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Reino Unido

El principal asesor de Boris Johnson renunció abruptamente a su cargo: se terminó el ala de derecha en el gobierno inglés

Dominic Cummings, el jefe de asesores de Downing Street y mano derecha de Boris Johnson, renunció ayer por la noche y vació abruptamente su oficina, tras perder una puja de poder con el sector progresista del Gobierno.

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Dominic Cummings, principal asesor y mano derecha del primer ministro Boris Johnson, renunció ayer por la noche y vació abruptamente su oficina en No10 Downing Street. El quiebre se venía rumoreando hace tiempo y fuentes extraoficiales habían asegurado que su salida ya estaba pactada para enero del año que viene, después del Brexit.

Cummings fue uno de los principales artífices de la campaña del Brexit, lideró el equipo de "Vote Leave" en 2016 y construyó personalmente la imagen y la campaña de Boris Johnson para las elecciones de 2019, donde el Partido Conservador obtuvo uno de sus victorias más abultadas de la historia.
Su experiencia en campañas políticas de derecha en todo Europa y su estrecha relación con Steve Bannon, quien cumplía un rol similar al de Cummings en la Casa Blanca con Trump, lo habían convertido en una de las figuras electorales más codiciadas del Reino Unido. Luego de cortejar con Nigel Farage y Jacob Rees-Mogg, finalmente terminó trabajando con Johnson cuando éste ganó la interna conservadora tras la dimisión de Theresa May en 2019.
Sin embargo, Boris Johnson nunca estuvo satisfecho con la agenda que Cummings le hacía implementar en el país, y renegaba cuando su asesor le pedía que se parezca más a Trump o a Bolsonaro.

Dominic Cummings salió abruptamente de Downing Street el 13 de noviembre por la madrugada.

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Junto al Secretario de Comunicaciones, Lee Cain, Cummings representaba el ala de derecha dentro del Gobierno, y habían estado tratando de limpiar de la administración a muchos funcionarios históricos del Partido Conservador que hace tiempo que pactaron con la izquierda. Esta puja de poder terminó siendo derrotada por la Secretaria de Prensa, Allegra Stratton, y la novia de Johnson, Carrie Symonds, quien ha ganado una fuerte influencia en Downing Street en los últimos meses, tratando de correr al mandatario a la izquierda.

Symonds está comprometida con Boris Johnson desde 2019 y juntos tienen un hijo recién nacido, y es la primer mujer que reside en Downing Street sin estar casada con el Primer Ministro. A pesar de estar con uno de los políticos más conservadores del espectro político inglés, ella es una incansable militante del aborto, del feminismo, del cambio climático y del ecologismo.
Si bien fuentes cercanas a la pareja aseguran que la ideología de Symonds nunca interfirió con la carrera política de su pareja, desde que Boris estuvo internado en graves condiciones por el COVID-19 en marzo de este año, se ha notado una clara impronta suya en la agenda del Primer Ministro, a costa de la de Cummings.
Esta puja de poder finalmente terminó con la renuncia de Cummings, la inminente salida de Cain, y la desaparición total del ala derechista en el gobierno de Boris Johnson.

Carrie Symonds, la comprometida del Primer Ministro Boris Johnson.

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El ahora ex asesor Cummings había negociado con el Partido del Brexit en 2019 para que se baje del proceso electoral y no divida el voto de derecha. Esto, junto a una contundente agenda de derecha, que se centró en aumentar la seguridad, reinvertir en el sistema de salud y reformar la política de inmigración (logrando aprobar el Brexit), le logró un histórico triunfo a Boris Johnson con casi el 45% de los votos, una cifra solo superada por Margaret Thatcher en 1979.

Pero la pandemia del coronavirus revolucionó toda la agenda en 2020, la promesa de reinvertir en salud se convirtió en el único objetivo de Boris, el Brexit se logró pero las negociaciones con la Unión Europea fueron desastrosas y el presupuesto en seguridad terminó siendo más bajo que el de 2019.

