La Derecha Diario Universidades cordobesas insisten con un proyecto fiscalmente inviable
Rectores y gremios presionan nuevamente por una ley de financimiento universitario sin contemplar los límites presupuestarios
Las universidades públicas de Córdoba convocaron a los 21 legisladores nacionales de la provincia para exigir el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. La reunión fue programada para este lunes en el Consejo Superior de la UNC, con la presencia de rectores, gremios y agrupaciones estudiantiles.
La propuesta está impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El proyecto plantea una suba gradual de la inversión en educación superior desde el 1% del PBI en 2026 hasta el 1,5% en 2031. Pese a la presión institucional, la asistencia de los legisladores cordobeses al encuentro no estaba completamente confirmada.
Entre los senadores, Luis Juez declaró no haber recibido invitación, aunque no descartó asistir. Carmen Álvarez Rivero aún no había definido su participación, y Alejandra Vigo anunció que enviará representantes en su nombre, dejando en claro su apoyo. La convocatoria generó reacciones variadas en todos los bloques legislativos.
Diputados cordobeses: apoyos divididos ante la presión universitaria
En la Cámara Baja, algunos diputados radicales como Soledad Carrizo y Gabriela Brouwer confirmaron su presencia. Por otro lado, Rodrigo de Loredo (presidente del bloque) analizaba su agenda para poder asistir. Desde el PRO, Héctor Baldassi se excusó por motivos de agenda, pero envió una carta de respaldo al proyecto universitario.
Entre los kirchneristas, Gabriela Estévez y Pablo Carro (Unión por la Patria) confirmaron asistencia. El schiarettista Carlos Gutiérrez también participará, mientras que su compañera Alejandra Torres expresó su respaldo desde Madrid. Desde el oficialismo provincial, Ignacio García Aresca y el bloque llaryorista se sumaron al encuentro.
Natalia de la Sota también se mostró favorable al proyecto, al igual que Oscar Agost Carreño, quien busca apoyo para forzar el tratamiento legislativo. La convocatoria de la UNC logró reunir respaldos transversales, aunque varios diputados señalaron no haber recibido invitación formal.
Los libertarios rechazan un gasto que consideran desmedido
En el bloque de La Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni criticó el proyecto: “Si quieren romper el equilibrio fiscal y con eso retomar la inflación, conmigo no cuentan”, dijo. Su compañera Celeste Ponce también negó haber sido invitada, pero no dio señales de acompañamiento.
La diputada Cecilia Ibáñez (MID)se excusó por compromisos en Buenos Aires, aunque aseguró que suele participar incluso en temas donde disiente. Por su parte, Laura Rodríguez Machado (PRO) cuestionó el origen del proyecto: “Fue firmado por el kirchnerismo y por el bloque de Facundo Manes. Nadie más lo acompañó”.
Luis Picat, radical que acompaña al oficialismo libertario, expresó una posición más moderada: “Voy a participar y acompañaré cualquier proyecto razonable”. En tanto, Belén Avico (PRO) no respondió a las consultas. El bloque libertario mantiene firme su postura contra los aumentos del gasto.
Boretto justifica el reclamo, pese al contexto presupuestario nacional
El rector de la UNC, Jhon Boretto, defendió el proyecto de ley en declaraciones radiales. “Ha habido una pérdida significativa en el poder adquisitivo de docentes y no docentes, que supera el 30 por ciento”, afirmó. Para el economista, la situación afecta la retención y renovación del cuerpo académico.
Boretto también mencionó que el presupuesto vigente fue prorrogado desde 2022, lo que –según los fundamentos del CIN– generó una diferencia del 134% entre inflación y fondos asignados. “Se está afectando seriamente el funcionamiento de las universidades”, remarcó.
En relación al presupuesto 2025, desde el CIN advierten que sólo cubre el 50% de las necesidades operativas. Las universidades aseguran que este desfinanciamiento pone en riesgo actividades esenciales como investigación, extensión y atención médica vinculada a obras sociales universitarias.
Un proyecto rechazado por el Gobierno por su impacto fiscal
El presidente Milei vetó acertadamente en 2024 un proyecto anterior de Financiamiento Universitario aprobado por el Congreso, argumentando que implicaba un gasto sin respaldo presupuestario. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esa ley representaba un costo fiscal del 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones.
El mandatario señaló que aprobar leyes con nuevas erogaciones sin fuentes de financiamiento concretas es irresponsable y atenta contra el equilibrio fiscal. “El superávit es innegociable”, enfatizó Milei en múltiples declaraciones. La postura oficial es clara: no se volverá al déficit estructural del pasado.
La disciplina fiscal se convirtió en el eje de la administración libertaria. Desde el Ejecutivo reiteran que sin equilibrio en las cuentas públicas no hay posibilidad de crecimiento sostenible. Por ello, el veto se enmarcó en una política de austeridad realista frente a demandas sectoriales que ignoran la coyuntura económica.
La insistencia universitaria, una presión sin sentido económico
El apoyo de las universidades cordobesas a esta nueva versión del proyecto de financiamiento pone en tela de juicio su responsabilidad institucional. Aunque buscan mejoras salariales y presupuestarias, lo hacen sin contemplar los límites que impone la macroeconomía del país.
El Gobierno considera que ceder ante presiones corporativas como esta sólo abriría la puerta a un populismo fiscal peligroso. Desde diciembre de 2023, la administración libertaria ha trabajado para revertir el descontrol presupuestario heredado, y no está dispuesta a desandar ese camino.
La disputa entre financiamiento educativo y disciplina fiscal debe resolverse con sensatez. La postura del Ejecutivo es clara: sin orden macroeconómico, cualquier expansión del gasto es inviable. La apuesta es por un sistema universitario sostenible, sin volver a prácticas de derroche irresponsable.
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