El caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de mas un centenar de pacientes en hospitales y clínicas del país se ha convertido en un símbolo del contraste entre dos modelos de gestión: el de la impunidad kirchnerista y el de la acción contundente del actual gobierno.
El epicentro de la trama es Ariel García Furfaro, empresario vinculado a Lázaro Báez y beneficiario de contratos con el Estado durante la era K, que en pocos años pasó de ser verdulero a multimillonario farmacéutico. Furfaro es dueño de HLB Pharma Group S.A., laboratorio fabricante del lote de fentanilo contaminado que derivó en más de 100 muertes. Además, controla Laboratorios Ramallo S.A., desde donde se produjo y distribuyó la sustancia mortal.
Durante el kirchnerismo, HLB Pharma operó sin inspecciones de la ANMAT desde febrero de 2020. Fue recién en septiembre de 2024, bajo la gestión del Dr. Mario Lugones como Ministro de Salud, cuando se ordenó una inspección clave en el laboratorio Ramallo. Apenas dos horas después de recibir el resultado, en febrero de 2025, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó la planta, clausurando su producción tres meses antes de que ocurriera la primera muerte.
Ese mismo año, en marzo, ANMAT prohibió la distribución del lote 60000 de “Propofol HLB, emulsión inyectable IV”, evitando cientos de potenciales muertes en operaciones simples. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad inició investigaciones por documentación falsa en el RENPRE, mientras ARCA denunció evasión tributaria agravada contra el laboratorio.
