El Gobierno británico se había comprometido a eliminar las regulaciones heredadas de la Unión Europea  para 2023, pero el Ministro Sunak dispuso que solamente se cumplirá con un 15% del objetivo a partir de una nueva enmienda sobre el proyecto REUL.

El cambio de rumbo en el liderazgo del Gobierno conservador sigue provocando inestabilidad en las reglas de juego para la economía. El primer ministro Rishi Sunak aprobó una nueva enmienda sobre el proyecto de “Ley de la Unión Europea Retenida” (REUL, por sus siglas en inglés), a través de la cual el Gobierno termina con su compromiso por eliminar la totalidad de las regulaciones de la UE que aún siguen vigentes a pesar del Brexit.

En cambio, la cláusula extinción que preveía la desregulación de la economía británica fue reemplazada por una modesta lista de hasta 600 leyes que serán eliminadas de la legislación local. Así, sólo se eliminarán 600 de las 4.000 regulaciones que se proponían eliminar desde un principio y el equivalente al 15% del objetivo para 2023.

Las restantes 3.400 normativas seguirán teniendo vigencia hasta previo aviso, ya que el Gobierno alegó que su pronta eliminación generaría “vacíos legales” aún no resueltos por normas locales. Esto provocó un gran conflicto interno dentro del propio Partido Conservador entre los partidarios más tradicionales del Brexit y aquellos más alineados con el oficialismo actual.

Los partidarios de Sunak postulan que la eliminación de regulaciones en los plazos consignados anteriormente implica un riesgo por activar las cláusulas de igualdad de condiciones en el Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido, provocando restricciones cuantitativas para el comercio bilateral.

Los críticos a la medida dentro del conservadurismo británico postulan que existen una gran cantidad de regulaciones que, de hecho, ya estaban siendo levantadas por la gestión de la exministra Liz Truss (especialmente sobre el sector energético y la fracturación hidráulica) y actualmente el proceso se encuentra abortado sin mayores justificaciones vinculadas a la nomenclatura comercial con la UE.

“Hoy, el Gobierno presenta una enmienda para Lords Report, que reemplazará la extinción actual del proyecto de ley con una lista de las leyes de la UE retenidas que tenemos la intención de revocar en virtud del proyecto de ley a fines de 2023”, explicó Kemi Badenoch, Secretaria de Estado del Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido.

El Reino Unido perdió velocidad en la necesaria desregulación de la economía. Hasta ahora fueron exitosamente eliminadas hasta 1.000 disposiciones que regían por la herencia de la UE desde el año 2019, y la actual conducción del Gobierno conservador pretende extender esto hasta las 1.600 regulaciones para fin de año.

Hasta ahora la iniciativa más importante fue tomada a mediados del 2020, cuando el Gobierno del entonces ministro Boris Johnson aprobó la eliminación de hasta 500 normativas que regulaban el sistema financiero británico y limitaban el desarrollo del crédito doméstico.

Frente a la disrupción entre diversos grupos del partido oficialista, la oposición vinculada al laborismo amenaza con reinstalar una arsenal de medidas regulatorias en caso de ganar las próximas elecciones parlamentarias, dejando de lado el enfoque relativamente pragmático adoptado durante la era Blair. 

El Primer Ministro Sunak dio marcha atrás con el programa de rebajas tributarias de Liz Truss y subió impuestos, pero la recaudación no sube y el gasto público se dispara. La economía permanece estancada mientras que la inflación no retrocede del 10% interanual.

La crisis fiscal del Reino Unido no hace más que profundizarse cada vez más, a pesar de las medidas correctivas adoptadas por el Primer Ministro Rishi Sunak. El Gobierno dio marcha atrás con los recortes impositivos de la anterior administración conservadora encabezada por Liz Truss, y resolvió un aumento del 19% al 25% sobre el impuesto de sociedades a partir del 1° de abril (originalmente programado por Boris Johnson).

Asimismo, el oficialismo dispuso de un nuevo esquema tributario sobre el impuesto a las Ganancias de personas físicas en el período fiscal comprendido entre abril de 2023 y abril de 2024. La tasa marginal máxima fue aumentada al 45%, sobre aquellas personas con ganancias anuales superiores a las 125.140 libras. 

