La Municipalidad confirmó que durante 2025 se registraron 300 detenciones de naranjitas vinculados a cobros ilegales en distintas zonas de la capital. La Policía Provincial señaló que los procedimientos fueron sostenidos a lo largo del año para paliar una actividad que se volvió cada vez más agresiva. Estos casos y prácticas extorsivas revelan un problema persistente que afecta directamente a vecinos y automovilistas.
Los informes oficiales indican que los operativos se concentraron en barrios como Nueva Córdoba, Centro, Alberdi y Güemes, donde la presión sobre conductores creció notablemente. La expansión de estas prácticas ilegales configuró un escenario de constante hostigamiento para quienes transitan por sectores de alta circulación. La fuerza policial reveló que los diferentes despliegues respondieron a denuncias reiteradas y a situaciones que ponían en riesgo la seguridad cotidiana.
Las actuaciones constataron cobros indebidos, actos intimidatorios, amenazas directas y portación de objetos prohibidos utilizados para amedrentar. Así, se configura un patrón delictivo que excede el simple pedido de dinero y que deriva en episodios de violencia verbal y física. En este contexto, la combinación de estas conductas violentas hace imprescindible reforzar los controles en la vía pública.
Una actividad ilegal que siempre deriva en delitos
La continuidad de este fenómeno consolida un circuito ilegal que prospera sobre la falta de control y la ocupación informal del espacio público. Vecinos denuncian que muchos naranjitas usan la excusa del “cuidado vehicular” para extorsionar a conductores con amenazas veladas o exigencias directas de pago. De esta manera, permitir estas prácticas ilegales, que deberían erradicarse, habilita zonas liberadas donde rige la ley del más fuerte y la coerción.
El problema no se limita sólo al cobro ilegal para estacionar, porque en la mayoría de los casos aparecen conductas asociadas a la coacción y al amedrentamiento cotidiano. Los episodios repetidos afectan la actividad económica y generan un clima de tensión permanente en áreas con alta presencia de visitantes. Estas situaciones demuestran que la tolerancia histórica sólo alimentó el avance de grupos mafiosos que operan sin límites.
La prohibición efectiva debe ir acompañada de políticas que aseguren el cumplimiento estricto de las normas en toda la ciudad. Se considera indispensable fortalecer la actuación para impedir que estas redes ilegales vuelvan a instalarse en avenidas, corredores comerciales y zonas residenciales. Solamente la aplicación pareja de la ley es la única vía para garantizar que los ciudadanos circulen sin sufrir extorsiones ni amenazas.
La Policía Provincial seguramente continuará con los simbólicos operativos para impedir la reinstalación de estas bandas en los sectores donde fueron desalojadas. Sin embargo, la colaboración vecinal seguirá siendo clave para detectar nuevos focos de esta actividad extorsiva. El objetivo deberá ser consolidar un entorno urbano seguro que proteja a quienes circulan sin aceptar imposiciones de actores ilegales.
