Las iniciativas apuntan a más seguridad, reglas claras y equilibrio fiscal.
El Gobierno nacional definió el envío de un nuevo paquete de proyectos de ley al Congreso, con el objetivo de avanzar en reformas estructurales orientadas a reforzar la seguridad, garantizar la propiedad privada y consolidar el equilibrio fiscal. La iniciativa se enmarca en el programa de transformación impulsado por el presidente Javier Milei, en línea con el mandato de cambio expresado por la sociedad en las últimas elecciones.
Uno de los puntos centrales será la modificación del Código Penal, con un fuerte endurecimiento de las penas en todos los niveles del sistema. La propuesta abarca desde delitos contra la propiedad hasta los crímenes más graves, e incluye la incorporación de la imprescriptibilidad para delitos como homicidios, abusos sexuales, trata de personas y narcotráfico. El objetivo es terminar con la impunidad y desarticular el esquema de puerta giratoria.
En paralelo, el paquete contempla una serie de reformas vinculadas a la propiedad privada, considerada por el Gobierno como un pilar fundamental para el desarrollo económico y la inversión. En este sentido, se impulsarán cambios en la Ley de Expropiaciones, la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y los mecanismos de regularización dominial para la integración socio-urbana. Estas iniciativas buscan fortalecer la seguridad jurídica y establecer reglas claras que protejan a los propietarios frente a avances arbitrarios.
Asimismo, el Ejecutivo avanzará con modificaciones en la Ley de Glaciares, con el propósito de reforzar las competencias de las provincias sobre sus recursos y promover el desarrollo productivo en sus territorios. A esto se suman cambios en la Ley de Discapacidad y en el esquema de financiamiento universitario, que serán revisados para compatibilizar su funcionamiento con el objetivo de equilibrio fiscal, uno de los pilares centrales de la política económica del Gobierno.
El paquete legislativo fue definido en el marco de una reunión de la mesa política del oficialismo, con la participación de funcionarios clave del Ejecutivo y referentes parlamentarios. La estrategia apunta a ordenar la agenda legislativa y avanzar con reformas de fondo que permitan consolidar un modelo basado en el respeto a la ley, la libertad económica y la responsabilidad fiscal.
En un contexto en el que sectores de la oposición continúan resistiendo cambios estructurales, el Gobierno busca trasladar la discusión al Congreso con propuestas que apuntan a resolver problemas históricamente desatendidos por la política.
