Los partidos tradicionales son la fuente del caos uruguayo, no son garantes de ninguna institucionalidad

La teoría lo había anticipado. Robert Michels formuló en 1911 la ley de hierro de la oligarquía: todo partido termina siendo una máquina de poder que antepone su supervivencia a sus ideas. Y la escuela del public choice (Buchanan, Tullock) describió con precisión el mecanismo uruguayo: políticos que maximizan cargos, presupuesto y permanencia, y usan el aparato estatal para repartir rentas entre sus clientelas. Los directorios de los entes repartidos “3 y 2” no son una anomalía: son el sistema.

Los golpes de Estado los dieron ellos

Acá es donde el mito se derrumba con estrépito. Los tres quiebres constitucionales del siglo XX uruguayo no los ejecutaron marcianos ni agitadores extranjeros: los ejecutaron presidentes de los partidos tradicionales.

1933: Gabriel Terra, presidente colorado y batllista, disuelve las cámaras, clausura la prensa opositora y gobierna por decreto, con el apoyo decisivo del herrerismo —el sector mayoritario del Partido Nacional— y del riverismo colorado. Fue, literalmente, un golpe de los partidos tradicionales contra la Constitución. Y lo sellaron con la Constitución de 1934, que repartió el Senado mitad y mitad entre terristas y herreristas: el “medio y medio”, la coparticipación del despojo. Baltasar Brum se suicidó en la calle defendiendo la Constitución que su propia familia política acababa de fusilar.

1942: Alfredo Baldomir, otro colorado, vuelve a disolver el Parlamento por fuera de todo procedimiento constitucional. La historiografía complaciente lo bautizó “el golpe bueno”. El nombre lo dice todo: la legalidad se mide según quién la viola.

1973: Juan María Bordaberry, presidente electo por el Partido Colorado, disuelve las cámaras el 27 de junio, con civiles de ambos partidos tradicionales acompañando distintas etapas del proceso. La obra colectiva Camino al golpe de Estado: cinco miradas desde la contrahegemonía (2023), editada por Federico Leicht, documenta que el golpe no fue un rayo en cielo sereno sino el punto de llegada de una crisis de tres décadas incubada dentro del propio sistema político. Leicht ha rastreado también las responsabilidades de la izquierda y de los sindicatos en ese proceso, pero el escenario, la dirección y la firma presidencial pertenecen al mundo político tradicional.

La agonía administrada

¿Y por qué llegó el país a 1973? Porque cuando el modelo estatista entró en crisis terminal a mediados de los cincuenta, los partidos tradicionales no lo reformaron: lo prolongaron. Díaz lo describe con una imagen demoledora: la crisis del reformismo estatal no produjo su muerte sino una «agonía larga y destructiva en cámara lenta», que derrumbó las bases económicas y sociales del país —y con ellas la paz y la convivencia— con tal de preservar el mito de la “edad dorada” batllista.

Traducido: el sistema prefirió incendiar el país antes que desmontar su máquina de poder. Inflación crónica, estancamiento, crisis bancaria de 1965, y el pachequismo gobernando bajo medidas prontas de seguridad casi permanentes: un estado de excepción normalizado por un gobierno colorado años antes de cualquier golpe.

La restauración del cartel

La salida de la dictadura en 1985 se narró como epopeya democrática. Fue también la restauración del negocio: Pacto del Club Naval negociado entre élites, y la vuelta inmediata al reparto de directorios, entes y cargos como si nada hubiera pasado.

Los politólogos Katz y Mair le pusieron nombre en los noventa: partido-cartel, organizaciones que se fusionan con el Estado, viven de sus recursos y coluden para bloquear la entrada de competidores. La ley de lemas fue exactamente eso durante un siglo: un artefacto para que los dos lemas contuvieran su propia oposición interna y neutralizaran alternativas. Y cuando el duopolio se vio amenazado, la reforma constitucional de 1996 —balotaje incluido— se diseñó explícitamente para contener al tercero en ascenso. Que el Frente Amplio haya terminado absorbido por la misma lógica, al punto de que hoy se lo describe como “un partido tradicional más”, no refuta la tesis: la confirma. En Uruguay, los partidos no garantizan la institucionalidad; la institucionalidad garantiza a los partidos.

