Allanamiento en la Legislatura de Córdoba por el caso de contratos irregulares
El viernes 14 la Justicia allanó áreas administrativas de la Legislatura de Córdoba tras detectar indicios de irregularidades en contratos de personal.
porFernando Celías
politica
La Justicia secuestró documentación tras un operativo que forma parte de la red de contratos irregulares por una aparente administración fraudulenta
El viernes 14 la Justicia allanó áreas administrativas de la Legislatura de Córdoba tras detectar indicios de irregularidades en contratos de personal. El operativo se centró en las oficinas de Sueldos y Administración, donde se incautó documentación clave para reconstruir el manejo interno. La medida volvió a exponer déficits de control que el peronismo cordobés mantiene sin resolver pese a reiteradas advertencias públicas.
La intervención contó con personal policial y equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal que buscaban registros de designaciones ejecutadas en los últimos meses. Los investigadores aseguraron contratos, normativas internas y reglamentos que permitirán identificar posibles patrones de incorporación irregular. El operativo generó preocupación institucional debido a que se realizó en áreas sensibles que deberían exhibir máxima transparencia.
El origen de la causa está ligado al caso de una “empleada fantasma”, cuyo intento de cobro irregular había revelado fallas graves en los circuitos administrativos. La maniobra quedó al descubierto cuando un cajero advirtió inconsistencias en la documentación presentada para cobrar un sueldo reciente. Desde ese episodio, la investigación se amplió ante la sospecha de que podría existir un uso sistemático de contratos cuestionados.
El origen de la causa está ligado al caso de una “empleada fantasma”, cuyo intento de cobro irregular había revelado fallas graves en los circuitos administrativos.
Gestión opaca en la Legislatura
La Legislatura, presidida por Myrian Prunotto, enfrenta cuestionamientos crecientes por la falta de información precisa sobre el funcionamiento interno. La ausencia de reportes públicos sobre criterios de designación alimenta dudas sobre la administración que encabeza la actual conducción. Las áreas allanadas mostraron que los procedimientos no ofrecen garantías mínimas para resguardar recursos estatales.
La opacidad detectada se suma a denuncias previas que advertían inconsistencias en los sistemas de control y fiscalización de contratos. Los investigadores sostienen que la complejidad del circuito interno pudo haber facilitado la incorporación de personal sin controles adecuados. Esa estructura laxa habilitó acuerdos políticos que se ejecutaron sin la supervisión que exige la administración pública.
Prunotto quedó bajo la mirada pública porque las áreas intervenidas dependen de decisiones que deberían estar sujetas a auditorías estrictas. La conducción legislativa no brindó detalles sobre los motivos que derivaron en el allanamiento ni sobre los mecanismos de control vigentes. La falta de comunicación oficial solo profundizó la desconfianza sobre la administración del cuerpo legislativo provincial.
La Legislatura, presidida por Myrian Prunotto, enfrenta cuestionamientos crecientes por la falta de información precisa sobre el funcionamiento interno.
Análisis de documentos y próximos pasos
La fiscalía inició el examen de los contratos y normativas incautadas para determinar la dimensión real de las irregularidades detectadas. Los peritos buscan establecer cuántos ingresos se autorizaron sin verificaciones suficientes y qué áreas omitieron controles esenciales. El análisis técnico permitirá definir si el caso responde a un error aislado o a un esquema más amplio dentro de la estructura administrativa.
Hasta ahora no se confirmaron nuevos imputados, aunque no se descartan responsabilidades adicionales una vez revisado el material secuestrado. La Justicia pretende reconstruir la trazabilidad completa de cada designación para identificar fallas en la cadena de firmas y autorizaciones.
Los investigadores aseguraron contratos, normativas internas y reglamentos que permitirán identificar posibles patrones de incorporación irregular.
