La Derecha Diario Córdoba: denunció un falso abuso sexual en el Centro Cívico y ahora lo investigan
La Justicia determinó que la acusación carecía de veracidad y abrió una causa contra el denunciante por falsa denuncia.
Un trabajador del Ministerio de Seguridad denunció a un compañero por supuesto abuso en octubre de 2024. Según su versión, el hecho ocurrió en un ascensor del Centro Cívico. Incluso aseguró que había testigos que presenciaron la situación.
La Justicia analizó las cámaras de seguridad y tomó declaraciones de empleados. Las pruebas no confirmaron el relato del denunciante. El fiscal Juan Ávila Echenique resolvió que la acusación era inventada.
La resolución judicial señaló que la denuncia fue “una creación intelectual”. El fallo agregó que carecía de veracidad y no coincidía con la evidencia. Ahora, se abrió una causa penal contra el trabajador por falsa denuncia.
Denuncias falsas y efectos sociales
Este caso revela un problema grave: la utilización de causas sensibles como herramienta de ataque. La acusación inicial generó un fuerte impacto dentro del Ministerio de Seguridad. El denunciado quedó señalado socialmente antes de que se comprobara su inocencia.
Cuando las denuncias se formulan sin pruebas sólidas, la víctima real es la reputación de personas inocentes. Quien sufre la condena social difícilmente recupera su buen nombre. Este escenario muestra un sistema donde basta acusar para arruinar una vida.
Las denuncias falsas no solo afectan a los acusados, sino también a las víctimas reales. Cada mentira mina la confianza en quienes sufren abusos auténticos. El resultado es una justicia debilitada y un descrédito creciente en la sociedad.
El trasfondo cultural y político
El auge del feminismo radical instaló la idea de creer sin cuestionar. Bajo esa lógica, la presunción de inocencia quedó relegada. Así, la denuncia se convierte en condena anticipada.
El clima cultural creado por estos discursos fomenta abusos del sistema. Denunciar se transforma en un arma de poder dentro del ámbito laboral. La Justicia aparece como último freno frente a estas maniobras.
La democracia requiere equilibrio entre proteger a víctimas reales y evitar linchamientos sociales. Casos como este muestran el costo de no respetar la presunción de inocencia. Una sociedad libre debe exigir pruebas antes de destruir reputaciones.
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