Dentro de la Corte crece con fuerza la idea de que el fallo definitivo podría conocerse antes de que termine junio.
Ambos coinciden en esto; su única discrepancia es sobre cuándo dar a conocer la resolución. Sin embargo, dentro de la Corte crece con fuerza la idea de que el fallo definitivo podría conocerse antes de que termine junio.
Sobran los antecedentes para proceder de ese modo. Cuando un imputado recibe una condena de un tribunal oral y esa sentencia es ratificada por la Cámara de Casación, lo habitual es que la Corte no intervenga en el fondo del asunto y aplique directamente el artículo 280.
Aunque su vínculo personal es distante y tenso, ambos coinciden en lo esencial: el fallo que impone seis años de prisión no debe ser modificado ni reducido, y debería ratificarse a la brevedad. La única diferencia entre ellos es temporal: Rosatti preferiría no precipitar la resolución el próximo martes.
La vía más directa para cerrar el caso es a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Esta norma establece que la Corte puede rechazar un recurso extraordinario sin mayores fundamentos, cuando considere que no hay una cuestión federal relevante o que el planteo carece de importancia.
Una fórmula breve pero contundente, suficiente para dejar firme una condena y, eventualmente, llevar a alguien a prisión. Aunque Rosatti también considera esta salida como válida, no está decidido a ejecutarla de inmediato.
En términos claros, Rosatti y Lorenzetti no tienen intenciones de abrir el recurso extraordinario presentado por Cristina y los demás acusados. Analizarlo llevaría meses. Si se descarta, la condena de seis años quedaría en pie.
La condenada por corrupción Cristina Kirchner tiene cada vez menos tiempo y su horizonte político se disuelve. En este momento, su futuro está en manos de una sola persona: un único magistrado. Un juez que, irónicamente, no fue designado por ella: Carlos Rosenkrantz.
Ricardo Lorenzetti mantiene su postura sin cambios. Rosatti también estaría inclinado a respaldar la condena en el caso Vialidad, aunque quizás no en la próxima reunión del martes. Todo depende de Rosenkrantz, quien tiene la potestad de inclinar la balanza en contra de Cristina o abrirle una ventana de oxígeno, postergando la decisión.
Hace quince días, la exmandataria confirmó que será candidata en la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, buscando asegurarse anticipadamente protección judicial a través de los fueros.
El plazo para la presentación de listas nacionales vence el 17 de agosto, y los fueros recién se activarían después de que la jueza federal María Servini oficialice a los candidatos. Demasiado tarde. Por eso, optó por competir en el ámbito provincial, donde los plazos de cierre y oficialización se concretan en julio.
A pesar de esa estrategia, el objetivo podría quedar fuera de alcance. La Corte Suprema está integrada formalmente por cinco miembros, pero actualmente solo tres están en funciones, ya que los otros dos cargos siguen vacantes.
La única manera en que el máximo tribunal puede emitir un fallo es si los tres jueces en funciones coinciden en una misma postura. Ese simple hecho es, en realidad, el factor determinante para el futuro judicial de Cristina Kirchner.
Dos de los magistrados, Horacio Rosatti —actual presidente de la Corte— y su antecesor, Ricardo Lorenzetti, comparten la intención de confirmar la condena contra la exmandataria.
Fue lo que sucedió en los casos de Milagro Sala y de muchos otros condenados. En este caso, no hay razones, según la mayoría de los jueces, para actuar de forma diferente.
Sin embargo, en la Corte hay un tercer integrante clave: Carlos Rosenkrantz. Este juez también considera que Cristina Kirchner debe ser condenada, aunque no está convencido del monto de la pena.
Tiene dudas sobre si debe confirmarse la sentencia de seis años impuesta por la Casación o si, como sostuvieron todos los fiscales del caso Vialidad —incluido el procurador general Eduardo Casal—, debería aplicarse una pena de 12 años por haber actuado como jefa de una asociación ilícita.
A diferencia de sus colegas, Rosenkrantz no está dispuesto a rechazar el recurso sin más. Cree que, debido a la relevancia institucional del caso, que involucra a una expresidente, la Corte debería abrir el expediente, analizar en profundidad cada planteo y emitir un fallo extenso, con argumentos sólidos que fundamenten la condena, más allá de la pena que finalmente se imponga.
Este enfoque, aunque jurídicamente justificado, implicaría una demora considerable: si prospera su postura, el fallo definitivo no llegaría antes de 2026. En cambio, si Rosenkrantz se alineara con Rosatti y Lorenzetti, la sentencia podría conocerse tan pronto como el próximo martes, o al menos antes de que termine junio.
Sea de seis o doce años, la pena privativa de libertad iría acompañada de una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Varios jueces interpretan que, con esa inhabilitación confirmada por la Corte, Cristina no podría postularse ni como diputada nacional ni como legisladora provincial.
Por precaución, la exmandataria se inscribió como candidata en el ámbito bonaerense. Esa jugada le permitiría esgrimir un argumento cuestionable, pero que abriría un debate jurídico: al estar inhabilitada solo para cargos nacionales, podría presentarse en el plano provincial, alegando que cada jurisdicción establece sus propias reglas electorales.
Sin embargo, esa línea de defensa es considerada débil, ya que la inhabilitación surge del Código Penal nacional, tiene alcance federal y un fallo firme de la Corte no puede ser desestimado por ningún tribunal local.
Si en cambio la Corte demora el fallo hasta después de que su candidatura sea oficializada, Cristina obtendría fueros parlamentarios, lo que la blindaría legalmente e impediría que sea arrestada.