En estos caóticos meses de coronavirus, cuarentenas y recesión, la prensa británica además lanzó una campaña para desprestigiar a Cummings, acusándolo de haber roto la cuarentena que él mismo había recomendado , a pesar de que en realidad él fue el mayor detractor de la cuarentena en el círculo íntimo de Johnson.

Boris no salió a defender a su asesor y las fricciones entre ellos se volvieron irreconciliables.

No se sabe el destino de Cummings, pero a sus 48 años el asesor estrella del Gobierno lideró las exitosas campañas para que el Reino Unido no adopte el euro, múltiples campañas distritales, el Brexit en 2016 y la campaña nacional del Partido Conservador de 2019; y todo esto sin siquiera estar afiliado a los Conservadores.

Por su parte, el futuro de Boris también es incierto. Un diputado conservador dijo hace poco que cuando Boris Johnson asumió en diciembre 2019 "todos pensaban que iba a gobernar por 10 años, pero que después del COVID-19, les sorprendería si llega a los 10 meses de gobierno".

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Reino Unido

Un inmigrante ilegal que había marchado con un cartel de "los inmigrantes no somos criminales" fue arrestado por violar una niña de 15

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Un congolés que sobrevivió tres intentos de deportación y que se había hecho famoso protestando en contra de la política migratoria conservadora, se declaró culpable esta semana de violar a una niña de 15 años.

Anicet Mayela, un inmigrante ilegal que llegó en 2004 a Londres de la República del Congo, se viralizó unos años atrás cuando en una marcha en contra de las políticas migratorias del gobierno de Boris Johnson, protestó frente a un centro de deportaciones con un cartel que leía: "los inmigrantes no somos criminales".

El hombre, que estuvo en múltiples ocasiones a punto de ser deportado, logró esquivar todos los intentos de la Policía británica, y esta semana fue arrestado, no por su condición de inmigrante ilegal, sino por algo mucho peor: fue encontrado culpable de violar a una niña inglesa de 15 años.

El Tribunal de la Corona de Oxford se está encargando de su caso, y aseguró en el expediente que hubo un alto nivel de violencia durante el ataque sexual de Mayela contra la niña, según informa The Sun.

Tras su arribo al país en 2004, el Gobierno británico intentó deportarlo inmediatamente, pero la medida tuvo que ser suspendida después de que alegara que fue herido en una celda de aislamiento en el Centro de Deportación de Inmigrantes de Colnbrook, cerca del aeropuerto de Heathrow.

Poco después, las autoridades hicieron un segundo intento, donde incluso lograron subirlo a un avión de la línea Air France que viajaba al Congo. Sin embargo, la tripulación francesa del avión hizo una protesta para evitar su deportación, asegurando que se había convertido en la "cara visible" de la poco humana política migratoria del gobierno.

Los pilotos del avión que salían del aeropuerto de Southampton se negaron a despegar, y finalmente el gobierno de Tony Blair decidió suspender su deportación. Semanas más tarde, Mayela obtuvo permiso para quedarse en el país después de que sus abogados dijeran que los agentes encargados de subirlo al vuelo lo habían agredido y hasta le habían roto una mano.

Mayela quedó en una situación rarísima: no fue otorgado ciudadanía pero la Justicia decidió que no sería deportado, por lo que se le dio vía libre para quedarse en el Reino Unido. El diputado conservador Marco Longhi protestó en el Parlamento por este caso que fue paradigmático en aquel entonces, pero nada cambió su situación.

Casi 20 años después, el africano jamás se adaptó a la civilización inglesa, y unas semanas atrás fue arrestado luego de ser identificado como el principal culpable en la violación de una niña de 15 años en Oxford, ante lo cual confesó su culpabilidad.

Longhi, quien todavía es diputado, ha estado recorriendo los medios acusando al Gobierno de no ser lo suficientemente duro con la inmigración. “Mis electores seguramente estarán furiosos al descubrir que se quedó aquí con lo que parece ser una excusa endeble antes de cometer este horrible crimen”, dijo.

