El incendio ocurrido el 18 de abril en la sede central de Apross destruyó oficinas clave en el área de auditoría y medicamentos, donde se manejaba información sensible. A pesar de peritajes de bomberos y técnicos, la Justicia no pudo determinar el origen del fuego ni reunir pruebas firmes sobre un cortocircuito. La Fiscalía decidió caratular el hecho como de “causa indeterminada”, lo que incrementó la incertidumbre política y social.
El legislador Walter Nostrala, del Frente Cívico, presentó un pedido de informes exigiendo detalles sobre la investigación y el resguardo de pruebas. “No es admisible que, a cuatro meses de un incendio que afectó el corazón administrativo de la obra social provincial, todavía no tengamos una respuesta clara; la ciudadanía merece saber qué pasó”, reclamó. Sus críticas se suman a una denuncia por la presunta desaparición de computadoras en las horas posteriores al siniestro.
Para dirigentes opositores, el fuego generó un daño mayor porque estalló en medio de otras investigaciones por estafas que comprometen a más de veinte imputados. Desde ese sector advierten que se perdieron documentos de relevancia vinculados a auditorías y contratos en curso, lo que alimenta las sospechas de encubrimiento. “Si lo que se perdió era documentación valiosa para avanzar en las investigaciones, la Justicia debe ser la primera interesada en despejar cualquier sospecha”, reiteró Nostrala.
