El sistema de formación médica en Argentina dará un giro histórico a partir de 2026. En un paso que consolida la autonomía provincial y responde a una demanda largamente postergada, cada jurisdicción organizará y financiará sus propios exámenes de ingreso a residencias médicas. La medida, adoptada en la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) encabezada por el ministro nacional Mario Lugones, llega tras el escándalo por fraude en el Examen Único de Residencias 2025.
“El sistema de salud es jurisdiccional. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fueron financiadas por Nación. A partir de ahora, los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, afirmó Lugones, destacando que la salud y la formación profesional deben adaptarse a las realidades locales.

La decisión no solo pone fin al esquema centralizado, sino que también responde a la irregularidad detectada en la última convocatoria: ninguno de los 117 aspirantes que debieron rendir nuevamente el examen logró mantener la nota original, y 109 de ellos eran extranjeros. Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, dispuso que solo podrán presentarse quienes egresen de universidades registradas en la Federación Mundial de Educación Médica (WFME), garantizando estándares internacionales de calidad y cerrando el paso a títulos de baja exigencia académica.
Los ministros provinciales respaldaron la medida, subrayando que permitirá formar médicos especializados según las necesidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias de cada región, fortaleciendo la eficiencia del sistema y la atención a la población.
En el mismo encuentro, la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó logros en la provisión de medicamentos de alto costo y drogas especiales, gestionados por la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Gracias a la implementación de nuevos reglamentos y procesos de compra, el Gobierno logró un ahorro de USD 40 millones.