Respuesta a los politólogos del consenso

Sabemos lo que van a contestar los Garcé, los Chasquetti, los Caetano y los Rilla de la academia: que Uruguay es una “democracia de partidos”, la más estable de América Latina, y que esa estabilidad es mérito de su sistema partidario. Son académicos serios — Garcé ha escrito páginas valiosas sobre el Uruguay pre-golpe, Chasquetti conoce el Parlamento como nadie — y precisamente por eso merecen una refutación seria, punto por punto.

Primero: el argumento es circular. De “los partidos ocupan el centro de la vida institucional” se infiere que “los partidos son los garantes de la institucionalidad”. Eso es una tautología, no una demostración: si la institucionalidad se define como lo que los partidos hacen, la tesis es irrefutable por diseño — la marca que Popper señalaba como propia de la pseudociencia. Para ser empírica, la tesis debería poder fallar. ¿Qué evidencia la falsaría? Que los propios partidos quebraran la Constitución. Ocurrió tres veces.

Segundo: el sesgo de supervivencia. El relato partidocéntrico le acredita a los partidos toda la estabilidad y externaliza los tres colapsos como meteoritos: “la crisis”, “la Guerra Fría”, “los militares”. Es el balance de un fondo de inversión que publicita sus años buenos y omite los años en que fundió a sus clientes. Y atención: el propio Garcé ha escrito, con una honestidad que lo distingue, que no alcanza con la CIA ni con los militares anticomunistas para explicar las dictaduras, y que hay que tener valentía intelectual para asumir los procesos estrictamente domésticos. Tomémosle la palabra: el proceso doméstico que desembocó en 1973 fue administrado, de punta a punta, por el sistema que se presenta como garante.

Tercero: el estándar comparativo es un estándar de mediocridad. Ser el mejor alumno de una clase que se prende fuego no acredita virtud propia. Medido contra su propio potencial — el país más próspero de la región a mediados del siglo XX, homogéneo, alfabetizado, sin clivajes étnicos —, el desempeño del sistema partidario es una decadencia relativa de setenta años. Y el argumento confunde correlación con causa: la estabilidad uruguaya está sobredeterminada por el tamaño, la homogeneidad social y la ausencia de fracturas religiosas o étnicas. Atribuirla a la virtud de los partidos es elegir, entre todas las variables disponibles, justo la que conviene al gremio que la estudia.

Cuarto: la academia ya se acusó a sí misma. La denuncia de que la politología uruguaya construyó un relato autocomplaciente no nació en ninguna trinchera liberal: nació adentro. Álvaro Rico — historiador, exdecano de Humanidades, hombre de izquierda — cuestionó tempranamente cómo la postdictadura reinstaló el relato de la “excepcionalidad uruguaya” con los partidos como adalides de la transición, y denunció la restauración del paradigma estadocéntrico-partidocrático como un relato funcional al poder y sin autocrítica. El propio Garcé tuvo que salir a responderle. Cuando a una tesis la acusan de apologética desde el marxismo y desde el liberalismo a la vez, conviene revisarla.

Quinto: el propio consenso admite que el modelo cruje. En 2018, ante los autoconvocados, Garcé escribió que toda la partidocracia uruguaya venía crujiendo, y que cuando cruje conviene prestar atención. Citaba a Przeworski: cuando todos los partidos convergen, la ciudadanía pierde interés, no puede controlar a sus representantes y desconfía de la democracia. Exactamente lo que la teoría del partido-cartel predice. La diferencia entre el consenso politológico y nosotros no está en los datos — está en el nombre. Ellos le dicen “cultura del pacto y coparticipación”. Nosotros le decimos colusión.

Conclusión

Los partidos tradicionales uruguayos nacieron de la guerra civil, gobernaron mediante el clientelismo, quebraron dos veces la Constitución por mano propia y una tercera acompañaron su demolición, administraron la decadencia hasta el abismo y escribieron las reglas electorales a la medida de su supervivencia. Llamar a eso “garantía de institucionalidad” es un abuso semántico.