La Derecha Diario Celulares, estafas y mafias: dos décadas de bandas dentro de cárceles cordobesas
Presos mantienen redes delictivas con celulares por dos décadas mientras autoridades investigan irregularidades
Desde Salta llegaron policías para dar con banda que operaba en localidad cordobesa de Río Cuarto. Hace dos décadas que presos acceden a celulares: al inicio, hacían extorsiones; luego, complejas estafas, negocios narcos y órdenes de vendettas. Todo, en las sombras del Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC).
Muros afuera esta banda había sido bautizada como “Los Loros”. Es que muros adentro la banda de presos había creado un aparato delictivo que les generaba altos beneficios. Su ardid giraba alrededor de autos a la venta y estafas repetidas con precisión.
Desde la cárcel de Río Cuarto, tercera en importancia en Córdoba, comenzaron a operar contra víctimas de Salta y otras provincias. La policía de la provincia norteña intervino con apoyo de Córdoba, secuestrando celulares y arrestando cómplices. Mientras tanto, en otros penales cordobeses también se registraron allanamientos por estafas telefónicas.
Expansión y sofisticación de fraudes muros adentro
Desde los primeros años de la década del 2000, los presos lograron introducir celulares de manera ilegal y organizar bandas.Los fraudes evolucionaron desde secuestros virtuales hasta estafas complejas y manejo de negocios narcos dentro y fuera de los pabellones. A la par, surgieron venganzas y ajustes que conectaban los penales con barrios de la capital y ciudades del interior.
En 2015, la operación de celulares se multiplicó y se diversificó en Bouwer, Cruz del Eje, Villa María y San Francisco. Los internos comenzaron a profesionalizarse en estafas y a coordinar acciones con cómplices externos, creando un sistema organizado de delitos continuos. La entrada de dispositivos estaba vinculada a presuntas corrupciones dentro del SPC, según investigaciones judiciales.
El fiscal Enrique Gavier, de Delitos Complejos de Córdoba, señaló que los teléfonos ingresaban y eran revendidos a altos costos junto a drogas y otros bienes, con connivencia de jefes penitenciarios. Recientemente, la justicia dictó cinco perpetuas por crímenes narcocriminales tramados desde las cárceles. Esta primera etapa de investigación por corrupción del SPC ya fue enviada a juicio.
Control insuficiente y repercusiones tecnológicas
Durante la pandemia de 2020, los “call centers tumberos” se expandieron usando celulares 4G para estafas de vacunación, subsidios, préstamos y sorteos falsos. Los presos lograban ejecutar maniobras complejas que incluían cobrar dinero a víctimas y manipular operaciones bancarias desde sus celdas. Paralelamente, mantuvieron el control de drogas y negocios ilícitos dentro y fuera de los penales.
La Provincia instaló inhibidores de señal para frenar desbordes pero los vecinos de Bouwer y Cruz del Eje se quejaron por interferencias. La medida se volvió un problema técnico y social, mientras los presos continuaban con sus redes de delito adaptándose a las limitaciones.
En 2023 Gavier inició investigaciones por presunta connivencia entre internos y guardias del SPC y detuvo al ex jefe Bouvier y varios ex subalternos. Según la fiscalía, durante años funcionó un “cogobierno” delictivo dentro de los penales, con tarifarios para celulares, drogas, permisos de traslado y beneficios ilegales. La primera parte del expediente sigue su curso judicial y los acusados niegan las imputaciones.
Corrupción y manejo interno del SPC
El fiscal Enrique Gavier ordenó que Sergio Guzmán, ex jefe penitenciario, sea juzgado por asociación ilícita junto a tres abogados y dos civiles acusados. La investigación apunta al ingreso ilegal de celulares, coimas y favores a internos para obtener beneficios indebidos. La fiscalía asegura que esta presunta mafia permitía un cogobierno en los penales consolidando décadas de control y enriquecimiento ilegal de internos y cómplices.
Durante años, los celulares ingresaban a los pabellones sin control y generaban ingresos millonarios para presos y cómplices externos. Además, la red delictiva incluía drogas, permisos de traslado, cursos ficticios y ajustes contra otros internos. Todo esto operaba con presunta complicidad de jefes penitenciarios que incumplían sus deberes legales.
Gavier subrayó que la primera etapa del juicio busca demostrar cómo los internos lograban consolidar negocios ilícitos con la colaboración de empleados penitenciarios. Se investigan, además, contratos y pagos irregulares que facilitaban el ingreso de dispositivos y productos prohibidos. La fiscalía apunta a que estos esquemas generaron un sistema de corrupción estructural dentro del SPC que afectó la seguridad de los penales y la justicia en general.
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