El Gobierno de Milei le puso fin a otra caja política millonaria en Derechos Humanos

En un nuevo paso firme hacia la transparencia y la administración responsable de los recursos públicos, el Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, tomó la decisión de suspender los pagos a los organismos de Derechos Humanos hasta que se realicen las correspondientes rendiciones de cuentas.

La medida busca poner fin a la peligrosa discrecionalidad con la que se manejaba un fondo millonario destinado al mantenimiento del predio de la Ex-ESMA, el cual ascendía a $3.359.732.866 anuales.

El ministro Cúneo Libarona, mediante un comunicado en su cuenta oficial de X, denunció que, entre los gastos exorbitantes, se encontraba la alarmante suma de $16.000.000 por mes únicamente para el corte de pasto, evidenciando un uso desproporcionado de los fondos públicos. Ante esta situación, la decisión del Gobierno de Milei responde a la necesidad de que toda erogación de dinero estatal esté debidamente justificada y respaldada por auditorías claras.

"CORTAMOS OTRA CAJA MILLONARIA EN DERECHOS HUMANOS", tituló el ministro Mariano Cúneo Libarona. "Los organismos de Derechos Humanos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de Ex-ESMA: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes", explicó en su mensaje.

Y concluyó: "Decidimos suspender todos los pagos hasta que no realicen las rendiciones de cuentas".

El fin de los privilegios

Esta medida se enmarca dentro de la política de ajuste del gasto público y reducción del Estado impulsada por la administración de Javier Milei, cuyo objetivo es eliminar estructuras que funcionaban como cajas políticas sin controles efectivos. En el caso de los organismos de Derechos Humanos, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos generó sospechas sobre su real destino y puso en evidencia la necesidad de un mayor control.

La transparencia es un pilar fundamental para recuperar la confianza de los ciudadanos en la gestión estatal, sobre todo después de la enorme corrupción que dejó el kirchnerismo, y la suspensión de pagos hasta que se presenten informes claros es una decisión que apunta en esa dirección.

La administración de Milei ha sido clara en su intención de terminar con gastos innecesarios y prácticas que han beneficiado a pequeños grupos con dinero que debería estar destinado al bienestar de todos los argentinos.