La firme decisión judicial de desalojar a dos comunidades mapuches que desde hace 14 años ocupan ilegalmente un predio privado en Bahía Huemul, a 35 kilómetros de Villa La Angostura, marca un punto de inflexión en la política nacional respecto al respeto por el derecho a la propiedad. El terreno, de 624 hectáreas, fue usurpado en diciembre de 2011 por integrantes de la comunidad Kinxikew y, posteriormente, por miembros del lof Quintriqueo.
A pesar de contar con todos los títulos de propiedad en regla, la dueña, María Cristina Broers, no pudo recuperarlo durante más de una década por la falta de voluntad política de los gobiernos anteriores.
Ahora, con un Poder Judicial que actúa con eficiencia y en un contexto político diferente, la orden de desalojo emitida por el juez Francisco Astoul Bonorino cobra una fuerza inédita. El magistrado rechazó todos los recursos presentados por la defensa de los ocupantes, encabezada por el abogado Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados de la República Argentina. Incluso la Corte Suprema podría abstenerse de intervenir, allanando el camino para que se concrete el desalojo en las próximas semanas.