Se espera que el impacto de las medidas impositivas tenga lugar entre mayo y junio, pero hasta febrero la situación fiscal no hizo más que deteriorarse cada vez más. La recaudación impositiva del Gobierno central (excluyendo los gastos de jurisdicciones locales) permaneció relativamente constante en el 15,4% del PBI desde septiembre del año pasado, pero las erogaciones sin intereses aumentaron del 15,6% al 16,1% del PBI en el mismo período.

El gasto financiero total del Gobierno central ascendió al 18,05% del PBI en febrero de 2023, acumulando así una suba de 0,75 puntos porcentuales desde que Sunak asumió la dirección del Poder Ejecutivo. La disciplina fiscal que pretende inspirar el oficialismo solo viene perfilada por los ingresos públicos, pero no se demostraron mayores señales de austeridad desde el punto de vista de los gastos.

El déficit fiscal primario escaló al 0,6% del PBI en febrero, cuando representaba solamente el 0,05% del producto cuando Sunak asumió el liderazgo conservador. Asimismo, el déficit financiero total llegó a representar el 2,6% del PBI en febrero y fue el más alto registrado en los últimos 11 meses.

Los mercados se encuentran expectantes de los resultados de la reforma tributaria con vigencia desde abril, pero la ausencia de austeridad en las erogaciones y la incipiente recesión sobre la actividad económica amenaza con reproducir un nuevo episodio de inestabilidad como el que sufrió la administración Truss. Las perspectivas por una eventual victoria laborista empeoran aún más los pronósticos fiscales para el país. 

La estimación oficial del PBI mensual revela que la economía británica no logró crecer prácticamente nada en febrero de 2023, y acumula una ligera retracción del 0,4% desde mayo del año pasado. Corrigiendo este indicador por el incremento poblacional, el ingreso real por habitante del Reino Unido registró una caída del 0,65% en el mismo período.

La situación de estancamiento se produce al mismo tiempo en que la inflación se muestra reticente a bajar del 10% interanual. La última medición interanual del IPC marcó una suba del 10,1% para el mes de marzo, el séptimo mes consecutivo en que el país registra inflación anual de 2 dígitos.

La inflación subyacente continúa apostada en el 6,2% interanual de acuerdo al último relevamiento realizado en marzo, la de alimentos escaló al 19,1% interanual en ese mismo mes (la más alta de la que se tengan registros desde 1990) y la inflación en servicios aumentó al 6,6% en los últimos 12 meses (el dato más alto desde enero de 1992).

Se consolidó el crecimiento económico con políticas liberales, se erradicó el problema inflacionario en Inglaterra y se eliminó el déficit fiscal. La economía del Reino Unido atravesó un drástico proceso de modernización a partir de las masivas privatizaciones, y se recuperaron los servicios públicos.

El pasado 8 de abril se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Margaret Thatcher, la primera mujer en ocupar el cargo de Primer Ministro del Reino Unido, entre 1979 y 1990, y lo hizo en representación de un renovado conservadurismo británico que gracias a ella recuperó la filosofía liberal en temas relacionados a la economía.

Bajo su administración, el Reino Unido logró superar los episodios de estanflación crónica. La actividad económica real acumuló un crecimiento del 31% entre mayo de 1979 y noviembre de 1990, mientras que la producción industrial se expandió en un 10% después de casi siete años de estancamiento desde la crisis de 1973.

Thatcher sentó los precedentes de la economía moderna, sus reformas trascendieron su Gobierno y fueron mayormente mantenidas y convalidadas por las sucesivas administraciones de los “nuevos laboristas” a partir de 1997, que no les quedó otra opción que emular sus políticas económicas para lograr el voto popular.

Cuando la propia Thatcher fue interpelada para responder cuál consideraba como el principal logro de su gestión, simplemente respondió: “Tony Blair y el nuevo laborismo. Hemos obligado a nuestros adversarios a cambiar de opinión”.

Reforma del Estado y eliminación del déficit fiscal

Al momento de asumir la gestión, el Reino Unido atravesaba una crisis fiscal heredada del viejo laborismo británico. La principal fuente de financiamiento del déficit fiscal era la monetización del Banco de Inglaterra a través de la emisión y los giros al Tesoro, habiendo agotado los importantes superávits fiscales de la década anterior incluso a pesar de la excesiva presión tributaria. 

El programa de Thatcher llevó a cabo una profunda reforma del Estado para bajar las tasas impositivas, alentar el crecimiento económico de largo plazo con políticas de oferta (en contraste con las políticas de demanda promulgadas por los laboristas), y disminuir el peso del sector público en la economía británica.

