La Justicia Federal de Córdoba avanza con una causa que investiga una red dedicada a emitir facturas falsas desde 2018, con fines de evasión impositiva. Según el fiscal Enrique Senestrari, la organización era dirigida por Diego Alberto Vieyra Ferreyra y contaba con un esquema estructurado. La acusación comprende delitos de asociación ilícita fiscal y manipulación de registros tributarios.
El expediente identificó aproximadamente 600 usuarios que habrían recurrido a los comprobantes apócrifos, entre ellos empresas privadas, municipios y entes diversos. Las maniobras detectadas superan los 2.200 millones de pesos en movimientos registrados en distintos períodos fiscales. La magnitud del caso lo convierte en uno de los más relevantes en materia de fraude impositivo de la provincia.
Si bien se firmaron acuerdos de pago con la Afip (en su momento) y ahora con Arca, aún permanecen deudas pendientes cercanas a los 20 millones de pesos. Dichos montos corresponden a operaciones realizadas en los períodos 2023 y 2024, según precisó el fiscal a cargo de la investigación. Ante el riesgo procesal, se solicitó la prisión preventiva del principal imputado.
