Nacieron de la guerra civil, construyeron un estado clientelar y quebraron la constitución en 1933, 1942 y 1973.
Hay pocas mentiras tan exitosas en la política uruguaya como la que sostiene que el Partido Colorado y el Partido Nacional son los “garantes de la institucionalidad”. Es el certificado de buena conducta que la historia oficial les extiende cada vez que aparece un desafío al statu quo: nosotros somos la República, lo demás es aventura.
El problema es que el archivo dice otra cosa. Y no hace falta ir a buscar fuentes marginales: alcanza con la historiografía consolidada y con el trabajo de autores contrahegemónicos como Federico Leicht y Diego Andrés Díaz, que llevan años desmontando el relato con documentos en la mano.
Nacidos de la guerra, no de la República
Los partidos tradicionales no nacieron de un programa ni de una constitución. Nacieron de una batalla: Carpintería, 19 de septiembre de 1836, donde las divisas blanca y colorada se adoptaron para no matarse por error entre correligionarios. Eran bandos armados, huestes de caudillos, y precedieron al propio Estado uruguayo. No son hijos de la institucionalidad: le impusieron desde la cuna su lógica facciosa.
El resultado fue el siglo XIX más sangriento que se pueda administrar en un territorio tan chico: la Guerra Grande (1839-1851), doce años de guerra civil entre el Cerrito blanco y la Defensa colorada que arrastró intervenciones de Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra; las revoluciones de 1897 y 1904; miles de muertos en un país de pocos cientos de miles de habitantes.
¿Y cómo terminaba cada guerra? No con instituciones: con pactos de reparto. La famosa “coparticipación”, que hoy se enseña como virtud republicana, nació como distribución de jefaturas departamentales y cargos entre aparatos armados. Un modus vivendi entre facciones, no un contrato cívico. Carlos Real de Azúa lo definió mejor que nadie: Uruguay como “sociedad amortiguadora”, donde el conflicto nunca se resuelve, solo se compra y se difiere.
La religión del Estado
El primer batllismo se vende como epopeya modernizadora. La lectura crítica —desarrollada por Diego Andrés Díaz, docente de Historia y ensayista de eXtramuros— invierte el signo: lo que se construyó fue una religión del Estado, con el partido como clero y el empleo público como sacramento.
Estatizaciones, monopolios, Banco República, Banco de Seguros, usinas eléctricas, después ANCAP: un Estado-patrón que convirtió al empleo público en el principal mecanismo de integración social y, no casualmente, de fidelización electoral. El ciudadano fue reemplazado por el cliente, y la clase política se convirtió en intermediaria profesional del favor estatal. El herrerismo, lejos de ser alternativa, se integró al esquema como socio minoritario del botín: la “oposición coparticipante”.
La teoría lo había anticipado. Robert Michels formuló en 1911 la ley de hierro de la oligarquía: todo partido termina siendo una máquina de poder que antepone su supervivencia a sus ideas. Y la escuela del public choice (Buchanan, Tullock) describió con precisión el mecanismo uruguayo: políticos que maximizan cargos, presupuesto y permanencia, y usan el aparato estatal para repartir rentas entre sus clientelas. Los directorios de los entes repartidos “3 y 2” no son una anomalía: son el sistema.
Los golpes de Estado los dieron ellos
Acá es donde el mito se derrumba con estrépito. Los tres quiebres constitucionales del siglo XX uruguayo no los ejecutaron marcianos ni agitadores extranjeros: los ejecutaron presidentes de los partidos tradicionales.
1933: Gabriel Terra, presidente colorado y batllista, disuelve las cámaras, clausura la prensa opositora y gobierna por decreto, con el apoyo decisivo del herrerismo —el sector mayoritario del Partido Nacional— y del riverismo colorado. Fue, literalmente, un golpe de los partidos tradicionales contra la Constitución. Y lo sellaron con la Constitución de 1934, que repartió el Senado mitad y mitad entre terristas y herreristas: el “medio y medio”, la coparticipación del despojo. Baltasar Brum se suicidó en la calle defendiendo la Constitución que su propia familia política acababa de fusilar.
1942: Alfredo Baldomir, otro colorado, vuelve a disolver el Parlamento por fuera de todo procedimiento constitucional. La historiografía complaciente lo bautizó “el golpe bueno”. El nombre lo dice todo: la legalidad se mide según quién la viola.
1973: Juan María Bordaberry, presidente electo por el Partido Colorado, disuelve las cámaras el 27 de junio, con civiles de ambos partidos tradicionales acompañando distintas etapas del proceso. La obra colectiva Camino al golpe de Estado: cinco miradas desde la contrahegemonía (2023), editada por Federico Leicht, documenta que el golpe no fue un rayo en cielo sereno sino el punto de llegada de una crisis de tres décadas incubada dentro del propio sistema político. Leicht ha rastreado también las responsabilidades de la izquierda y de los sindicatos en ese proceso, pero el escenario, la dirección y la firma presidencial pertenecen al mundo político tradicional.
La agonía administrada
¿Y por qué llegó el país a 1973? Porque cuando el modelo estatista entró en crisis terminal a mediados de los cincuenta, los partidos tradicionales no lo reformaron: lo prolongaron. Díaz lo describe con una imagen demoledora: la crisis del reformismo estatal no produjo su muerte sino una «agonía larga y destructiva en cámara lenta», que derrumbó las bases económicas y sociales del país —y con ellas la paz y la convivencia— con tal de preservar el mito de la “edad dorada” batllista.
