En Uruguay se ha vuelto costumbre que el Estado financie todo lo que genera ruido político o presión mediática. Deporte, cultura, identidad de género: todo termina justificado como “política pública” bajo la excusa de la inclusión, el desarrollo o la sensibilidad social. Pero en nombre de estos supuestos nobles fines, el Estado sigue expandiendo su rol más allá de lo razonable, dilapidando recursos ajenos y reforzando una idea infantil: que el contribuyente está para pagar, mientras otros viven del sistema.
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Un caso particularmente relevante es el de las personas con disforia de género, en el cual el Estado asume un rol activo como financiador de políticas específicas dirigidas a ciertos colectivos por interés político, lo que deriva en la generación de privilegios financiados con recursos públicos. La asignación de subsidios, cuotas o programas especiales a grupos determinados puede conducir a una dinámica de desigualdad generada a partir del poder estatal, vendida bajo el manto de justicia. La verdadera equidad reside en la igualdad ante la ley, que no se alcanza mediante la distribución de recursos basada en criterios identitarios sino mediante la creación de un marco legal imparcial.
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Lo mismo ocurre con el deporte profesional. Que un deportista gane títulos emociona a muchos, pero eso no justifica que el Estado financie federaciones, obras, viajes o centros de alto rendimiento con fondos públicos. ¿Por qué el reponedor o el almacenero de barrio debe pagarle el gimnasio a un deportista? El deporte, como cualquier actividad voluntaria, debe sostenerse con aportes privados, patrocinios, clubes y —en última instancia— con el esfuerzo propio de quienes lo practican.
