Córdoba anunció con entusiasmo la compra de un analizador de gases de efecto invernadero, pero la noticia no despierta más que sospechas sobre prioridades equivocadas. Mientras la presión fiscal sigue asfixiando a comerciantes y pymes, el gobierno opta por destinar fondos públicos a un equipo que pocos consideran esencial. La inseguridad y el gasto estatal crecen, pero los funcionarios celebran la incorporación de un aparato que mide dióxido de carbono y metano.
El nuevo dispositivo será instalado en Bosque Alegre y se complementará con otro ya existente en Ciudad Universitaria, según se adelantó oficialmente. Las autoridades aseguran que estos equipos ayudarán a obtener información clave para políticas ambientales, promesa repetida sin resultados visibles. El convenio se firmó con la UNC, lo que sirve para dar un barniz académico a un proyecto sin impacto en la vida cotidiana.
En este marco, la Administración Provincial de Recursos Hídricos (Aprhi) realizará las gestiones administrativas para concretar la compra del nuevo equipo. El convenio entre la Aprhi y la Facultad de Ciencias Exactas contempla tareas de monitoreo, creación de bases de datos y uso de sensores remotos. Según el discurso oficial, estos estudios aportarían evidencia para diseñar políticas ambientales, pero en la práctica implican más gasto y comisiones técnicas sin resultados concretos.
