Un abogado penalista de Córdoba, identificado como Humberto Márgara, de 70 años, fue detenido este martes tras una denuncia por abuso sexual. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del 1° Turno, a cargo de Juan Fernando Ávila Echenique.
La denunciante es la madre de un joven actualmente detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), defendido por el acusado. Según la investigación, el abuso ocurrió en el marco de negociaciones para lograr la liberación del cliente.
De acuerdo a la causa, el letrado habría exigido alrededor de dos millones de pesos para conseguir la excarcelación del joven. Como la mujer no lograba reunir ni el 10% de esa suma, en ese contexto se habría producido el abuso, que dejó secuelas físicas.
El abogado penalistas Humberto Márgara fue detenido tras una denuncia en su contra por abuso sexual.
La investigación fiscal y las pruebas reunidas
Tras la denuncia, el fiscal Ávila Echenique ordenó la recolección de pruebas y testimonios para avanzar en el caso. La medida incluyó peritajes médicos y psicológicos a la víctima, además de declaraciones que reforzaron la acusación.
Luego de evaluar los elementos presentados, la fiscalía dispuso la detención e imputación de Márgara bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal”. El expediente continúa bajo secreto de sumario para resguardar la investigación en curso.
El caso generó fuerte repercusión en los tribunales cordobeses, debido a la trayectoria del abogado y la gravedad de la acusación. Se espera que en los próximos días se definan las medidas procesales que seguirá la justicia.
La fiscalía dispuso la detención e imputación de Márgara bajo la figura de “abuso sexual con acceso carnal”.
Repercusiones en el ámbito judicial cordobés
El hecho impactó en el foro penal de Córdoba, donde Márgara era un profesional con varias décadas de actividad. Su arresto abrió un debate sobre la responsabilidad de los abogados en su ejercicio y la confianza de los clientes en la defensa penal.
La denuncia expone una situación delicada en la relación entre defensores y familiares de detenidos. Desde el Ministerio Público señalaron que la investigación se desarrolla con perspectiva de género y bajo protocolos establecidos.
En paralelo, organizaciones que trabajan con víctimas de violencia sexual reclamaron que el caso avance con celeridad. La expectativa está puesta en la decisión del juez de control respecto a la prisión preventiva del letrado.