El gasto público total del Reino Unido se redujo del 41% del PBI en 1979 al 34,8% para el año 1990, el mayor ajuste presupuestario de la historia británica desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, desde 1988 se eliminó completamente el déficit fiscal financiero (incluyendo el pago de intereses de deuda), y entre 1989 y 1990 el Estado registró superávits mayores al 1,5% del PBI. Esto permitió estabilizar el stock de la deuda pública y moderar la carga de los intereses.

Al mismo tiempo fueron rebajados los principales impuestos responsables de la recaudación nacional. La tasa marginal máxima del impuesto a las Ganancias cayó del 98% al 40% entre 1977 y 1990, mientras que la tarifa nominal promedio descendió del 72% al 32,5% en el mismo período. La tasa más baja del impuesto a la renta disminuyó del 40% al 25%, por lo que la totalidad de los contribuyentes percibieron la rebaja impositiva.

La tasa más elevada del impuesto a la herencia se redujo del 75% al 40% entre 1982 y 1986, y esta reforma prevalece hasta el día de hoy. La carga tributaria para las utilidades no distribuidas de las grandes empresas se redujo del 52% al 35%, mientras que para las pequeñas y medianas la tasa cayó del 40% al 25%.

Liberalización de precios y combate a la inflación

La administración Thatcher desarticuló el arsenal de regulaciones y controles que habían sido impuestos por los sucesivos Gobiernos laboristas para tratar de contener (sin mayor éxito) el aumento de los precios. El Gobierno conservador abolió los controles de precios pautados por la Comisión de precios y la Junta de Pagos en julio de 1979, y estos organismos fueron finalmente desmantelados ley de competencia de 1980. 

Hacia octubre de 1979 la administración decidió eliminar completamente todos los controles cambiarios que aún operaban en el país. Hasta entonces, regía la Ley de control de cambios de 1947 aprobada por los laboristas, que desde la gestión del exministro Harold Wilson restringía la cantidad de libras que podían retirarse del país o la cantidad de divisa que podían adquirirse. 

Estas medidas provocaron un sinceramiento de precios que desembocó en un salto del IPC de casi 5% en julio de 1979, y la inflación escaló al 22% interanual en mayo de 1980. Una vez eliminadas las distorsiones heredadas del laborismo, el Gobierno emprendió un estricto programa de ajuste monetario para limitar la oferta de dinero y mitigar la inflación. 

La inflación retrocedió a un solo dígito a partir de febrero de 1982, y promedió el 5% entre 1983 y 1990. El programa económico de Thatcher permitió volver a anclar las expectativas inflacionarias, permitiendo una gran moderación de la nominalidad que perduró hasta la llegada de la pandemia en 2020.

Las masivas privatizaciones

La economía del Reino Unido atravesó un ambicioso proceso de modernización a través de la privatización de los principales servicios públicos. Se enterró el “Estado empresario” como interventor activo en la economía, para limitarse a una función estrictamente subsidiaria y garante de reglas de juego estables para la iniciativa privada. 

Las privatizaciones más importantes conectadas por la administración de Margaret Thatcher:

• Aeroespacial británica (1981)
• Puertos británicos asociados (1983)
• Telecomunicaciones británicas (1984)
• Caja de Ahorros Fiduciaria (1985)
• Empresa petrolera Britoil (1985)
• Helicópteros de British Airways (1986)
• Empresa de Gasolina británica (1986)
• Rolls Royce (1987)
• Autoridad de Aeropuertos Británicos (1987)
• Empresa tecnológica ISTEL (1987)
• Autobús Leyland (1987)
• Aerolíneas británicas (1987)
• Conglomerado automotriz Leyland (1988)
• Ingeniería ferroviaria británica (1988)
• Empresa de Acero Británico (1988)
• Empresa Nacional de Autobuses (1988)
• Empresa británica de fabricación naval (1989)
• Red de distribución de agua en Inglaterra y Gales (entre 1989 y 1990)

El exministro de Hacienda Nigel Lawson, lamentablemente fallecido el pasado 3 de abril, fue una pieza clave para consolidar el proceso de privatizaciones. Fue considerado como una de las figuras más prominentes del gabinete de Thatcher. También contribuyó en aspectos técnicos para la reforma del sistema impositivo, la abolición de los controles cambiarios y el ordenamiento de las finanzas públicas.