La fábrica de producción de hamburguesas Deniro, situada en la intersección de Pasaje Andorra y Molina, en el barrio porteño de Liniers, fue clausurada en reiteradas ocasiones por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Fiscalía N° 38 debido a múltiples irregularidades.
Sin embargo, y a pesar de las sanciones, la firma sigue operando de manera ilegal, desobedeciendo las restricciones impuestas por las autoridades.
En este contexto, entre quienes se asociaron con la empresa se encuentra la periodista ultra kirchneristaJulia Mengolini, a través de la sociedad Somosyunta SRL. Paradójicamente, Mengolini se presenta como una referente en cuestiones "medioambientales".
Entusiasmada con el proyecto, comenzó a promocionar la marca en sus redes sociales. Para ese momento, uno de sus socios ya enfrentaba problemas legales por la emisión de cheques sin fondos por un monto de hasta 150 millones de pesos y por ofrecer a sus propios franquiciados un modelo de inversión de dudosa transparencia.
Las denuncias explican que "Sánchez y Siderakis estafaron a cuanto proveedor y franquiciado se les cruzó en el camino". Según la información revelada por el medio REALPOLITIK, los dueños de Deniro Hamburguesería SAS, Esteban Siderakis y Nicolás Sánchez, fueron acusados de fraude contra sus propios franquiciados.
Fuente: REALPOLITIK.
Las denuncias indican que vendían franquicias a valores elevados en dólares, asegurando una facturación específica y prometiendo la recuperación de la inversión en un plazo determinado. No obstante, una vez en funcionamiento, los franquiciados descubrieron que el negocio no operaba según lo prometido y que la marca no brindaba el respaldo publicitario necesario. Además, se veían obligados a adquirir la materia prima exclusivamente a Deniro, a un costo mayor al del mercado.
Frente a estas dificultades, Siderakis y Sánchez ofrecían recomprar las franquicias a un precio considerablemente inferior al que los franquiciados habían abonado inicialmente y, en varios casos, no cumplían con los pagos acordados, dejando a las víctimas en una situación de total desamparo.
"Era entonces cuando aparecían Sánchez y Siderakis y nos ofrecían comprarnos la franquicia. Por supuesto, a un monto mucho menor del que habíamos pagado y encima en cuotas. Muchos aceptaron porque estaban sumiéndose en deudas por culpa de Deniro. Lo peor de todo es que después ni siquiera pagaban las cuotas. Te dejaban sin nada", relató una de las personas afectadas por el fraude, según lo informado por REALPOLITIK.
Fuente: REALPOLITIK.
Estas maniobras derivaron en denuncias por otorgar franquicias de manera irregular, no poseer la titularidad de las mismas, omitir la emisión de facturas y establecer un esquema comercial perjudicial con mala fe.
Mengolini, indignada, afirmó que todo formaba parte de una supuesta "campaña mediática en su contra". Sin embargo, la Justicia consideró que las pruebas presentadas eran contundentes y dictaminó la condena de sus socios por daños y perjuicios.
Además de las irregularidades comerciales, los vecinos también señalaron que los propietarios de Deniro se habrían conectado de manera ilegal a los servicios de luz, agua y gas.
A pesar de la acumulación de actas de la AGC y la presencia de efectivos policiales en la entrada, la planta reanuda sus operaciones una vez que los agentes se retiran al anochecer, permitiendo el ingreso del personal y hasta despachando productos.
"No nos llama la atención que los policías se retiren antes de tiempo. En definitiva, pertenecen a la alcaidía Nro. 9, la misma de la que a fin de año se fugaron diecisiete presos por un agujero, sin que nadie se dé cuenta", ironizaron los denunciantes.
Estas prácticas no solo incumplen las clausuras impuestas, sino que también representan un riesgo para la seguridad y el bienestar de la comunidad, dejando a la kirchnerista Mengolini en una posición bastante más que incómoda.
