Detuvieron al ex gobernador ultra-K Sergio Urribarri por una condena por corrupción

En su fallo, Casación respaldó los argumentos de la Fiscalía sobre los riesgos de fuga que persistían tras la sentencia, así como el marco que los tratados internacionales firmados por Argentina brindan a los delitos de corrupción.

"Encontrándose acreditada la probabilidad de que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron", expresó en su voto la vocal Marcela Davite, a lo que se unieron sus colegas Marcela Badano y Evangelina Bruzzo.

Casación también apuntó a posibles maniobras dilatorias por parte de las defensas para retrasar esta decisión. "Los condenados a través de sus abogados han dilatado el proceso con diversas maniobras que trasuntan o un desconocimiento de la vía recursiva, o una voluntad ex professo de no respetarla, indicadoras en sí del riesgo de frustración de los fines del proceso penal", señalaron las juezas en su fallo.

La condena por corrupción

En abril de 2022, Urribarri fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, en relación con las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año anterior en los Tribunales provinciales.

Inmediatamente después de la condena, el ex gobernador peronista de Entre Ríos presentó su renuncia al cargo de Embajador en Israel, que ocupaba en ese momento. La noticia le llegó mientras se encontraba en Tel Aviv, cumpliendo con sus funciones diplomáticas.

El fallo consideró que la instalación de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015, la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur celebrada en Paraná en diciembre de 2014, y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres fueron maniobras para utilizar recursos del Estado en la campaña de Urribarri, quien buscaba posicionarse como uno de los posibles sucesores de Cristina Fernández de Kirchner, también condenada por corrupcción, en la presidencia.

Asimismo, se lo imputó por un esquema de cartelización de la publicidad en espacios públicos, a favor de empresas que la Justicia consideró eran operadas por personas vinculadas a su cuñado Aguilera, a quienes se les atribuyó el rol de testaferros.

Por último, fue condenado por contratar publicidad oficial a través de una empresa llamada Global Means, sin haber cumplido con los requisitos formales establecidos para tales contrataciones.

Urribarri y su defensa, ahora representada también por el abogado Fernando Burlando, presentaron varios recursos ante instancias superiores para revocar la condena. No obstante, el Superior Tribunal de Justicia cerró todas esas opciones en abril de este año, al confirmar el fallo condenatorio y rechazar los últimos recursos presentados.