Traducido: el sistema prefirió incendiar el país antes que desmontar su máquina de poder. Inflación crónica, estancamiento, crisis bancaria de 1965, y el pachequismo gobernando bajo medidas prontas de seguridad casi permanentes: un estado de excepción normalizado por un gobierno colorado años antes de cualquier golpe.
La restauración del cartel
La salida de la dictadura en 1985 se narró como epopeya democrática. Fue también la restauración del negocio: Pacto del Club Naval negociado entre élites, y la vuelta inmediata al reparto de directorios, entes y cargos como si nada hubiera pasado.
Los politólogos Katz y Mair le pusieron nombre en los noventa: partido-cartel, organizaciones que se fusionan con el Estado, viven de sus recursos y coluden para bloquear la entrada de competidores. La ley de lemas fue exactamente eso durante un siglo: un artefacto para que los dos lemas contuvieran su propia oposición interna y neutralizaran alternativas. Y cuando el duopolio se vio amenazado, la reforma constitucional de 1996 —balotaje incluido— se diseñó explícitamente para contener al tercero en ascenso. Que el Frente Amplio haya terminado absorbido por la misma lógica, al punto de que hoy se lo describe como “un partido tradicional más”, no refuta la tesis: la confirma. En Uruguay, los partidos no garantizan la institucionalidad; la institucionalidad garantiza a los partidos.
Respuesta a los politólogos del consenso
Sabemos lo que van a contestar los Garcé, los Chasquetti, los Caetano y los Rilla de la academia: que Uruguay es una “democracia de partidos”, la más estable de América Latina, y que esa estabilidad es mérito de su sistema partidario. Son académicos serios — Garcé ha escrito páginas valiosas sobre el Uruguay pre-golpe, Chasquetti conoce el Parlamento como nadie — y precisamente por eso merecen una refutación seria, punto por punto.
Primero: el argumento es circular. De “los partidos ocupan el centro de la vida institucional” se infiere que “los partidos son los garantes de la institucionalidad”. Eso es una tautología, no una demostración: si la institucionalidad se define como lo que los partidos hacen, la tesis es irrefutable por diseño — la marca que Popper señalaba como propia de la pseudociencia. Para ser empírica, la tesis debería poder fallar. ¿Qué evidencia la falsaría? Que los propios partidos quebraran la Constitución. Ocurrió tres veces.
Segundo: el sesgo de supervivencia. El relato partidocéntrico le acredita a los partidos toda la estabilidad y externaliza los tres colapsos como meteoritos: “la crisis”, “la Guerra Fría”, “los militares”. Es el balance de un fondo de inversión que publicita sus años buenos y omite los años en que fundió a sus clientes. Y atención: el propio Garcé ha escrito, con una honestidad que lo distingue, que no alcanza con la CIA ni con los militares anticomunistas para explicar las dictaduras, y que hay que tener valentía intelectual para asumir los procesos estrictamente domésticos. Tomémosle la palabra: el proceso doméstico que desembocó en 1973 fue administrado, de punta a punta, por el sistema que se presenta como garante.
Tercero: el estándar comparativo es un estándar de mediocridad. Ser el mejor alumno de una clase que se prende fuego no acredita virtud propia. Medido contra su propio potencial — el país más próspero de la región a mediados del siglo XX, homogéneo, alfabetizado, sin clivajes étnicos —, el desempeño del sistema partidario es una decadencia relativa de setenta años. Y el argumento confunde correlación con causa: la estabilidad uruguaya está sobredeterminada por el tamaño, la homogeneidad social y la ausencia de fracturas religiosas o étnicas. Atribuirla a la virtud de los partidos es elegir, entre todas las variables disponibles, justo la que conviene al gremio que la estudia.
Cuarto: la academia ya se acusó a sí misma. La denuncia de que la politología uruguaya construyó un relato autocomplaciente no nació en ninguna trinchera liberal: nació adentro. Álvaro Rico — historiador, exdecano de Humanidades, hombre de izquierda — cuestionó tempranamente cómo la postdictadura reinstaló el relato de la “excepcionalidad uruguaya” con los partidos como adalides de la transición, y denunció la restauración del paradigma estadocéntrico-partidocrático como un relato funcional al poder y sin autocrítica. El propio Garcé tuvo que salir a responderle. Cuando a una tesis la acusan de apologética desde el marxismo y desde el liberalismo a la vez, conviene revisarla.
Quinto: el propio consenso admite que el modelo cruje. En 2018, ante los autoconvocados, Garcé escribió que toda la partidocracia uruguaya venía crujiendo, y que cuando cruje conviene prestar atención. Citaba a Przeworski: cuando todos los partidos convergen, la ciudadanía pierde interés, no puede controlar a sus representantes y desconfía de la democracia. Exactamente lo que la teoría del partido-cartel predice. La diferencia entre el consenso politológico y nosotros no está en los datos — está en el nombre. Ellos le dicen “cultura del pacto y coparticipación”. Nosotros le decimos colusión.
Conclusión
Los partidos tradicionales uruguayos nacieron de la guerra civil, gobernaron mediante el clientelismo, quebraron dos veces la Constitución por mano propia y una tercera acompañaron su demolición, administraron la decadencia hasta el abismo y escribieron las reglas electorales a la medida de su supervivencia. Llamar a eso “garantía de institucionalidad” es un abuso semántico.