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Economía

La Comisión de Crecimiento del Reino Unido determinó que reducir la migración elevaría la renta per cápita del país a largo plazo

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Así lo determinó el organismo lanzado por la exprimer ministra Liz Truss, implementado para encontrar soluciones al anémico crecimiento de la economía británica. También se determinó que la reducción del impuesto a la herencia generaría un mayor impacto positivo que cualquier otro impuesto en el país.

Uno de los mayores problemas para el sostenimiento de las finanzas públicas del Reino Unido es la migración ilegal fuera de control, un fenómeno que encarece el costo de la salud pública en detrimento del grueso de los contribuyentes que deben pagar cada vez más para mantenerla pero que no reciben beneficios adicionales por tal esfuerzo.

La migración descontrolada parece incompatible con el llamado “Estado de bienestar”, y así lo deja ver un reciente estudio de la Comisión de Crecimiento del Reino Unido, un ente lanzado por la administración de Liz Truss para estudiar las razones detrás del estancamiento de la economía.

La Comisión encontró que reducir la migración neta anual de 350.000 personas a 150.000 en los próximos años, posibilitaría un aumento del nivel de ingreso promedio por habitante de hasta 1.100 libras al año. Esto se explica fundamentalmente por dos cuestiones: el menor costo presupuestario a cuenta de las redes de seguridad social del país, y por otra parte una mayor proporción de PBI distribuido entre menos personas.

El organismo señaló que la migración descontrolada también genera fuertes presiones sobre el mercado inmobiliario, ya que este fenómeno no se desarrolla de manera ecuánime en todo el territorio del Reino Unido, sino que se concentra principalmente en los grandes centros urbanos. 

La migración sin restricciones condujo al encarecimiento general del precio de las viviendas y de los alquileres en las grandes ciudades. Las jurisdicciones con menores regulaciones inmobiliarias pudieron adaptarse mejor al shock de demanda, mientras que otras (como por ejemplo Londres bajo el control del laborismo) sufrieron un alza significativa de los precios de la vivienda.

Douglas McWilliams, copresidente de la Comisión de Crecimiento, explicó que las regulaciones y la excesiva burocracia detrás de los permisos de construcción urbana impidieron una rápida adaptación del mercado inmobiliario a los sucesivos shocks migratorios. Remarcó la necesidad de reformar y desregular el sistema de planificación urbana para hacer más fácil la construcción de nuevas viviendas.

La Comisión también estudió las posibles rebajas tributarias que podrían estimular la inversión y el crecimiento de largo plazo de la economía. En este sentido, concluyó que cualquier rebaja (o incluso la eliminación) del Impuesto a la Herencia tendría un efecto positivo mayor a la de casi cualquier otro impuesto del país.

La eliminación del gravámen sobre las herencias generaría un repunte potencial del 1,4% sobre el PBI per cápita para el año 2044, alrededor de 865 libras adicionales cada año para los ciudadanos. Esto contemplaría una rebaja tributaria de 7,6 millones de libras para el período 2024-2025.

Si se aplicara una rebaja tributaria similar pero para el Impuesto de Sociedades, entonces el crecimiento de la renta por habitante se incrementaría en un 1,6% para 2044, mientras que la misma receta para el impuesto a las Ganancias de personas físicas daría como resultado un incremento de sólo el 0,3% respectivamente.

La principal razón explicativa detrás de estas cifras es el envejecimiento poblacional. Conforme se incrementa la participación de personas mayores como porcentaje de la población total, aumenta desmedidamente la recaudación por herencias y por lo tanto también su impacto negativo en el desarrollo de la economía.

“Con una población que envejece y con tantos otros países con tasas bajas o nulas de impuesto a la herencia, mantener este impuesto por razones puramente ideológicas parece ser un lujo que el Reino Unido no puede permitirse”, declaró McWilliams.

