Once acusados recibieron penas de prisión efectiva en un juicio abreviado y la investigación sigue contra funcionarios penitenciarios.
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La Justicia de Córdoba dictó la primera condena en la causa del call center tumbero que operaba desde la cárcel de Villa María. En un juicio abreviado, once personas fueron sentenciadas a penas de prisión efectiva. El proceso judicial estuvo a cargo del fiscal Enrique Gavier y del juez de Control José Milton Peralta.
Los condenados integraban una asociación ilícita que realizaba estafas telefónicas desde el Establecimiento Penitenciario N° 5. Se probó que usaban celulares ingresados ilegalmente con ayuda de cómplices externos. Entre los penados se encuentran tanto internos como mujeres que operaban desde afuera del penal.
A varios de ellos se les decomisaron celulares, dinero y armas de fuego incautadas en distintos allanamientos.
Quiénes fueron condenados
Las penas alcanzaron a Iván Fernando Cittadini, Braian Nicolás Silva, Cristian José Vera y Daniel Jonathan Santucho, entre otros. También recibieron condenas Carmen Isabel Vázquez, Sofía Abbas, Agustín Valdez, Laura Moreno, Nancy Rosales, Lisandro Agasal y Mauricio Fernández. Las sanciones fueron de entre tres y cinco años de prisión, más multas económicas.
A varios de ellos se les decomisaron celulares, dinero y armas de fuego incautadas en distintos allanamientos. En el caso de Nancy Rosales, se detectó tenencia ilegal de armas, incluyendo un revólver y una escopeta recortada. Según la causa, estos elementos se usaban para reforzar la actividad ilícita y financiar la estructura delictiva.
El expediente determinó que el grupo conformaba una organización delictiva entre reclusos y contactos externos. La finalidad era cometer una cantidad indefinida de delitos contra la propiedad. Las estafas se realizaban mediante perfiles falsos en redes sociales y transacciones engañosas en Marketplace.
Los condenados integraban una asociación ilícita que realizaba estafas telefónicas desde el Establecimiento Penitenciario N° 5.
Funcionarios bajo investigación
La investigación de Gavier no concluye con estas condenas. Aún restan imputaciones contra jefes penitenciarios acusados de habilitar el funcionamiento del call center. Entre ellos están Andrés Américo Aciar, Néstor David Gómez, Edgar Ezequiel Arroyo y Oscar Pablo Figueroa.
Se sospecha que estos funcionarios facilitaron el ingreso de celulares y protegieron a Sebastián Ezequiel Moyano, conocido como “el pluma”, líder del pabellón 11. Con su aval, los internos realizaban estafas mientras entregaban un porcentaje de las ganancias a la cúpula delictiva. La fiscalía sostiene que la estructura se mantuvo activa durante meses.
Las víctimas de estas maniobras fueron ciudadanos comunes y hasta un funcionario judicial cordobés. Entre los casos comprobados figuran compras ficticias de muebles y forrajes en Marketplace. El dinero transferido por las víctimas fue desviado a cuentas controladas por la banda.
Las estafas se realizaban mediante perfiles falsos en redes sociales y transacciones engañosas en Marketplace.
Lo que viene en la causa
El fiscal Gavier adelantó que continuará investigando a los presuntos cómplices penitenciarios. Se espera que se amplíen las imputaciones a medida que avance la causa. El expediente permanece abierto y bajo análisis de la documentación secuestrada.
La Justicia busca así marcar un precedente contra el crimen organizado dentro de los penales cordobeses. El fallo constituye la primera condena firme contra el esquema de estafas telefónicas desde cárceles. El caso expone la necesidad de reforzar los controles para evitar que se repitan hechos similares.
