficio económico no es, por definición, una anomalía moral, sino una herramienta de coordinación social basada en intercambios voluntarios.
La cuestión relevante no es la existencia de ganancias, sino la existencia de privilegios. No es lo mismo una fortuna construida mediante innovación y competencia que una obtenida gracias a regulaciones diseñadas para bloquear rivales o capturar rentas políticas.
Otro aspecto llamativo es el énfasis colocado sobre los riesgos de la tecnología y la relativa escasez de referencias a los mecanismos espontáneos de adaptación social. La historia económica muestra que los mayores saltos de prosperidad no surgieron de planes centralizados sino de procesos descentralizados de innovación, competencia y descubrimiento empresarial.
