La Justicia Federal de Córdoba avanza con una causa que investiga una red dedicada a emitir facturas falsas desde 2018, con fines de evasión impositiva. Según el fiscal Enrique Senestrari, la organización era dirigida por Diego Alberto Vieyra Ferreyra y contaba con un esquema estructurado. La acusación comprende delitos de asociación ilícita fiscal y manipulación de registros tributarios.
El expediente identificó aproximadamente 600 usuarios que habrían recurrido a los comprobantes apócrifos, entre ellos empresas privadas, municipios y entes diversos. Las maniobras detectadas superan los 2.200 millones de pesos en movimientos registrados en distintos períodos fiscales. La magnitud del caso lo convierte en uno de los más relevantes en materia de fraude impositivo de la provincia.
Si bien se firmaron acuerdos de pago con la Afip (en su momento) y ahora con Arca, aún permanecen deudas pendientes cercanas a los 20 millones de pesos. Dichos montos corresponden a operaciones realizadas en los períodos 2023 y 2024, según precisó el fiscal a cargo de la investigación. Ante el riesgo procesal, se solicitó la prisión preventiva del principal imputado.
Enrique Senestrari, fiscal de la causa
Próxima etapa judicial
La causa se encamina ahora hacia la instancia oral, donde se evaluarán las pruebas reunidas durante la instrucción. En este proceso también se pondrán a prueba los argumentos de las defensas de los acusados, quienes buscan desligarse de responsabilidades. El debate público será clave para dimensionar las consecuencias de un fraude que impactó en la recaudación estatal.
La Cámara Federal de Apelaciones mantiene en estudio un planteo relacionado con la excarcelación de Vieyra Ferreyra, lo que añade complejidad al caso. La definición sobre su situación personal puede marcar el ritmo de los próximos pasos judiciales. La resolución del tribunal será seguida de cerca por todos los actores involucrados en la investigación.
Este proceso no solo involucra a los acusados directos, sino también a quienes utilizaron facturas falsas para reducir cargas tributarias. La amplia red de usuarios deja en evidencia la maniobra ejecutada con fines evasivos. El juicio oral se presenta como una oportunidad para sentar un precedente en Córdoba sobre este tipo de operaciones.
