Inhabilitación perpetua y multas de 8,5 millones. La justicia confirmó que los agentes ingresaron al Estado por su militancia política.
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La Cámara 5ª del Crimen de Córdoba condenó este martes a 3 inspectores municipales que exigían pagos ilegales a vendedores de la zona céntrica. Los funcionarios admitieron haber cobrado coimas para permitir el trabajo en la vía pública y evitar el decomiso de la mercadería privada.
Se trata de Luis Alberto Ponce y los agentes Mónica y Diego Silva quienes se desempeñaban en la Secretaría de Fiscalización y Control local. El fiscal Guillermo González determinó que los ahora condenados abusaron de sus cargos para extorsionar a trabajadores durante 2023 y 2024.
El tribunal dictó penas de prisión en suspenso de entre 2 y 3 años tras un juicio abreviado donde los acusados confesaron los hechos ilícitos. Además se dispuso la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y multas por un total superior a los 8,5 millones de pesos actuales.
Controles en la peatonal de Córdoba
Corrupción estatal y militancia política
El fiscal de la Cámara Marcelo Fenoll remarcó durante el debate la sensación de impunidad con la que operaban estos agentes de la administración. La investigación reveló que los condenados habían ingresado al municipio por militancia política despreciando el servicio público que cumplían.
La maniobra consistía en cobrar una tarifa ilegal a quienes ejercen el comercio irregular en la vía pública para omitir los controles de rigor. Los pagos se exigían en efectivo o por transferencia bancaria a cambio de evitar el secuestro de los productos que se vendían sin permiso.
La causa se inició a mediados de noviembre de 2024 tras la detención de los funcionarios en el marco de una investigación mucho más compleja. Este expediente es un desprendimiento de la megacausa conocida como Bomberos SA que investigó una red de habilitaciones falsas en la provincia.
Fiscal Marcelo Fenoll
Restitución del orden institucional
La sentencia dictada por el juez Alfredo Villegas busca restablecer la confianza en las instituciones y sancionar el abuso de autoridad estatal. Las multas impuestas superan el doble de lo percibido ilegalmente y buscan reparar el daño causado por quienes debían controlar el orden urbano.
