En Uruguay se instaló una discusión que parece técnica, pero en realidad esconde una trampa. El gobierno plantea que, con el nuevo impuesto mínimo global impulsado por la OCDE, las empresas instaladas en zonas francas igual van a terminar pagando. “Si no lo pagan acá, lo pagan en su país de origen. Entonces, mejor que lo paguen en Uruguay”. Dicho así suena hasta lógico. Pero es un razonamiento falaz.
Mides.
Primero, porque parte de una confusión básica: no es lo mismo pagar impuestos en un país que en otro. Para una empresa, que Uruguay le cobre significa encarecer sus operaciones acá y hacer menos rentable la inversión. En su país de origen, en cambio, puede tener deducciones, esquemas de reinversión o margen de maniobra para compensar. No es neutro, ni mucho menos indiferente.
Segundo, porque asume que el capital se va a quedar igual. Como si las empresas no tuvieran opción. La realidad es otra: el capital es móvil y se mueve donde haya condiciones competitivas. Si Uruguay elimina el atractivo fiscal de sus zonas francas, las empresas pueden migrar a Panamá, Chile o Costa Rica sin ningún problema. Lo que hoy es inversión, empleo y derrame económico acá, mañana puede ser nada.
Tercero, porque destruye la razón de ser de las zonas francas. Estos regímenes no son un capricho: son la única herramienta que un país chico tiene para diferenciarse frente a gigantes. Al gravar lo que estaba exonerado, Uruguay pierde su propuesta de valor. Y con eso pierde empresas, empleos calificados y la posibilidad de integrarse a cadenas globales.
Y cuarto, porque cae en la ilusión de suma cero: como si diera lo mismo quién recaude. No es así. Para Uruguay, la diferencia está entre tener una multinacional generando miles de empleos o que esa misma empresa nunca se instale. Para la empresa, la diferencia está en la seguridad jurídica y la planificación de largo plazo. Para la gente, la diferencia está en tener trabajo o no.
Asentamiento.
Acá conviene recordar lo que nos enseñó Rothbard: todo impuesto es inmoral, porque implica que el Estado se apropia por la fuerza del fruto del trabajo ajeno. No hay maquillaje técnico que lo transforme en algo legítimo. Y, como subrayaba David Friedman, más allá de la inmoralidad, los impuestos tampoco funcionan como promete el burócrata: distorsionan los incentivos, desalientan la inversión y terminan generando efectos contrarios a los que dicen perseguir.
Más allá del argumento falaz del gobierno, el problema de fondo es el que vos ya tenés claro: los impuestos no son gratis ni neutros. Siempre recaen sobre alguien: el consumidor, el trabajador, o la propia inversión que no llega. En este caso, la presión fiscal disfrazada de “armonización internacional” castiga a un país pequeño cuya única herramienta competitiva es ofrecer mejores condiciones que los grandes.
