Milei intervino la Universidad Madres de Plaza de Mayo y desató la furia kirchnerista

El conflicto entre el Gobierno de Javier Milei y la Universidad Madres de Plaza de Mayo ha escalado nuevamente. Un grupo de militantes kirchneristas fue denunciado por  "usurpación" del edificio ubicado en la calle Defensa 119, en la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionaba la sede del instituto de adoctrinamiento fundado por Hebe de Bonafini, que Massa convirtió en Universidad antes de dejar el gobierno en 2023.

El conflicto se originó con la decisión de la Secretaría de Educación, más específicamente el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de revisar las universidades creadas durante la última gestión kirchnerista. Una de estas instituciones es la Universidad Madres de Plaza de Mayo, absorbida y financiada por el Estado tras el fallecimiento de Bonafini. Álvarez dispuso el cese de transferencias de recursos y el desconocimiento de las autoridades de la universidad por procedimientos irregulares.

La Justicia rechazó en dos instancias una medida cautelar presentada por la universidad y le dio la razón al Gobierno, avalando que se revise la creación y actividades de cinco nuevas instituciones universitarias, medida aprobada por el Congreso en septiembre de 2023. Hasta ese momento, la institución operaba como el Instituto Universitario Nacionalde Derechos Humanos, bajo el padrinazgo político y económico de la agrupación Madres de Plaza de Mayo.

En una de sus primeras medidas, Álvarez removió a Cristina Caamaño, la ex interventora del sistema de inteligencia a quien Massa le había dado el cargo de rectora. Su designación no siguió los protocolos establecidos, y ante esta situación, Educación nombró como rector normalizador a Eduardo Maurizzio, un peronista alineado al mileismo que tiene larga data de confrontación con el curro de los derechos humanos.

En una de sus primeras decisiones, Maurizzio prohibió el ingreso a las instalaciones por motivos de seguridad e higiene, alegando que los seguros de vida de los trabajadores y los elementos de seguridad, como los matafuegos, estaban vencidos. Además, aseguró que sin presupuesto no iban a poder hacer mantenimiento por lo que el edificio en esas condiciones no podía operar.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo emitió un comunicado denunciando que el gobierno de Javier Milei, a través de la Policía Federal, impidió el ingreso de los trabajadores de la universidad a su sede. Sin embargo, desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias se aclaró que la medida fue preventiva y que se levantará cuando la situación se normalice.

Álvarez afirmó: “No vamos a cerrar ninguna universidad creada por ley. Estamos analizando los contenidos y la calidad educativa de algunas universidades, pero no las vamos a cerrar”.

Tensión en las calles y movilizaciones kirchneristas

La disposición gubernamental generó una reacción inmediata entre el personal y asistentes de la universidad, quienes convocaron a una movilización. La protesta llevó a reforzar el perímetro con efectivos de la Policía de Seguridad, quienes impidieron el ingreso de un grupo de manifestantes al edificio. A pesar de momentos de tensión, no se reportaron incidentes graves.

El inmueble en disputa pertenece al Ministerio de Justicia, pero había sido cedido para el funcionamiento del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y, posteriormente, para la universidad homónima.

Con la llegada al poder de La Libertad Avanza, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, suspendió el funcionamiento de la Universidad Madres de Plaza de Mayo y de otras cuatro universidades creadas en los últimos meses del gobierno anterior. Según el secretario Carlos Torrendell, la suspensión se mantendrá hasta que se determine si se cumplieron los procedimientos administrativos exigidos por la Ley de Educación Superior para la creación de nuevas universidades.

Fallos judiciales recientes

El 14 de agosto, la jueza federal en lo Contencioso Administrativo, Rita María Ailan,  falló a favor del Ministerio de Capital Humano, anulando la designación de Cristina Caamaño como rectora de la universidad. El fallo se basó en que la elección de Caamaño fue realizada antes de que la institución fuese oficialmente elevada a la categoría de Universidad Nacional.

En otro fallo, el 19 de julio, el juez Pablo Cayssials rechazó una medida cautelar  presentada por la universidad para que el Gobierno  le transfiriera más de 556 millones de pesos necesarios para su funcionamiento. La medida respondía a la decisión del Ministerio de Capital Humano de frenar la apertura de las nuevas universidades y revisar su creación y actividades.

Los cuestionamientos sobre la universidad no son nuevos. En 2017, el gobierno de Mauricio Macri intervino el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo  debido a cambios en el objeto social de la ONG Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual dependía la institución.