La Municipalidad de Córdoba dejará de alquilar varios inmuebles que hoy ocupan oficinas administrativas. La decisión fue confirmada por el propio Ejecutivo capitalino. La medida responde al ajuste anunciado por Daniel Passerini ante un 2026 con caída de recursos.
Durante años, el municipio acumuló decenas de locaciones costosas que absorbieron fondos públicos sin justificación clara. Desde el Palacio 6 de Julio reconocen que muchos contratos serán dados de baja. Entre los primeros, figura la casona de Nueva Córdoba donde funcionaba el ente Bio Córdoba.
La municipalidad tiene más de 76 inmuebles alquilados actualmente.
El giro inevitable del gasto público
El recorte llega luego de la derrota electoral del 26 de octubre, donde los cordobeses votaron por un cambio de rumbo y menos gasto estatal.Passerini aparentemente tomó nota: el mensaje de las urnas fue claro y hoy intenta ordenar cuentas en una estructura sobredimensionada. Aunque el recorte es leve, marca un giro político ineludible.
De los 76 inmuebles alquilados por el municipio, la mayoría se mantendrá por su función operativa o social. Sin embargo, se dará de baja todo espacio que dependa de áreas administrativas reubicables. En mayo, ya se rescindieron contratos en Chacabuco 702 y 545, ambos vinculados al ente Bio Córdoba.
La intención, según fuentes oficiales, es trasladar dependencias a sedes propias para reducir el gasto mensual. Las áreas afectadas se reubicarán en edificios municipales disponibles, lo que permitiría ahorrar millones de pesos anuales.
Entre los primeros, figura la casona de Nueva Córdoba donde funcionaba el ente Bio Córdoba.
Lujo y burocracia en tiempos de ajuste
Las críticas surgieron cuando se conocieron oficinas alquiladas en edificios de alto costo, como Capitalinas y GNI. Esos contratos se firmaron durante la gestión de Martín Llaryora, aunque algunos se mantuvieron bajo el actual intendente. La polémica se reavivó con la oficina de Héctor “Pichi” Campana, en Nueva Córdoba, con gastos de 4,5 millones mensuales.
El concejal radical Sergio Piguillem denunció que mientras se pide austeridad a los vecinos, se sostiene el lujo dentro del Estado. “Lujo para ellos y ajuste para los cordobeses”, ironizó el edil, quien recurrió a la Justicia para conocer cuánto paga la Municipalidad por cada inmueble.
Desde el municipio, replicaron que los alquileres más onerosos corresponden a secretarías con personal numeroso. Sin embargo, la información oficial aún no detalla los montos ni los beneficiarios de los contratos vigentes, lo que mantiene abierta la discusión sobre la transparencia del gasto.
El recorte llega luego de la derrota electoral del 26 de octubre, donde los cordobeses votaron por un cambio de rumbo y menos gasto estatal.
Una señal que llega tarde, pero necesaria
El ajuste municipal parece una admisión tardía de que la estructura estatal creció más de lo que la ciudad podía sostener. Córdoba necesitaba este giro hace tiempo, y ahora los números lo imponen.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue reclamando menos gasto improductivo y más eficiencia en los servicios. La reducción de alquileres, aunque moderada, responde a lo que el electorado pidió en las urnas.
Las críticas surgieron cuando se conocieron oficinas alquiladas en edificios de alto costo, como Capitalinas y GNI.
