La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnó formalmente el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para trasladar su domicilio fiscal desde la calle Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, a la calle Mercedes 1366, en la localidad bonaerense de Pilar. La decisión se tomó luego de que una inspección oficial comprobara que la dirección denunciada no existe.
Según el informe del organismo, agentes de ARCA se presentaron en el lugar tras ser notificados de que una asamblea de socios había aprobado el cambio de domicilio, solicitado el pasado 26 de enero de 2026. Sin embargo, lograron constatar que la calle Mercedes solo llega hasta la numeración 906 y que en la zona indicada no funciona ninguna sede administrativa de la AFA.
Durante la inspección, los funcionarios relevaron el área y documentaron con material fotográfico y fílmico que en el lugar señalado solo se encuentran el microestadio municipal Ricardo Rusticucci, un lote baldío con un cartel de venta y un predio alambrado con abundante vegetación. En ese terreno, únicamente se observó un cartel con el escudo de la AFA y la leyenda "Próximamente sede social y museo de los campeones del mundo", sin indicios de actividad institucional.
El supuesto cambio de domicilio había sido aprobado en la asamblea del 17 de octubre de 2024, en la que también se resolvió la reelección del corrupto Claudio "Chiqui" Tapia hasta 2029 y la anulación de los descensos en la Primera División para volver al nefasto formato de 30 equipos. Ese domicilio en Pilar fue además un elemento clave utilizado por el juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, para quitarle una causa al magistrado porteño Marcelo Aguinsky y derivarla al juzgado de Zárate-Campana, a cargo de Javier González Charvay, en el marco de una investigación vinculada a una lujosa mansión atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El trasfondo del conflicto se inscribe en la pulseada que la AFA mantiene con la Inspección General de Justicia (IGJ), encabezada por Daniel Vítolo. El organismo analiza los últimos ocho balances de la entidad, con observaciones preliminares por presuntas inconsistencias en montos cercanos a los 450 millones de dólares, que incluyen a la Liga Profesional de Fútbol. En función de ese examen, la IGJ deberá definir si aprueba los estados contables, los rechaza o designa un veedor.
En paralelo, Tapia presentó una denuncia penal contra Vítolo y lo recusó para intervenir en el análisis de los balances, lo que derivó en que la definición fuera elevada al Subsecretario de Asuntos Registrales de la Nación. Esa maniobra postergó al menos por una semana más la resolución del organismo de control, mientras el frente judicial y administrativo alrededor de la AFA continúa sumando capítulos.
