El término “empresa estatal” es, en sí mismo, un oxímoron. Estas entidades carecen de los elementos esenciales para la supervivencia en un libre mercado, y lo voy a demostrar.
Primero, no compiten. Sin competencia, desaparecen los incentivos para mejorar, innovar o siquiera prestar un buen servicio. La satisfacción del cliente se vuelve irrelevante.
Comparación de precios con la región.
Segundo, quienes toman decisiones no arriesgan nada propio. No invierten su dinero, no juegan con su patrimonio y, en muchos casos, ni siquiera temen perder su puesto. ¿Resultado? Desinterés por la eficiencia y los resultados.
Tercero, no pueden realizar cálculo económico. No operan bajo señales de precios ni bajo un marco competitivo que les permita evaluar rentabilidad o asignación eficiente de recursos. Al no poder adaptarse al mercado, se vuelven rígidas y culpan a los consumidores. Se quejan de una “demanda excesiva” en lugar de admitir su propia ineficiencia. ¿Alguien imagina a una empresa privada quejarse de tener demasiados clientes? Parece que nos hacen un favor, cuando en realidad es al revés: sin clientes, no hay empresa. Y sin calidad, no hay quien compre.
La ineficiencia y los precios desorbitados saltan a la vista. En el monopolio de combustibles, Uruguay tiene la nafta más cara de América Latina, con una diferencia abismal respecto al segundo lugar. Y no es un caso aislado: en el sector energético, Uruguay ocupa el décimo puesto mundial y el tercero en América Latina entre los países con la electricidad más cara.
Oficinas de ANCAP.
Uruguay demuestra que el Estado no puede jugar al empresario. Los costos de la nafta y la energía no son una casualidad, sino la consecuencia directa de un modelo que condena a la población a pagar fortunas por servicios mediocres.
Pero esto es simple: pongámoslo a prueba. Si un monopolio estatal fuera eficiente, podría competir sin problemas y seguir funcionando dentro de las leyes del mercado. Si no lo era, se vería obligado a adaptarse para sobrevivir. Y si era un desastre, simplemente desaparecería.
El modelo es simple: no funcionan, no compiten, no mejoran… y aun así nos obligan a pagar por ellos. En cualquier otra parte se llamaría estafa. Acá le decimos “empresa pública”.
