El juez Federal de Río Cuarto procesó a 13 uniformados por integrar una banda dedicada a extorsionar a camioneros.
Compartir:
La Justicia Federal dictó el procesamiento de trece gendarmes que operaban ilegalmente en los controles viales de las rutas nacionales 8 y 35. Según la investigación, los efectivos apostados cerca de Sampacho exigían dinero en efectivo a los transportistas para permitirles continuar su camino. El magistrado Carlos Ochoa considera que los implicados conformaron una estructura delictiva organizada que se aprovechaba de su autoridad pública estatal.
Los testimonios indican que los agentes demoraban a los conductores al costado de la ruta con el pretexto de supuestas irregularidades en su documentación. Bajo presión, las víctimas debían colocar billetes dentro de carpetas o baúles para evitar el secuestro de sus vehículos o la confección de multas. Esta operatoria se habría extendido desde octubre de 2024 hasta julio de 2025, afectando a numerosos trabajadores del volante de todo el país.
En sus declaraciones indagatorias, los acusados negaron los cargos y justificaron ciertas transferencias bancarias como pagos por viáticos o apuestas virtuales. Sin embargo, el juez sostiene que existía una planificación coordinada con roles divididos para garantizar una recaudación dinámica, fluida y también ágil. Para la Justicia, estos actos de corrupción institucional erosionan gravemente la confianza social y la vigencia plena del estado de derecho vigente.
Juzgado Federal de Río Cuarto
Apelaciones y desacuerdos en la fiscalía federal
El fiscal Rodolfo Cabanillas interpuso un recurso de apelación al considerar que el procesamiento dictado por el juez Ochoa resultó insuficiente y algo arbitrario. El representante del Ministerio Público reclama que otros 10 uniformados, inicialmente acusados, también sean procesados en lugar de recibir la falta de mérito. Asimismo, cuestionó que se les otorgara el cese de la detención a ciertos implicados que fueron calificados solamente como partícipes necesarios del grupo.
Cabanillas se opuso firmemente a la valoración de la prueba realizada sobre los imputados Galián y Castro, exigiendo que se revise su grado de responsabilidad. La causa será elevada ahora a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, organismo que deberá definir si confirma o modifica los procesamientos. Mientras tanto, la fiscalía insiste en que la banda contaba con una red de encubrimiento mucho más amplia que la detectada originalmente en los tribunales.
El fiscal considera que hubo una valoración dispar de las evidencias recolectadas durante los allanamientos y los cruces de llamadas de los celulares incautados. La disputa judicial se centra en determinar si la asociación ilícita operaba bajo órdenes de mandos superiores que aún no han sido debidamente procesados. Esta instancia de revisión será clave para conocer si el número de detenidos aumenta conforme avancen las pericias técnicas sobre las cuentas bancarias.
El juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, a cargo de la investigación
Jerarquías y roles de la organización criminal
La investigación identificó a los sargentos Walter Ramírez y Marcos Juárez como los presuntos cabecillas encargados de negociar los pagos con los camioneros. Como coautores de los delitos fueron señalados los cabos Roque Choque, Cristian Calisaya, José Villarreal, Jorge Fredes Sánchez, Carlos Ferreyra, Franco Gaspar y Kevin Domínguez. Ellos habrían sido los encargados de interceptar los camiones y ejecutar la coacción directa sobre los conductores durante los controles de rutina.
La primera alférez Analía Galián y el gendarme Facundo Coronel, entre otros, enfrentan cargos como partícipes necesarios dentro de la estructura jerárquica señalada. El gendarme Leonel Castro, conocido bajo el alias de “el Sanjuanino”, cumplía presuntamente la función de receptor de las transferencias y el efectivo. Cada integrante tenía una tarea asignada para asegurar que el dinero recolectado de forma ilegal no fuera detectado por los controles internos institucionales.
Los delitos atribuidos incluyen asociación ilícita, abuso de autoridad, coacción y exacciones ilegales, según lo tipificado en los artículos del Código Penal. La Justicia intenta determinar si el dinero pedido en nombre del Estado fue convertido en provecho propio, lo que agravaría las penas de prisión previstas. El expediente judicial describe una trama estable y habitual que transformó la función de seguridad en un mecanismo de recaudación delictiva personal.
Los efectivos apostados cerca de Sampacho exigían dinero en efectivo a los transportistas para permitirles continuar su camino
Penas previstas y marco legal del caso
El delito de asociación ilícita estipulado en el artículo 210 prevé una escala de prisión que va desde los 3 hasta los 10 años de reclusión presidiaria efectiva. Por otro lado, las exacciones ilegales contemplan inhabilitaciones especiales de hasta 5 años para los funcionarios que abusen de sus cargos para cobrar dádivas. Si se demuestra que el dinero fue para beneficio personal, la pena máxima podría subir a 6 años e inhabilitación absoluta de por vida.
El abuso de autoridad y la coacción suman otros cargos que podrían elevar el cómputo final de las condenas si los uniformados resultan hallados culpables. El juez Ochoa remarcó que la pluralidad de hechos delictivos cometidos desde las inmediaciones de Sampacho demuestra una voluntad criminal sostenida en el tiempo. La sociedad civil aguarda una sentencia ejemplar que castigue el uso de la fuerza pública para fines extorsivos contra el sector privado del transporte.
La Cámara Federal de Córdoba tiene ahora la responsabilidad de analizar si las pruebas recolectadas son suficientes para mantener las prisiones preventivas dictadas. El caso de las “coimas verdes” pone bajo la lupa el funcionamiento de las patrullas en las rutas nacionales que atraviesan el sur de Córdoba. Se espera que en los próximos meses se inicie el juicio oral para determinar la responsabilidad final de cada uno de los 13 gendarmes procesados.
