El basural conocido por el “olor a coliflor” nació en 2021 con apenas 3.485 m² y hoy supera los 26.000, según imágenes de Google Earth. La zona afectada se ubica detrás del aeropuerto de Córdoba, a metros de barrios residenciales y parques industriales. En solo cuatro años, la acumulación de residuos se multiplicó por nueve sin que el municipio aplicara un solo control.
Los primeros registros satelitales muestran que el predio comenzó a cubrirse de basura entre abril y mayo de 2021. En abril de 2022 ya se extendía por 5.048 m², con un ritmo de crecimiento sostenido. Para abril de 2023, el área cubierta por residuos trepó a 9.859 m² y seguía expandiéndose sin intervención oficial.
El ritmo se aceleró de forma notoria en 2024, cuando la superficie superó los 18.000 m² en marzo. En febrero de 2025, el predio ya cubría más de 26.000 m². El terreno se consolidó como un foco de acumulación ilegal, con ingreso de camiones y nulo control estatal.
Passerini heredó y profundizó el abandono
Una concejal opositora confirmó que en 2020 el predio no existía, y que su crecimiento coincide con las gestiones de Llaryora y Passerini. Según el relevamiento legislativo, el aumento de basurales clandestinos fue generalizado en la capital en los últimos años. Lo más grave: ninguno de estos sitios fue clausurado ni removido por el Ejecutivo municipal.
Durante la intendencia de Llaryora (2019-2023) se anunciaron planes de “modernización urbana”, pero la realidad fue el abandono de zonas periféricas. Hoy, con Passerini al mando, se repite el esquema de improvisación, ausencia de control y complicidad con prácticas ilegales. Ninguna secretaría municipal presentó un plan concreto de erradicación.
Lejos de aplicar multas, el municipio demoró meses en reconocer la existencia del basural y recién actuó cuando el olor se volvió insostenible. La reacción no fue preventiva sino meramente reactiva, una constante en la actual administración. La denuncia penal recién se radicó en 2025, cuando el problema llevaba cuatro años creciendo a la vista de todos.
El ritmo se aceleró de forma notoria en 2024, cuando la superficie superó los 18.000 m² en marzo.
Olor insoportable y gestión inútil
El hedor que afectó a miles de vecinos se debió a la combustión lenta de residuos, según los informes técnicos de distintos organismos. Las mediciones confirmaron la presencia de compuestos azufrados como disulfuro y trisulfuro de dimetilo, detectables en toda la zona norte. Aunque no se reportaron riesgos sanitarios, el impacto en la calidad de vida fue evidente.
Inspectores municipales convocaron a organismos técnicos, pero el operativo fue tardío y limitado. Se tomaron muestras de aire y residuos, pero sin acciones concretas para detener la quema. La falta de planificación y de fiscalización quedó expuesta frente a un fenómeno que creció a la vista de todos.
El caso revela un patrón de abandono: el municipio solo actúa cuando el problema estalla en los medios. Ni Llaryora en su gestión ni Passerini en la actual mostraron voluntad de ordenar el territorio. La capital provincial sufre hoy las consecuencias de años de improvisación y negligencia institucional.
Los primeros registros satelitales muestran que el predio comenzó a cubrirse de basura entre abril y mayo de 2021.