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Reino Unido

El Reino Unido intenta controlar el colapso social y endurece su política migratoria: Los inmigrantes ilegales serán deportados a Ruanda

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Una enmienda aprobada en la Cámara de los Comunes, que debe ratificarse, permitirá ignorar las órdenes globalistas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y proceder a la deportación de los inmigrantes ilegales en suelo británico a Ruanda.

El primer ministro británico Rishi Sunak se anotó una masiva victoria en su agenda anti inmigración que viene trabajando con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al aprobar este jueves, con el apoyo de 320 diputados, una ley que permite deportar inmigrantes ilegales a Ruanda.

Si bien resta la aprobación de la Cámara de los Lores (lo que sería como la Cámara Alta de su sistema legislativo), se espera que sea homologada fácilmente y el Partido Conservador logra un importante éxito en un año electoral.

Los conservadores vienen de una serie de derrotas legislativas brutales, y se ve golpeado en las encuestas por dos aspectos centrales: una pésima gestión del COVID-19 y la explícita traición al Brexit que los británicos votaron, luego de que en 4 años tras su salida de la Unión Europea, solo se eliminaran 600 de las 4.000 regulaciones vigentes del bloque europeo.

Esta medida se trata de una de las promesas electorales de Sunak, quien había prometido frenar la llegada de indocumentados a través del Canal de la Mancha y llevar a la práctica el sistema de deportaciones que había empezado a negociar el ex primer ministro Boris Johnson.

La Corte Suprema británica había fallado previamente en contra de esta política, respaldándose en la falta de garantías de seguridad de esos migrantes una vez llegados a Ruanda y en un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esta legislación aprobada sobrepasa la decisión del tribunal eurpeo que avala año a año el tráfico de personas indocumentadas.

El Reino Unido tiene un trabajo de largos años enfrentando una profunda crisis social y laboral provocada por la inmigración indiscriminada, especialmente la intromisión de células terroristas o ligadas al narcotráfico que llegan en estas embarcaciones.

Las cifras son alarmantes, ya que entre el 2022 y el 2023 llegaron al Reino Unido 75.000 embarcaciones cargadas de inmigrantes indocumentados, con un promedio de 500 personas por cada bote. La gran mayoría cruzando, desde Francia, a través del Canal de la Mancha.

El año pasado, el gobierno conservador logró llegar a un acuerdo con Turquía para el establecimiento de un nuevo centro operativo para abordar el crimen de inmigración organizado. En ese entonces, la ministra británica del Interior Suella Braverman aseguró que debían "hacer todo lo posible para acabar con las bandas de contrabandistas de personas y detener los barcos".

Este texto enfrentará esta semana el primer debate en la Cámara de los Lores que podría proponer algunas modificaciones, pero sin alterar el espíritu que plantea el proyecto. El Comité de Acuerdos Internacionales de la Cámara recomendó no aprobarlo hasta que los ministros no puedan demostrar que el acuerdo es seguro.

Los laboristas, encabezados por su líder Keir Starmer, han asegurado que la derogarán en caso de llegar al poder, además de prometer una fuerte suba de impuestos en una economía en recesión.

Todas las encuestas indican que, de no mejorar las cifras para el gobierno conservador, el laborismo británico estaría a las puertas de volver a gobernar el Reino Unido luego de 14 años marginado a la oposición. El panorama es muy distinto a lo ocurrido en la última elección, donde Boris Johnson arrasó con una mayoría histórica para los Conservadores.

Boris era polémico pero efectivo, y consiguió la mayor cantidad de votos de la historia para un candidato conservador en 2019. Sunak es todo lo contrario; con un perfil moderado y alejado de las polémicas, las encuestas muestran una intención de voto por el piso.

Por fuera de la discusión parlamentaria de la enmienda migratoria, durante esta semana Sunak deberá enfrentar la rebelión de más de 40 parlamentarios conservadores, que demandaron más fondos para sus consejos locales (los gobiernos territoriales de Reino Unido), ya que enfrentan la bancarrota ante el aumento de costos y los recortes producidos por el gobierno central en busca de mayor austeridad.

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