El gobierno provincial impulsa la creación de la Procuraduría Penitenciaria que contará con cinco cargos jerárquicos de sueldos millonarios. El organismo estatal generará un nuevo gasto público fijo mientras la provincia atraviesa una etapa que requiere de mucha austeridad fiscal. El próximo lunes se tratarán en la Legislatura los pliegos de los postulantes entre los que figura una dirigente radical por un acuerdo político.
La nueva estructura judicial estará encabezada por la actual fiscal Bettina Croppi quien pasará a cobrar como un vocal del Tribunal Superior. Se nombrarán además cuatro procuradores adjuntos que percibirán haberes similares engrosando el déficit fiscal que pagan los contribuyentes. La oposición estima que el costo operativo rondará entre los 10 y 15 millones de pesos mensuales por cada funcionario de la cúpula política hoy.
El proyecto oficial establece que los cargos serán vitalicios y contarán con un régimen jubilatorio especial de privilegio para los elegidos. A pesar del enorme costo fiscal el organismo tendrá carácter meramente consultivo sin facultades resolutivas reales para actuar en las causas. La dependencia no tendrá legitimación procesal activa lo que convierte a la estructura en una oficina administrativa costosa y burocrática hoy.
Debate en la oposición y acuerdos
La propuesta de Florencia Degano para ocupar una de las vocalías adjuntas generó un fuerte debate interno en el bloque de la Unión Cívica Radical. La designación de la abogada responde a la terminal política de Julio Ochoa quien es el actual secretario del Comité Provincia del radicalismo. Un sector del partido centenario cuestionó la oportunidad de ocupar estos espacios en medio de la crisis económica que atraviesa la provincia hoy.
