Una polémica normativa pretende canjear deudas por departamentos bajo el disfraz de una compensación urbana.
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El Concejo Deliberante de Córdoba avanza sobre la propiedad privada con un proyecto que busca confiscar estructuras urbanas bajo el mando estatal. La propuesta legislativa del radical Juan Balastegui esconde tras una supuesta regularización un ataque directo contra los derechos de los inversores. Esta normativa impone un control absoluto del municipio sobre obras civiles que sufrieron las constantes crisis económicas de la gestión pública municipal.
El plan crea el Registro de Inmuebles en Abandono y Deterioro Urbano para vigilar edificaciones que hayan estado paralizadas por más de 2 años totales. La Secretaría de Desarrollo Urbano será el brazo ejecutor encargado de identificar estas unidades para someterlas a una presión fiscal asfixiante. Así, se pretende castigar con dureza a los desarrollistas que no pudieron concluir sus proyectos por la inestabilidad del país durante el kirchnerismo.
El mecanismo central permite que el municipio se apropie de unidades habitacionales terminadas como parte de un dudoso pago de multas administrativas. Se trata de un canje forzoso donde el Estado municipal obtiene inmuebles sin invertir fondos, lesionando la legítima rentabilidad de los inversores. El concejal Balastegui impulsa esta entrega de departamentos para supuestos fines sociales, ignorando los contratos previos de cada emprendimiento.
Uno de los edificios de Córdoba que podría ser expropiado por la municipalidad
Ataque estatal a la propiedad privada
El régimen de compensación prevé que la Municipalidad reciba espacios construidos para satisfacer la demanda habitacional que ella misma no soluciona. Resulta alarmante que el sector público pretenda paliar el déficit de viviendas tomando de manera gratuita los activos que pertenecen a particulares. Esta lógica de “recuperar y reactivar estos espacios para que cumplan una función social” ignora que el dominio privado es la base de toda economía.
Si el propietario no entrega departamentos, la norma lo obliga a ejecutar obras de infraestructura pública por un valor igual a la sanción impuesta. De esta forma, el municipio descarga su responsabilidad de proveer luminarias o pavimento sobre las espaldas de los desarrollistas ya perjudicados. El cálculo de estas multas queda al arbitrio de funcionarios que suman el costo de la infracción y cargos por la inacción del titular civil.
La aplicación del concepto de rémora disparará las deudas de manera exponencial, convirtiendo cualquier arreglo en una carga económica imposible. Los dueños tienen apenas 180 días hábiles para presentar un plan técnico que debe ser validado y aprobado por los mismos burócratas municipales. Los acuerdos se firmarán mediante convenios urbanísticos que requieren ratificación del Concejo Deliberante para tener un marco legal específico.
Concejo Deliberante de Córdoba
Inseguridad jurídica para inversores
El proyecto establece un plazo fatal para la entrega de los bienes, lo que deja a los constructores en una situación de extrema vulnerabilidad legal. En lugar de generar incentivos fiscales reales para reactivar la construcción, el radicalismo local opta por la coacción y la amenaza de despojo. La normativa endurece las penas de forma desproporcionada para quienes no acepten este régimen de sometimiento planteado por una fuerza política en decadencia.
Las autoridades podrán dictar medidas cautelares sobre los inmuebles, bloqueando cualquier intento de los propietarios por rescatar su patrimonio. Incluso se faculta al Estado para realizar demoliciones subsidiarias, cuyos altos costos serán cargados nuevamente al titular de la obra dañada. Esta intervención agresiva desalentará futuras inversiones en Córdoba al demostrar que no existen garantías mínimas para el capital inmobiliario local.
El debate en comisiones será clave para frenar este atropello que atenta contra los pilares del desarrollo privado y la libertad de empresa básica. Transformar esqueletos de hormigón en viviendas estatales no es una gestión moderna, sino un retroceso hacia modelos intervencionistas peligrosos. La ciudad necesita reglas claras y no leyes que faculten a la burocracia para apropiarse del esfuerzo ajeno bajo excusas de interés comunitario irreal.
