El viernes 14 la Justicia allanó áreas administrativas de la Legislatura de Córdoba tras detectar indicios de irregularidades en contratos de personal. El operativo se centró en las oficinas de Sueldos y Administración, donde se incautó documentación clave para reconstruir el manejo interno. La medida volvió a exponer déficits de control que el peronismo cordobés mantiene sin resolver pese a reiteradas advertencias públicas.
La intervención contó con personal policial y equipos técnicos del Ministerio Público Fiscal que buscaban registros de designaciones ejecutadas en los últimos meses. Los investigadores aseguraron contratos, normativas internas y reglamentos que permitirán identificar posibles patrones de incorporación irregular. El operativo generó preocupación institucional debido a que se realizó en áreas sensibles que deberían exhibir máxima transparencia.
El origen de la causa está ligado al caso de una “empleada fantasma”, cuyo intento de cobro irregular había revelado fallas graves en los circuitos administrativos. La maniobra quedó al descubierto cuando un cajero advirtió inconsistencias en la documentación presentada para cobrar un sueldo reciente. Desde ese episodio, la investigación se amplió ante la sospecha de que podría existir un uso sistemático de contratos cuestionados.
