El exintendente Gabriel Fernández fue acusado de asociación ilícita y desvío millonario de recursos.
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La investigación judicial contra Gabriel Fernández, exintendente de Viamonte, expone un sistema de corrupción con desvíos millonarios. El dirigente habría usado fondos públicos no sólo para obras inconclusas, sino también para fines personales y “servicios especiales”. Las imputaciones en su contra se agravaron e incluyen asociación ilícita, coacción agravada y corrupción de menores.
El fiscal federal Rodolfo Cabanillas sumó pruebas que comprometen a Fernández y a un círculo de colaboradores. Entre ellos aparecen ingenieros, arquitectos y familiares que habrían facturado sumas millonarias por obras inconclusas o directamente inexistentes. La mecánica incluyó falsificación de documentos, rendiciones irregulares y transferencias bancarias difíciles de justificar.
La causa destapó además testimonios de mujeres que señalaron al exfuncionario por el pago de favores sexuales con dinero y recursos del municipio. Una de ellas incluso denunció amenazas y presiones para mantener el silencio. La trama evidencia cómo el poder político local se habría servido de la estructura estatal para fines privados.
Gabriel Fernández, exintendente de Viamonte, se encuentra involucrado en un sistema de corrupción con desvíos millonarios.
Los socios y el dinero desviado
Las pesquisas revelaron que los arquitectos Horacio y Camila Zawadzki, junto con Darío Demarchi, figuran como socios centrales en el desvío.Facturaron millones a través de empresas creadas para simular servicios de construcción, médicos y hasta de maquinaria pesada. Muchos de esos fondos nunca llegaron a obras concretas.
Sólo en 2023, el municipio habría girado más de 130 millones de pesos para viviendas que quedaron inconclusas.
Sólo en 2023, el municipio habría girado más de 130 millones de pesos para viviendas que quedaron inconclusas. A eso se suman anticipos de Nación para obras de agua, residuos y espacios deportivos, que tampoco se completaron. La investigación detectó “retornos” que habrían ido directo al bolsillo de Fernández.
El esquema funcionó durante años con la complicidad de allegados y funcionarios municipales. Testimonios señalan que hasta electrodomésticos y automóviles fueron entregados como parte de los beneficios ilegales. El dinero público, en vez de generar progreso, terminó convertido en moneda de trueque para el poder local.
El dirigente habría usado fondos públicos no sólo para obras inconclusas, sino también para fines personales y “servicios especiales”.
Los vicios del poder municipal en Córdoba
El caso revela un patrón repetido en varias gestiones municipales de Córdoba. Los órganos de control locales suelen mirar hacia otro lado ante manejos irregulares. En muchos pueblos se instala un silencio cómplice que permite que intendentes acumulen poder sin rendir cuentas.
La detención de Fernández marca un punto de inflexión en Viamonte, pero también deja en evidencia la fragilidad institucional. Las investigaciones muestran que las partidas nacionales destinadas a obras esenciales terminan desviadas, con la comunidad pagando el costo de la corrupción. La Justicia avanza, aunque la red de intereses sigue siendo poderosa.
El silencio y la falta de transparencia en municipios cordobeses abren la puerta a más casos como el de Fernández. La corrupción no sólo erosiona la confianza social, sino que condena al atraso a comunidades que dependen de esas obras. El desafío es romper con los vicios enquistados del poder local.
Entre los colaboradores aparecen ingenieros, arquitectos y familiares que habrían facturado sumas millonarias por obras inconclusas o directamente inexistentes.
