Parece que a Daniel Passerini no le quedó otra que mirar las cuentas y aceptar lo que siempre negó: Córdoba no soporta más el exorbitante gasto político municipal. El intendente, de regreso tras su licencia médica, prepara un fuerte recorte en la estructura del municipio. No por convicción, sino porque el mensaje de las urnas y la realidad económica lo empujaron al ajuste que tanto evitó.
La idea de reducir subsecretarías, direcciones y subdirecciones suena ha sido largamente esperado por los vecinos que piden responsabilidad fiscal y menos política. Pero detrás del discurso de austeridad hay una verdad que lo incomoda: Passerini ajusta por obligación, no por decisión ideológica. A su gobierno lo asfixian las deudas heredadas y un aparato estatal que se encargó personalmente de agrandar más de la cuenta.
Incluso antes de volver al Palacio 6 de Julio, ya había movimientos financieros para tapar baches inmediatos. La colocación de títulos por hasta 70 mil millones de pesos busca refinanciar compromisos urgentes, mientras se suspenden alquileres y se reacomodan oficinas. Más que un relanzamiento de gestión, parece un salvavidas político.
El ajuste que no quería hacer
En el entorno municipal hablan de “racionalizar gastos”, una frase elegante para un torniquete que llega tarde. Las cuentas no cierran y los vencimientos de deuda externa —unos 50 millones de dólares— se transformaron en una piedra imposible de esquivar. Passerini, que siempre defendió y promovió la expansión del Estado, ahora debe hacer exactamente lo contrario.
La acertada falta de asistencia nacional empeora el panorama para Passerini, porque el auxilio de Buenos Aires ya no es una opción. Ni subsidios, ni transferencias extraordinarias: el municipio deberá arreglarse solo. El transporte, los servicios y la caída en la recaudación dejan al intendente frente al espejo de una administración sobredimensionada.
