La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió al cruce del pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para designar veedores en la entidad y confirmó que recurrirá a la Justicia para frenar la medida. En un extenso comunicado firmado por su mafioso presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, la conducción calificó la decisión como "un capricho" del Gobierno y denunció una utilización política del organismo de control.
El conflicto se originó luego de que la IGJ solicitara al Ministerio de Justicia la designación de veedores para acceder a documentación contable y financiera que, según el organismo, no fue presentada. El pedido apunta al análisis de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, la auditoría del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA) y la revisión de vínculos comerciales y financieros con empresas vinculadas a la comercialización de derechos.
En su respuesta, la AFA cuestionó la contradicción que supuestamente encierra la resolución. "Si no hay sanción, no hay gravedad. Si no hay gravedad, la veeduría es un capricho. Y si es un capricho, lo único grave aquí es la utilización política de un organismo de control", sostiene el texto oficial.
Tapia calificó como capicho a la medida de la IGJ
Además, anticipó que si el Gobierno avanza con la designación, acudirá a todas las instancias judiciales necesarias: "La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley".
"Recurriremos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que sea la justicia, y no la propaganda, la que determine la validez de este acto", agregó.
En su defensa, la entidad negó que existan balances sin presentar desde hace más de ocho años y aseguró que los ejercicios 2017 a 2024 fueron entregados y se encuentran con "vistas pendientes" de contestación. "Si hay vistas pendientes, hay un procedimiento abierto. Y si hay un procedimiento abierto, mal puede hablarse de ‘irregularidades firmes’", afirmó.
Sobre el ejercicio 2025, la AFA explicó que no lo presentó ante la IGJ debido al cambio de domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, trámite que el organismo nacional cuestionó al considerar que la sede declarada no funciona como tal. La conducción del fútbol argentino sostuvo que la inscripción provincial es "un acto administrativo válido y vigente".
La "nueva sede" de AFA es un terreno baldío
Por otra parte, la casa madre del fútbol argentino también abordó el tema de las Sociedades Anónimas Deportivas, apuntando directamente contra el trasfondo político que supuestamente intenta imponerlas a la fuerza. "No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las SAD a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales", advirtió.
En el tramo final, el comunicado endurece el tono y concluye: "El fútbol argentino es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas. No será cooptado por operaciones políticas ni por intereses empresariales que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía. Defenderemos nuestra autonomía y nuestra legalidad por todas las vías judiciales y democráticas".
